El jueves 13 de julio, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia de determinación de hechos y conductas en el conflicto armado contra 15 exintegrantes de las Farc, entre ellos Pablo Beltrán, otrora miembro del último secretariado de esa guerrilla.
Esta y otras sanciones propias impuestas por el tribunal de justicia transicional fueron respaldadas por el secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el más reciente informe trimestral de la Misión de la ONU en Colombia. Dicho documento fue expuesto en el Consejo de Seguridad de este organismo, y fue allí donde se envió un nuevo espaldarazo a esta instancia.
También fue respaldada la competencia asumida sobre 12 exintegrantes de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad en la comisión de ‘falsos positivos’ cuando hicieron parte del batallón N°2 La Popa, en Valledupar.
De igual manera, la Misión de la ONU detalló el acompañamiento realizado a la JEP para la notificación de esa decisión a los pueblos kankuamo y wiwa, acreditados como víctimas individuales y colectivas dentro del macrocaso 03 –asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado–.
Con respecto al macrocaso 01 –Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP, secuestro–, el secretario Guterres resaltó que 54 excombatientes de rango medio de los bloques Caribe y Sur de la antigua guerrilla comparecieron en dos audiencias colectivas efectuadas en Riohacha y Bogotá.
“Las víctimas acreditadas participaron de manera remota y pudieron formular más preguntas a través de sus abogados, que estuvieron presentes en las audiencias”, indicó Guterres en el documento mencionado por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia durante el Consejo de Seguridad.
Otro de los hechos destacados que estuvieron a cargo de la JEP fue la diligencia de reconocimiento llevada a cabo el 27 de junio en Dabeiba (Antioquia) contra ocho exintegrantes del Ejército Nacional que aceptaron su responsabilidad en la desaparición, asesinato e inhumación en el cementerio Las Mercedes de 47 personas entre 2002 y 2006.
En la sesión del Consejo de Seguridad el canciller Álvaro Leyva reconoció los retos que tiene la política de paz actual, mencionó el impulso de la política exterior con enfoque de género, enfatizó su rechazo a las intimidaciones contra la magistratura de la JEP y recordó ante los Estados miembros del organismo la preocupación por la falta de plenas garantías de seguridad para los excombatientes en proceso de reinserción.
Por otra parte, el informe destacó la reunión del presidente de la JEP, Roberto Vidal, con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y la asistencia que la instancia internacional brindará al tribunal colombiano basada en el diálogo y asistencia técnica para la implementación del Acuerdo de Cooperación de 2021 firmado a partir de las conclusiones del examen preliminar de la Corte sobre la situación de justicia en Colombia.
“El fiscal reafirmó su apoyo a la Jurisdicción Especial y subrayó la importancia de salvaguardar su labor e independencia”, recordó el secretario General de Naciones Unidas. Además, entregó un nuevo espaldarazo de parte del organismo para continuar creando las condiciones que permitan la implementación de sanciones propias.
“(...) El Plan Nacional de Desarrollo prevé el establecimiento de un mecanismo de coordinación —que se instaló en junio— entre el Gobierno y la JEP, presidido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a fin de facilitar la implementación y el monitoreo de las sanciones”, apuntó finalmente el texto presentado por Ruiz Massieu.