La Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la encargada de investigar a altos funcionarios del Estado colombiano, como el presidente o los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, cuando incurren en alguna mala conducta o comenten algún delito ejerciendo sus funciones.
Aquellos son considerados aforados constitucionales, a quienes por la naturaleza de sus funciones en las ramas del poder público se les ejerce un juicio diferente. Luego de que la Cámara de Representantes se encarga de investigar y acusar, le corresponde al Senado juzgar.
Por el escándalo de los audios de Armando Benedetti, a esta célula del Congreso le corresponde investigar al presidente Gustavo Petro, luego de las denuncias por presunta financiación ilegal en su campaña que fueron radicadas por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez y los congresistas Miguel Polo Polo, Miguel Uribe Turbay y Christian Garcés, todos del Centro Democrático.
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El proceso en la Comisión de Acusación es político y jurídico, pero más que todo político, toda vez que sus encargados tienen intereses de este tipo. De tal manera que el futuro del jefe de Estado dependerá de su influencia sobre los legisladores que se encargarán de investigarlo y eventualmente acusarlo.
Son 18 los representantes que hacen parte de la Comisión, y según cálculos hechos por la Revista Semana, el presidente tendría nueve a su favor y nueve en contra.
De su lado tendría tres votos del Pacto Histórico (Alejandro Ocampo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta), sumado al apoyo de Wilmer Carrillo del Partido de La U, que dirige esa célula legislativa. En el Partido Conservador solo tendría el voto de Daniel Restrepo, y también contaría con el apoyo de Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), William Aljure (curules de Paz) y dos del Partido Liberal (Kelly González y María Eugenia Lopera).
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En su contra tendría a Carlos Cuenca, de Cambio Radical; Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, del Centro Democrático, así como Jorge Eliécer Tamayo, de La U. Juan Carlos Wills y Wadith Manzur, del Partido Conservador, también serían votos en su contra, así como el de Katherine Miranda (Alianza Verde). A estos votos se sumaría el de Jorge Rodríguez Tovar (curul de Paz).
La Comisión de Acusaciones poco o nada ha hecho
Cuando un gobernante es sometido a un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, no suele preocuparse debido a que usualmente cuenta con las mayorías para ‘salvarse’. Aquel mecanismo tiene una naturaleza política y en toda su historia solamente ha castigado a una persona: Gustavo Rojas Pinilla (presidente entre 1953 y 1957).
Al general Rojas, el Congreso lo declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, pero siete años después fue absuelto y se le restituyeron sus derechos civiles y políticos.
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Desde ese entonces, solo un caso en contra de un expresidente logró avanzar hasta la plenaria de la Cámara, el recordado ‘Proceso 8000′ en contra de Ernesto Samper. Pero después de intensos debates, la Comisión ordenó precluir el proceso político en contra del mandatario al llegar a la conclusión de que no era “ni culpable ni inocente”.
También avanzó a plenaria de la Cámara el proceso en contra del ex magistrado Humberto Salcedo, que en esa misma instancia se liberó de las investigaciones en su contra. El último caso que pasó de la plenaria fue el del ex magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, que fue suspendido en el legislativo y cuya investigación por el delito de concusión lo continuó la Corte Suprema de Justicia, en donde fue hallado culpable.