La Séptima División del Ejército Nacional denunció que miembros de su estructura fueron víctimas de una práctica que han frecuentado grupos criminales en algunas zonas de Antioquia. Cuando uniformados se aproximaban a las veredas de Anori y Amalfi, en el nordeste del departamento, se percataron de la presencia de menores de edad en un lugar en donde las autoridades iban a efectuar un procedimiento contra la minería ilegal.
La presencia de los niños, que estaban acompañados de algunos habitantes del sector, impedía el desarrollo del operativo que se iba a realizar conjuntamente entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército. Los civiles protagonizaban una manifestación en la zona portando bandera de Antioquia y de Colombia.
La situación la dio a conocer el comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, Gustavo Gutiérrez, que manifestó que aquellas personas que impidieron el desarrollo del operativo seguían órdenes de grupos criminales que operan en la zona. El uniformado también enfatizó en el daño que está generando la minería ilegal en ese sector de Antioquia, razón por la cual las autoridades procedían con el operativo.
Las autoridades indicaron que detrás de lo sucedido estarían miembros de algunas facciones del ELN que operan en esa región del país. Además, el Ejército Nacional no descarta el actuar del frente 36 de las disidencias de las Farc. Dichas estructuras criminales mantendrían atemorizada a la población, que habría sido obligada a proceder de dicha manera en el operativo.
Este caso se suma al registrado el 28 de junio de 2023, cuando habitantes del corregimiento Playa de Oro de Tadó, un municipio de 17.000 habitantes del Chocó, retuvieron a 23 uniformados de la Policía y Ejército Nacional. Los miembros de la fuerza pública se habían desplazado hacia aquel sector para llevar a cabo otro operativo contra la minería ilegal en las orillas del río Bochoromá.
En medio del suceso, algunas personas bloquearon una de las principales vías que comunica al corregimiento con Pereira, con el fin de impedir la llegada y salida de vehículos al lugar. Gracias al proceder de la Defensoría del Pueblo, los uniformados fueron liberados pocas horas después de permanecer en cautiverio, en donde habrían sido víctimas de múltiples agresiones por parte de la comunidad.
Aquellos operativos que han llevado a cabo miembros de la fuerza pública van de la mano con la orden emitida por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, a comienzos de junio de 2023. En aquella oportunidad, el funcionario, que es blanco de críticas por su proceder contra los grupos armados en el país, había enfatizado en que las autoridades debían centrarse en atacar rentas como la minería ilegal y el narcotráfico. Esto, pocos días antes de que se anunciara el cese al fuego bilateral con el ELN, uno de los grupos armados que frecuentaría este tipo de prácticas.
Incluso, Velázquez anunció la creación de un plan de choque con el fin de erradicar esta problemática. El Ejército Nacional indicó a través de un comunicado del 15 de marzo del 2023 que 100.000 hectáreas del territorio nacional son utilizadas con fines ilegales, como la minería ilegal.
Es válido recordar que esta práctica ha generado múltiples impactos socioambientales en diferentes regiones del país, contaminando varios ríos considerados como fuentes hídricas con mercurio en departamentos como Bolívar, Santander, Boyacá, Caldas, Chocó y Antioquia.