El concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán denunció que personas inescrupulosas están falsificando documentos para que colombianos evadan la justicia, con ciudadanía de venezolanos.
Esta red denunciada por el concejal ofrecía sus servicios a través de las redes sociales y cobraba por los papeles falsos entre $100.000 y $150.000 pesos.
Pero esto es solo el caso más reciente denunciado en Colombia, porque hay que tener en cuenta que esta problemática se presenta en diferentes partes del país.
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Según la Registraduría Nacional del Estado Civil se han reportado muchos casos de inscripción irregular de registros civiles con el fin de suplantar la identidad de personas nacidas en Colombia. También se ha evidenciado que dentro de las irregularidades encontradas por esta entidad se hallaron registros civiles de personas mayores de 18 años provenientes de países como Venezuela, Irak, Afganistán, Palestina, Siria, China, Beirut, Cuba, Haití y algunos países de África. Así lo denunció en 2021 el entonces director nacional del Registro Civil Carlos Monsalve durante entrevista con la Radio Nacional de Colombia.
La suplantación de identidad empieza con la obtención del registro civil falso. Este documento se obtiene por medio de manipulación de información, injerencia de testigos falsos y en ocasiones la complicidad de algún servidor público de las oficinas registrales, quien es el encargado de buscar y seleccionar la persona a suplantar, así como también a sus familiares.
Los delincuentes empiezan enfocándose en la validación del registro civil, ya que consideran que este documento es la puerta de entrada para conseguir la cédula de ciudadanía. Esto sucede porque el número único de identificación personal (NIUP) es el mismo que más adelante servirá para la obtención de la tarjeta de identidad, en el caso de los menores de edad, y posteriormente para la obtención de la cédula.
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Como es sabido, este delito no solo se comete para conseguir de manera ilegal la ciudadanía colombiana, sino también para evadir la justicia y cometer otros delitos en el país.
Algunos delitos que se pueden cometer con un documento de identidad falso son: el no pago de sanciones pendientes en sus países de origen o en otros casos para evadir delitos cometidos en Colombia usando papeles falsos suplantando a ciudadanos venezolanos. Además, estos documentos son usados con fines de estafas e, incluso, para “morir ficticiamente”.
Uno de los casos más relevantes y que causó más repudio en Colombia fue el atentado cometido el 17 de enero de 2019, por el abatido líder del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, alias ‘Guacho’; y el guerrillero del Eln responsable del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, José Aldemar Rojas Rodríguez o alias ‘El Mocho’, estos dos delincuentes se beneficiaron de estas redes de falsificación de documentos.
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Cabe resaltar que esta modalidad de delito también es frecuente en época de elecciones ya que es usada para la compra de votos y otros delitos electorales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene entre sus medidas para identificar y desarticular esta red de falsificación, el cruce permanente de información en las bases de datos de la entidad y la clasificación mediante los filtros que la registraduría establece. También se trabaja conjuntamente mediante alianzas estratégicas con la Interpol, la Policía Nacional, Migración Colombia, con el fin de facilitar la detección de personas sospechosas o involucradas en casos de falsificación de identidad y en documento público.
Pero esta práctica no solo es con cédulas de ciudadanía, sino también con otros documentos, como licencias de conducción de cualquier categoría, duplicados de cédulas, registros civiles y diplomas.
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En casos como el denunciado en Bucaramanga por el concejal Jaime Andrés Beltrán estos documentos son expedidos por redes sociales y en 10 minutos, lo que es irregular ya que la registraduría tiene tiempos de entrega entre uno y dos meses y son entregados directamente en las oficinas de la entidad.
El cabildante también agregó en su denuncia que los delincuentes se aprovechan de la falta de mecanismos tecnológicos para que la Policía corrobore la identidad de las personas capturadas y, también, que las cárceles y centros de detención en el país se encuentran colapsados.