Como Javier Carampaima Valencia, de 36 años, fue identificado el hombre que fue capturado por agentes de la Policía Nacional, luego de que fuera señalado de estar implicado en la masacre de tres hermanos de la comunidad embera chamí, en el municipio de Bolívar (Valle del Cauca), y que posteriormente compareció ante un juez de garantías, en pro de la legalización de su captura e imputación de cargos.
Los hechos que le endilgan ocurrieron el 20 de marzo de 2020, cuando en el sector La Cola del Marrano, del corregimiento de El Naranjal, Valencia -junto a tres sujetos más, quienes vestían prendas militares- obligaron a cuatro miembros de una misma familia a salir de su hogar. Lo anterior se pudo comprobar luego de una extensa investigación.
Luego, las víctimas fueron conducidas en contra de su voluntad hacia la orilla de un río, en donde fueron ultimados tres de ellas, con disparos, mientras el otro quedó con heridas graves. Los hombres que fueron ultimados responden a los nombres de Ómar Guasiruma, Ernesto Guasiruma y Jose Edgar Guasiruma; en tanto que Víctor Guasiruma se salvó de morir.
Por este crimen, un fiscal seccional de Cali señaló a Valencia de cometer los delitos de homicidio agravado; homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Así lo confirmó el director (e) de Fiscalías de la capital vallecaucana, Pablo Daniel Palacios Maldonado.
Esta es la segunda captura por este crimen, pues en octubre de 2020 ya había sido detenido Steven Martínez, de 20 años, conocido con el alias de Chipi, que fue señalado por las autoridades judiciales como uno de los autores materiales de este homicidio múltiple; en plena pandemia del COVID-19 en el territorio nacional.
En el caso de Chipi, el joven fue detenido cuando se encontraba en el parque del corregimiento El Naranjal de Bolívar y de inmediato conducido ante un juez. Se cree que su testimonio fue clave para dar con la captura de Carampaima Valencia.
Comunidad embera retornará a sus refugios
Por su parte, un total de 120 miembros de esta comunidad indígena, quienes desde el 26 de junio de 2023 protestaban en la Plaza de Bolívar y enfrente del Palacio de Liévano de Bogotá, retornarán a su alojamiento temporal, luego del acuerdo al que llegaron con el Ministerio del Interior y funcionarios de la Secretaría de Gobierno del distrito.
Las familias volverán a la Unidad de Atención Prioritaria del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), UPI La Florida, ubicada al noroccidente de Bogotá: en donde están ubicados mientras se les brindan las garantías necesarias para el retorno seguro a sus sitios de origen.
Y es que en el céntrico lugar, epicentro de toda clase de manifestaciones, se encontraban niños, niñas y adolescentes, madres y mujeres gestantes y lactantes, los cuales pasaban en la intemperie, a merced del frío y la lluvia de la capital. Por lo que se adelantaron las gestiones pertinentes para que retornaran a sus albergues.
En este proceso estuvieron presentes el equipo de asesores de la jefatura de Despacho, al igual que profesionales especializados de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y gestores del Sistema Nacional para la Convivencia y la Vida, quienes coordinaron con la Unidad para las Víctimas.
“Se hizo un llamado a las autoridades indígenas del Pueblo Embera Katío del país para que se trabaje prioritariamente en la generación del retorno a los territorios de origen, donde bajo todas las garantías que ordena la ley de víctimas, se materialicen los derechos fundamentales que estas comunidades ostentan por su especial protección constitucional”, indicó el ministerio, en un comunicado de prensa.