El senador Ariel Ávila se ha caracterizado por las denuncias que ha hecho, inclusive, desde que se desempeñaba como subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ahora, el senador electo por el partido Alianza Verde denunció unas posibles irregularidades que habrían dado como resultado el posible amaño de un contrato por más de 14 mil millones de pesos.
Así lo dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram @arielavilaanaliza, en donde comentó que el posible amaño se habría dado en un contrato de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la cual es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte.
En el video, el senador comenzó explicando que dentro de las funciones de la ANSV se encuentran las pequeñas grandes obras, que son las que permiten llevar a cabo los arreglos necesarios en las vías del país para prevenir accidentes, “en la Agencia de Seguridad Vial hay una cosa que llaman pequeñas grandes obras, que están hechas o diseñadas para, básicamente, prevenir la accidentalidad vial y mejorar el comportamiento en las carreteras y calles de este país”.
El senador explicó que, en el 2022, para esas pequeñas grandes obras, la ANSV entregó 24 mil millones de pesos en tres contratos, lo que cambió para el 2023, pues en un solo contrato se podrían entregar más de 14 mil millones de pesos. El contrato llamó la atención desde el principio, no por la cantidad de dinero que se entregaría para el oferente que ganara la licitación, sino por la forma en la que la ANSV llevó a cabo todo el proceso para otorgar el contrato.
De acuerdo con el senador, luego de realizar la investigación encontraron algunas inconsistencias como, por ejemplo, el tiempo que se les dio a los oferentes para presentarse al proceso, en el que se evidenció que desde la ANSV se les dio menos de 48 horas a las empresas interesadas para presentarse a la audiencia de aclaración de términos.
“El 12 de abril del 2023 es decir, hace unas cuantas semanas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicó en El Secop II el proceso con su respectivo cronograma y se citaba el día siguiente el 13 de abril, o sea se dieron horas de diferencia del 12 al 13 de abril, una audiencia de aclaración de términos. Es decir, todos los que se quisieran postular tenían apenas unas pequeñas horas para poder aclarar y conseguir los papeles en la audiencia de aclaración”.
También, según Ávila, entre los requisitos para presentarse a la audiencia se encontraban, por ejemplo, llevar un director de proyecto y la propuesta de trabajo. Aunque se puede pensar que es muy poco tiempo para conseguir un oferente, sí hubo un consorcio que logró presentarse a la audiencia.
Del consorcio que se presentó para la invitación abierta privada hacen parte dos empresas. La primera se llama Asfaltos y Construcciones Sur SAS del Jorge Montoya y la segunda, Vivas y Viviendas SAS, de Raúl Mira Peña. Ante las inconsistencias para la licitación del proyecto, varias empresas privadas presentaron quejas y solicitaron que la ANSV publicara los documentos para cumplir con los requisitos solicitados.
Pero, lo que más le preocupó al senador Ávila es que puede existir un presunto tráfico de influencias o un posible conflicto de interés, pues dentro de las dos empresas que constituyeron el consorcio que se presentó a la invitación abierta privada realizada por la ANSV, se encuentra el cuñado de la directora de Infraestructura y Vehículos, Ivana Carolina González Murcia.
“Dentro de la Agencia de Seguridad Vial está la Dirección de Infraestructura y vehículos y la que está en cabeza de esa dirección es Ivana Carolina González Murcia quien fue la que aprobó, ayudó a construir, estuvo supervisando los documentos precontractuales, que serían entre esos, los estudios previos y el lineamiento técnico, que los estudios previos, es casi la necesidad, es la que construye la necesidad y oh, sorpresa, que quien sería su cuñado, Álvaro Andrés Jaimes Madariaga sería el representante legal suplente de una de las empresas que conformó el consorcio que les nombré al principio que es Vivas y Viviendas SAS”.
El senador terminó por solicitarle al ministro de Transporte, William Camargo Triana detener la licitación y ponerle control al contrato, pues, para Ávila, no hay transparencia en los procesos de elección de los oferentes.
“Yo le pido al nuevo ministro de Transporte que le meta control a esto porque están en riesgo más de 14.000 millones de pesos en los temas de seguridad vial, que es una de las principales causas de muerte en este país. Y también, le pido a la Procuraduría, a la Contraloría, a los entes de control, que miren esto, pero sobre todo pide una cosa ministro, pare esto. Esto está mal, no hay licitación, no hay transparencia, hay posible conflicto de interés, hay amañamiento, con 26 horas quién se puede preparar para una licitación. No está bien hecho”.