Sigue la investigación en contra de la exrepresentante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Aída Merlano Rebolledo, quien actualmente es señalada de fuga de presos, porte ilegal de armas y delitos electorales, entre los cuales está la compra de votos.
Merlano había comentado ante varios medios de comunicación que reconocidos juristas habían ido a visitarla, mientras cumplía condena en el Buen Pastor, para organizar su fuga. Lo que se conoce hasta al momento respecto a sus afirmaciones, es que se trataría de tres abogados que apoyaban la defensa de Gerlein y los Char, dos de los conglomerados más importantes en la Costa Caribe.
Uno de los implicados en el caso es el abogado Raúl Cadena Lozano. Sobre este, Aída Merlano habría dicho ante la justicia que, presuntamente, el apoderado la presionó en varias ocasiones antes de su fuga para que no declarara contra el exsenador Arturo Char, también vinculado al caso por la presunta compra de votos.
Cadena Lozano interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para que la Fiscalía General de la Nación le entregara la información de alguna implicación de su contra y así poder ser escuchado por el ente acusador.
En la tutela, el abogado solicitó información acerca de si aparecía como indiciado ante el fiscal Daniel Hernández, pero la Fiscalía le contestó que, en caso de ser así, lo citará para ser interrogado.
La decisión del alto tribunal fue darle parcialmente la razón al abogado y ordenar a la Fiscalía para que en un plazo de 48 horas le entregue la copia de la denuncia que originó la investigación en la presunta participación en la fuga de Merlano con rumbo a Venezuela.
El Tribunal Superior de Bogotá también ordenó entregar la compulsa de copias del proceso ordenado Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Señaló el fallo que, en caso de que la Fiscalía no envíe la denuncia al señalado, deberá explicar detalladamente los motivos de su negativa.
Aída Merlano se había fugado de la justicia colombiana en 2019 y actualmente está condenada por delitos electorales que fueron evidenciados al superar el tope de los gastos para su campaña y al comprobar que había comprado votos a su favor en las elecciones al Senado en 2018.
En septiembre de 2019 fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión por superar los topes de gastos y a 11 años y 4 meses por el delito de compra de votos. Le fue negada la posibilidad de tener prisión domiciliaría por lo que se encontraba pagando pena intramural, pero un mes después, en octubre, se presentó la famosa fuga durante una cita odontológica.
En 2020 fue capturada en Maracaibo, Venezuela; sin embargo, para el momento el entonces presidente Iván Duque no reconocía el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que su deportación de regreso a Colombia se vio estancada en el proceso diplomático.
Merlano, quien finalmente fue deportada el 14 de marzo de 2023, ha mostrado su intención de entregar información a las autoridades, porque asegura no ser la única involucrada en el tema de la compra de votos.
En su momento, la excongresista entregó información valiosa que comprometería a Julio Gerlein, Arturo Char, Alejandro Char y a los abogados Diego Muñetón, Raúl Cadena y Antonio Deyongh. Ya que habría proporcionado los registros de los ingresos de los abogados a la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
Los datos entregados a las autoridades fueron claves para sembrar la duda respecto de si existieron otros cómplices en su fuga y el grado de participación que habrían tenido.