Tras el revuelo que causó la noticia de los contratos que firmó el esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con el Gobierno nacional en los últimos días, se conoció una denuncia que involucra directamente a la funcionaria en el tiempo en el que laboró como maestra en la Universidad del Valle, años atrás.
Según indicó el abogado Daniel Briceño, Vélez ejercía como profesora en la institución vallecaucana cuando la universidad estableció la firma de seis contratos con la fundación MISSISSIPPI DRAGONFLY. Sjoerd Van Grootheest, cónyuge de la ministra, era el representante legal de dicha empresa para aquel entonces, cargo en el que aún se mantiene.
Según el reporte de SIGEP, la actual ministra estuvo vinculada a la institución entre el 3 de febrero del 2014 hasta el 21 de abril de 2022. En aquel periodo de tiempo fue en el que se firmaron los vínculos entre la fundación y la universidad, especialmente en la Escuela de Ingenierías, rama en la cual ejercía la funcionaria.
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El abogado indicó que el primer contrato data de 2019, cuando la institución educativa firmó un vínculo con MISSISSIPPI DRAGONFLY para la dirección y producción de videos. Aquel trabajo tenía que ver con un proyecto en el cual Vélez era la directora. De hecho, la funcionaria aparecía como contratante en la mencionada asociación que abarcaba la suma de 40 millones de pesos.
La misma ministra firmó el acta de evaluación de ejecución con la cual se le depositó el pago a la fundación de su esposo. Además, otro de los contratos, de $15′400.000, se radicó por concepto de preparación de entrevistas. Aquel vínculo establecía el correo de notificación del contratista al nombre de Sjoerd Van Grootheest, esposo de la actual funcionaria.
En la denuncia que dio a conocer el abogado a través de sus redes sociales, el jurista cuestionó sobre una posible relación entre los contratos y la presencia de Vélez dentro de la institución. Briceño estableció la posibilidad de que la ministra haya intervenido para favorecer a la empresa de su esposo con la firma de los millonarios contratos.
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La mencionada denuncia va de la mano con el anuncio del vínculo entre el Gobierno nacional y el también antropólogo neerlandés, que fue contratado para ser el director de la estrategia de comunicación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI). Aquella asociación se radicó el 7 de julio de 2023 y le otorga funciones al ciudadano europeo de elaborar piezas que se soliciten en el proyecto, así como gestionar los canales oficiales, supervisar los contratos, entre otros.
El vínculo tiene un costo de $128′770.332, los cuales se le abonarán al esposo de la ministra en montos de $10′730.861 mensuales. Aquella situación ha generado diversas críticas de distintos sectores de la política nacional, como fue el caso de Gustavo Bolívar, que se manifestó en contra de dicha determinación que se tomó desde la interna del Gobierno encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro.
El antropólogo neerlandés ha colaborado en la producción de tres documentales basados en el conflicto armado en Colombia: Voces de la guerrilla (2018), Bajo Fuego (2020) y Un plan de vida (2022), proyectos en los que la ministra Irene Vélez ofició como productora. Además, le produjo un video a la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de su campaña para ingresar al Congreso de la República en 2018.
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