Corte Constitucional entrará a revisar la reforma al Código Electoral tras ser aprobada en el Congreso

Al mismo Registrador Nacional, Alexander Vega, le tocó llegar hasta el Congreso de la República en la tarde del martes 20 de junio para intentar salvar el Código Electoral

Compartir
Compartir articulo
Foto de archivo. Congreso de Colombia , 2022. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Congreso de Colombia , 2022. REUTERS/Luisa González

Aunque en un momento de la jornada legislativa el proyecto del Código Electoral estuvo prácticamente destinado al fracaso, finalmente la ponencia de esta ley estatutaria fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, y ahora pasará a ser revisada por la Corte Constitucional.

A pesar de contar con el respaldo de las mayorías en el Congreso durante los cuatro debates, tanto de los partidos oficialistas como de los opositores, estuvo al borde del hundimiento.

En el orden del día para la última sesión plenaria del Senado, en la cual se debía llevar a cabo el último trámite previo a la sanción presidencial, el Código Electoral no aparecía.

Lo anterior generó preocupación tanto en el Congreso como en la Registraduría, ya que no había una explicación clara al respecto.

El registrador nacional, Alexander Vega, tuvo que acudir al Congreso de la República en la tarde de este martes para intentar salvar el Código Electoral.

Sostuvo varias reuniones con algunos congresistas y, minutos después de su salida del Congreso, se actualizó el orden del día y finalmente el proyecto fue aprobado.

Ahora, este proyecto impulsado por la Registraduría y respaldado por el Gobierno pasará a ser revisado por la Corte Constitucional.

Sin embargo, durante la votación de la conciliación en el Senado, se expresaron preocupaciones sobre varios puntos de esta ley estatutaria.

Por ejemplo, la senadora María José Pizarro manifestó su inquietud acerca del “nombramiento de 1.200 cargos designados a dedo”.

Por su parte, el senador Ariel Ávila aseguró que el proyecto está viciado y lo calificó como “una vergüenza”.

El senador Humberto de la Calle, quien votó en contra, también advirtió sobre el peligro de la posibilidad de nombramientos sujetos a libre remoción y la creación de nuevos registradores delegados.

Además, señaló los riesgos que implica la implementación de tecnología en las elecciones, argumentando que los países que ya lo han implementado están retrocediendo en esta decisión.

A pesar de las preocupaciones planteadas por algunos senadores, el proyecto logró superar los obstáculos y obtener la aprobación necesaria en el Congreso. Ahora, será sometido a un análisis minucioso por parte de la Corte Constitucional, donde se evaluará su conformidad con la Carta Magna.

Polémica por actualización del Código Electoral

El Código Electoral contempla cambios sustanciales en futuras elecciones, ha suscitado la crítica de varios congresistas que consideran algunos artículos inconstitucionales, además de incrementar la burocracia del país.

Dentro de los señalamientos de los opositores a la actualización, que hace parte de la amplia lista de reformas propuestas por el Gobierno Petro, se recalca sobre los posibles poderes que se le otorgarían a Alexander Vega Rocha, actual registrador nacional y uno de los líderes de este cambio al código, ya que en sus artículos 11 y 15 del proyecto estatutario 418 de 2023, se le asignarían funciones especiales como el libre nombramiento de delegados y registradores departamentales, especiales y auxiliares.

Según Catherine Juvinao, estos artículos se consideran inconstitucionales y van en contra de la carrera administrativa que deben tener los funcionarios y candidatos a cargos de la Registraduría Nacional.

El artículo 266 de la constitución política es claro. Los servidores públicos de la registraduría entran por carrera administrativa en un régimen especial y no son de libre nombramiento, son únicamente de libre remoción. A mí de verdad me impresiona que esta plenaria esté dispuesta a votar un artículo en contra de la constitución, de manera tan increíblemente evidente y clara” discutió por su parte la representante por Bogotá.

Asimismo, dentro de las modificaciones del Código Electoral, se contempla la ampliación de dos a tres delegados departamentales de la Registraduría, lo que se criticó por significar un aumento en los costos electorales.

Dentro de la lluvia de críticas, que estuvo liderada por Juvinao, también se hizo énfasis en el artículo 245 del polémico proyecto, que daría facultades a la Registraduría Nacional para adelantar contratos bajo la premisa de seguridad nacional, lo que impediría que se revelaran ciertos datos por tratarse de material sensible.

“Las actividades que tengan como objetivo el cumplimiento de la misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil que son consideradas como seguridad y defensa nacional serán exclusivamente aquellas que se ejecuten directamente para la realización de la función de registro civil, la identificación, los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana” se logra leer en el documento aprobado por la Cámara de Representantes.

El paso al voto electrónico mixto también hizo mella entre los congresistas, por considerarse que el país aún no cuenta con las garantías suficientes para implementar un sistema eficaz y libre de riesgo de fraude electoral. 

Aún sí, en el parágrafo transitorio del artículo 242, se estipuló que “los planes piloto vinculantes podrán implementarse a partir de las elecciones atípicas, de juventudes o las previstas en el calendario electoral ordinario a partir de 2026″, lo que daría vía libre al uso de tecnología en futuros comicios.

Otro de los cambios previstos tiene que ver con los horarios de votación en las jornadas electorales. Según el documento, se ampliaría en una hora el plazo para que los sufragantes asistan a las urnas; es decir, las votaciones irían desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m. cuando suene el himno nacional.

Los colombianos también tendrían mayores garantías de ser sancionado el proyecto. Pues este contempla la opción de ampliar el beneficio de descanso remunerado, que actualmente se mantiene en media jornada laboral por ejercer el derecho al voto, y pasaría a ser un día laboral con posibilidad de ser sumado a las respectivas vacaciones de ley, siempre y cuando sea solicitado dentro de los tiempos que establece la norma.