En su segundo día delegando desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro manifestó que no descarta la opción de declarar la emergencia social y económica para atender la situación en el departamento. Esto tras los estragos ocasionados por el fenómeno de El Niño y problemáticas estructurales, como la desnutrición infantil y la falta de acceso a agua potable.
En ese sentido, indicó en rueda de medios que el Gobierno sigue contemplando esa declaratoria; pero se debe analizar los alcances que tiene el Ejecutivo para establecer la normatividad necesaria.
“Tenemos amenaza de calamidad pública que ha sido declarada incluso por la misma Corte Constitucional”, sentenció el jefe de Estado con relación a la sentencia T-302 de 2017 emitida por el alto tribunal en la que fue declarado el estado de cosas inconstitucional en esa zona del país. Sumado a eso, advirtió que también se está midiendo los límites de un “cambio de leyes”, mecanismo que implica el anuncio de una emergencia económica y social para atender la crisis en el departamento.
Al respecto, enfatizó en que también hay un agudizamiento tanto de la crisis climática como del Niño, fenómeno que, según él, pasará “de moderado a grave” si no se establecen los mecanismos correspondientes.
Tema aparte, Petro reiteró que La Guajira “es uno de los territorios más ricos” para el aprovechamiento de la energía solar y eólica debido a “vientos constantes, rápidos y permanentes” tanto en el mar como en el área continental. Sin embargo, volvió a mencionar los problemas que tienen las comunidades de esa zona del Caribe colombiano para acceder al servicio de agua potable, así como los casos de pobreza extrema que afectan a esa población.
Durante el martes 27 de junio, Petro también sostuvo un encuentro con las autoridades indígenas de la zona norte extrema de la Alta Guajira. Allí anunció que iniciará el proceso de apertura de una universidad wayuu que tendría, en primera instancia, carreras afines al estudio de energías limpias, turismo y salud. Al respecto, mencionó que esa institución tendrá que enseñar los saberes ancestrales y su complementariedad con la medicina occidental.
“La discusión es, ¿Es la Universidad de La Guajira o la Universidad Indígena wayuu? Si la de La Guajira no quiere o no puede, podría estar abierta la indígena a otras etnias y no cerrarse. Es una discusión que dejo” y aseguró que la institución podría crearse no por facultades especiales sino excepcionales que tiene el jefe de Estado.
En el diálogo genuino intercedieron los ministros de Educación, Tic, Defensa, Minas y Ambiente. También el director del Instituto Nacional de Salud y la vicepresidenta Francia Márquez anunciaron acuerdos con las comunidades indígenas.
La alerta de la Defensoría del Pueblo por incursión de grupos armados en La Guajira
También durante el martes 27, la entidad alertó un “riesgo inminente” por enfrentamientos entre grupos ilegales en Riohacha y el municipio Dibulla, donde hay una fuerte disputa por el control territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada –Acsn– y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo o AGC—.
Para reflejar esta situación, fue emitida la alerta temprana de inminencia 025-2023, en la que se advirtió del ingreso de las AGC al territorio dominado durante años por las Acsn y tener el control de las rutas del narcotráfico y otras rentas ilegales.
Sumado a eso, la Defensoría indicó que tiene registros de 17 asesinatos perpetrados bajo la modalidad de sicariato. “Las muertes se presentaron, en gran parte, contra jóvenes; en algunos casos fueron señalados de ser informantes del bando opositor”, agregó la entidad dirigida por Carlos Camargo. A esa cifra se suman tres masacres con un salgo negativo de 10 muertos.
De acuerdo con el funcionario, también existen las extorsiones a docentes y cobros de dinero por la venta de bienes inmuebles, ‘vacunas’ a comerciantes, ganaderos, finqueros y empresarios del sector turístico. También fueron amenazados líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes deben aplicar ‘normas de conducta’ y el pago de ‘impuestos’ a cambio de seguridad.
“En las agendas del Gobierno nacional y de las autoridades locales deben ser atendidos los riesgos contra la población civil que hemos evidenciado en la Alerta Temprana de Inminencia y atendidas las 21 recomendaciones formuladas”, añadió el defensor del Pueblo.