Cómo se les perdieron casi 120 mil millones de pesos a dos ministerios

Una deuda por más de 5.000 millones que no fue cobrada por el MinTIC prescribió y ahora se adelantarán las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables

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Edificio del Ministerio de las TIC Manuel Murillo Toro

Recursos públicos por una suma de $119.497 millones de pesos se perdieron por deficiencias en la gestión del cobro del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Destinaron más plata de la necesaria en unos contratos y no cobraron el excedente.

El hallazgo lo determinaron los funcionarios de la Contraloría General durante la auditoría fiscal a ambas entidades para evaluar los estados financieros, la ejecución del presupuesto y las cuentas vencidas durante el 2022. El resultado fueron dos hallazgos con presunta incidencia fiscal, uno por $114.003.240.000 y otro por $5.494.644.237.

El primero de los resultados se desprendió de un contrato de estabilidad jurídica firmado en 2010 entre el MinTIC y las empresas de telefonía celular denominadas entonces Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., que se fusionaron bajo la marca Claro. En este se habrían realizado mayores inversiones por parte de los contratistas pero no se hizo el reajuste.

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“Se concluyó por parte de la Contraloría que por la falta de gestión para el cobro de este reajuste por un valor total de $114.003.240.000, se generó un detrimento al patrimonio de la Nación por el mismo valor. Esto en razón a que el MinTIC, como suscriptor del contrato, tenía la competencia para iniciar formalmente el proceso de cobro, sin embargo, a la fecha de la auditoria no había realizado las acciones necesarias para iniciar este a través de los mecanismos jurídicos validos que dicha cartera considere y le corresponda”, señaló la entidad.

Según la Contraloría, la falta de cobro de los recursos que eran en favor del Ministerio de Comercio dejaron los estados financieros de la cartera en deuda por cobrar de recursos que corresponden a las arcas de la nación.0

“De haber sido cobrados y recaudados oportunamente, estos recursos pudiesen haber coadyuvado en la financiación de planes, programas y proyectos del orden nacional”, advirtió el ente de control.

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Ministras de las TIC durante el 2022, Karen Abudinen, Carmen Ligia Valderrama y Sandra Milena Urrutia

El segundo hallazgo es más grave por cuanto se perdieron los recursos. La auditoría concluyó que no se realizó el cobro coactivo por parte del MinTIC a favor del Ministerio de Comercio por una deuda de la sociedad sancionada WILCO SAS por un valor de $5.494.644.237. La cuenta prescribió, incluidos los intereses, lo que habría configurado un detrimento patrimonial.

“Las situaciones encontradas en esta auditoría evidencian que, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no actuaron conforme a los principios de la función administrativa. Así mismo, desconocieron el principio de coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas, el cual predica que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines esenciales del Estado”, sostuvo el contralor delegado para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Sigfredo López Tobón.

Los problemas de la Contraloría

Luego de que el Consejo de Estado declaró nula la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, asumió en su reemplazo el vice contralor Carlos Mario Zuluaga, quien debía permanecer en el cargo, según explicó a Caracol Radio, porque no hay otro mecanismo en la entidad para reemplazar a la cabeza de ese órgano de control.

Aunque el Congreso debe elegir nuevamente al que será el contralor general de la República, el Senado aprobó una proposición para aplazar el proceso de inicio de la elección. La decisión está enredada porque hay recusaciones y una tutela en curso presentada por Rodríguez, aunque la Sección Quinta del Consejo de Estado le negó las medidas cautelares para mantenerse en el cargo.

Varios representantes a la Cámara, entre ellas Jennifer Pedraza que fue autora de la demanda contra la elección, enviaron una carta al Senado rechazando la decisión porque sostienen que el fallo que tumbó al contralor está en firme y debe realizarse el proceso para elegir un nuevo funcionario.

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