La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) rechazó y condenó los recientes eventos de desplazamiento interno y de confinamiento que se han presentado en diferentes resguardos pertenecientes al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), en Nariño.
Indígenas de los resguardos Cuascuabi Palbubi y Milagroso Cualquier Viejo han tenido que hacer desplazamientos internos en sus comunidades Esperanza e Isipú, debido a la presencia de actores armados en sus territorios.
Mientras tanto, en los resguardos de Vegas Chagui Chimbuza, Cuchilla del Palmar y Magui se están registrando confinamientos por la presunta instalación de minas antipersonas, por la ubicación de puntos de control terrestre y por la restricción en la movilidad de sus habitantes ejercida por grupos al margen de la ley.
Las comunidades de Cuaiquer Viejo, Palvi Gualtal y Alto Armada del Resguardo Milagroso Cuaiquer Viejo también se han visto afectadas por estas problemáticas y han tenido que confinarse.
En vista de la grave situación humanitaria que están enfrentando los pueblos indígenas, la Onic hizo un llamado urgente a entes nacionales e internacionales para que brinden garantías de protección.
“Como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, en cabeza de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, DENUNCIAMOS y EXIGIMOS de manera URGENTE a todos los entes de control Nacional e Internacional, como lo son: la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y a las demás instituciones existentes a nivel nacional e internacional, que en el marco de sus competencias intervengan en el asunto para detener la situación de riesgo y amenaza de nuestros líderes indígenas”, dice la organización en el comunicado.
La Onic también pidió a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp OEA), que acompañe el caso junto con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que soliciten al Estado colombiano lo que se necesite para atender la situación de violencia con prontitud.
Por su parte, la Asociación de Autoridades Tradicionales Cabildo Mayor Awa de Ricaurte (Camawari) emitieron un comunicado en el que aseguran que tanto resguardos asociados como no asociados pueden ser víctimas de desplazamiento y confinamiento. Además, está en riesgo el derecho a la educación debido a la presencia de actores armados en inmediaciones de diferentes centros educativos.
“Exigimos el RESPETO de la vida y la tranquilidad de los comuneros, así como el cese total de las acciones bélicas en los territorios indígenas, campesinos y mestizos por parte de todos los actores armados”, enfatizó la Asociación en el comunicado.
Asimismo, manifestaron su solidaridad con el líder indígena del resguardo La Milagrosa Cuaiquer Viejo, Osvaldo Alexander Mesias García, quien recientemente sufrió afectaciones contra su integridad.
Así las cosas, solicitaron a los organismos de control que se generen acciones para prevenir las violaciones de derechos y proteger a la población indígena. La Asociación de Autoridades recordó que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección constitucional y que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
También solicitó a la comunidad internacional que hagan las denuncias pertinentes sobre los hechos victimizantes que están enfrentando los pueblos indígenas.
Falta de garantías del Gobierno nacional
El ocho de junio, la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (Cddhhppii) informó que tuvo que suspender la Primera Sesión Ordinaria de 2023 de Carácter Mixto, en la cual varias organizaciones indígenas del país dialogarían con representantes del Gobierno Nacional sobre la grave situación humanitaria que están viviendo.
La decisión se tomó ante la ausencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que por decreto está obligado a presidir la Cddhhppii. En caso de que él no esté, la viceministra Lilia Solano debería reemplazarlo, pero ella tampoco estuvo.
Las organizaciones indígenas calificaron la situación como una falta de compromiso por el Gobierno. Además, señalaron que la integridad y la vida de los indígenas están en riesgo. “Instamos que la actual situación de Derechos Humanos en los Pueblos Indígenas es crítica, como manifestamos el día de ayer en la antesala de la sesión, son constantes las muertes violentas por actores armados, el reclutamiento forzado de menores de edad, los confinamientos y en general el incremento del control territorial por grupos al margen de la ley”, denunciaron en un comunicado de la Comisión.
Por eso, solicitaron al presidente Gustavo Petro que convoque a una nueva sesión en un plazo máximo de 15 días y que se haga presente en ella. Lo mismo pidieron al ministro Velasco y a la viceministra Solano.