Un grave caso de concierto para delinquir se habría estado presentando en el municipio de Sincé (Sucre) en donde varios agentes relacionados con la Fiscalía General de la Nación habrían estado cooperando con algunos criminales a los que les estarían brindando colaboración para que salieran libres una vez fueran capturados por las autoridades.
Agentes de la Dijín de la Policía Nacional capturaron a Marta Luz Valeta Herazo, fiscal seccional de Sincé, así como a los funcionarios del CTI de la Fiscalía Diana Margarita García Santos, Freddy Enrique Arroyo Pastrana, Richard José Fuentes Gómez y Ramón Espinoza Benavides. También fue retenido Jahan Ulises Merlano Valeta, abogado y primo de Valeta Herazo.
Los detenidos, que fueron delatados por la revelación de un juez a través de su sentencia, están sindicados de incurrir en los delitos de concierto para delinquir agravado peculado por el uso y acceso abusivo a un sistema informático, revelación de secreto, prevaricato, abuso de autoridad, entre otros.
La investigación que adelantaron las autoridades indica que Merlano Valeta, valiéndose de su posición de abogado junto con su prima, la fiscal seccional, le exigían dinero a personas que se encontraran en medio de una investigación formal o que ya hubieran sido capturadas por diferentes delitos a cambio de permitirles salir en libertad a favorecer los procesos penales a los que se encontraban expuestos con la complicidad de los agentes del CTI que fueron retenidos.
Agentes del CTI constataron que, gracias a la gestión de los implicados en este nuevo hecho, un sindicado por homicidio que había sido capturado logró recuperar su libertad de manera casi inmediata, teniendo en cuenta que el sospechoso recibía el material probatorio que tenía en su poder la Fiscalía General de la Nación para que el abogado Merlano Valeta se encargara de su defensa.
Melano Valeta adelantó 35 procesos judiciales como representante de sospechosos de diferentes crímenes, teniendo el atenuante además de que su prima, la fiscal seccional, participaba de las audiencias como la representante de la Fiscalía, facilitando aún más el proceso para que aquellas personas recuperaran su libertad.
El juez Alberto Andrés Cote, que tenía en su despacho el caso en el que estaban relacionados los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, renunció a su cargo pocos días después de recibir múltiples amenazas para que dejara en libertad a los sindicados que habrían recibido la ayuda de criminales en medio de la intimidación hacia quien daría el veredicto de su sentencia.
Cote señaló que había recibido llamadas telefónicas a su celular personal en las que le ofrecían dinero con el fin de que dejara a los sospechosos en libertad o de lo contrario iba a ser asesinado y su cuerpo sería botado en el río de la Mojana, uno de los más importantes del departamento, señalamientos que incidieron en la decisión del juez de retirarse del caso.
“Al final de la audiencia de legalización de captura, regresaron las llamadas a mi abonado telefónico, diciéndome que “tenía 50 grandes razones para dejar en libertad a los seis capturados” o si no me iban a buscar, amarrar, llevar a una finca y picar para luego botarme al río de la Mojana, Sucre como un perro”, manifestó el juez.
Tras la renuncia de Alberto Andrés Cote, la Fiscalía General de la Nación designó un nuevo juez el viernes 9 de junio del 2023 que liderará la audiencia en la que seguramente se le imponga medida de aseguramiento a los sindicados que podrían enfrentar fuertes condenas al ser servidores que se valieron de su condición para beneficiar a criminales que ahora gozan de total libertad.