En la mañana del martes 25 de julio del 2023, se dio a conocer la decisión judicial en la cual se daba constancia de la liberación de nueve miembros de la Primera Línea, grupo que tomó fuerza en medio de las protestas del 2021. El dictamen de la justicia se radicó alegando vencimiento de términos en el proceso que enfrentaban los sindicados al ser acusados de incurrir en múltiples delitos en medio de dichas manifestaciones.
En medio de la búsqueda de responsables tras los disturbios, que dejaron millonarias perdidas, además de cientos de heridos, las autoridades concretaron la captura de los miembros de la Primera Línea. Los jóvenes, que fueron detenidos en el Valle del Cauca, eran acusados por los cargos de tortura, secuestro, homicidio, hurto y daño en bien ajeno, razón por la cual fueron retenidos en centros penitenciarios de Palmira, Pereira y Popayán.
Aunque la noticia no cayó muy bien en ciertos sectores políticos, su liberación está avalada bajo los términos legales establecidos en la justicia colombiana. Los plazos para llevar adelante este proceso se habían cumplido, haciendo su excarcelación completamente válida luego de no adelantar las investigaciones pertinentes durante los últimos dos años.
Y es que para el 23 de julio de 2023, fecha en la cual se expidió la orden para su liberación, habían pasado 333 días desde el momento en el que la Fiscalía General de la Nación interpuso la acusación contra los sindicados. La demora en el desarrollo era tal que no se había realizado un solo juicio relacionado con el caso para ese entonces.
Las liberaciones fueron otorgadas por el Juzgado Tercero Municipal de Garantías Buga, que le otorgó la salida de la cárcel del municipio a Karina Reyes Varela, Daniela Idrobo, Epifanio Domínguez Ríos, Jorge Luis Gordillo Coronado, John Deivid Castillo Murillo y Víctor Alfonso Tascón González. Los sindicados eran acusados por el delito de secuestro simple agravado.
Además, Carlos Julio Calero y Cristian David Granadas Sánchez, que permanecían recluidos en la cárcel de Pereira, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Tuluá le dio vía libre para que recuperara su libertad. Calero era acusado por los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y homicidio agravado, mientras que Granadas Sánchez iba a ser imputado por daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto y secuestro simple.
De igual forma, Miguel Ángel González Pérez era acusado por daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura. El sindicado permanecía en la cárcel de Popayán y su libertad fue ordenada por el Juzgado Cuatro Municipal Penal de Tuluá.
La liberación de los miembros de la Primera Línea se produjo luego de varios meses en los que, según lo expresado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en mayo del 2023, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía habían puesto trabas para que se concretara el proceso. El mandatario aseguró en aquella oportunidad que la retención de los jóvenes era un mensaje para quienes desean manifestarse en el país.
El mandatario había anunciado la liberación de los jóvenes desde que asumió la presidencia del país en agosto del 2022, hecho que finalmente se concretó.