SAE firmó acuerdo para entregar acciones de Triple A

Entre los puntos pactados se encuentra que el paquete accionario, que corresponde a un porcentaje del 82,16 %, tendrá como beneficiario final al sector público y la prioridad en este caso será para el Distrito de Barranquilla

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Mesa de trabajo de la Procuraduría en el caso de la Triple A de Barranquilla, SAE deberá entregar las acciones que tenía en su poder. Cortesía: Procuraduría.

Con el fin de llegar a un acuerdo para hallar una salida viable al problema de la comercialización de las acciones de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A, de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación programó una mesa de trabajo, para el 16 de febrero de 2023, en la que estuvieron presentes el alcalde de la capital de Atlántico y miembros de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

En la reunión, que se llevó a cabo en la capital de Colombia, se confirmó que la SAE firmó un acuerdo para entregar el paquete accionario correspondiente al 82,16% del valor total de la compañía.

“Como uno de los grandes puntos de conclusión, los negociadores acordaron que la entrega de las acciones sea inmediata y que la gran mayoría del paquete accionario quede en manos de entidades públicas, que podría ser EPM”, indicó la Procuraduría en un comunicado oficial.

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Esta mesa de trabajo estuvo liderada por el procurador delegado, Luis Ramiro Escandón, que citó al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora; el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, y varios representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Las acciones se entregarán de manera inmediata y se hicieron evaluaciones sobre cómo quedarían las obligaciones económicas”, dijo por su parte Luis Ramiro Escandón, delegado especial del Ministerio Público.

En la reunión, que comenzó en la mañana del 16 de febrero de 2023 en la sede del Ministerio Público, los representantes de cada entidad expusieron sus argumentos para determinar el futuro de las acciones en venta de la empresa Triple A.

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Al finalizar esta mesa de diálogo, el representante de la Procuraduría señaló que el propósito de esta cita era evitar un mayor detrimento patrimonial en caso de hacer uso de la cláusula penal que tiene el contrato, que se fijó por 59.000 millones de pesos.

El Distrito de Barranquilla inició el proceso de compra de las acciones de la compañía con el objetivo de evitar una mayor pérdida en el valor de la empresa, y a su vez, recuperar las acciones que se perdieron en administraciones anteriores. Sin embargo, las acciones de esta compañía pasaron a ser propiedad de la SAE temporalmente.

El Estado colombiano confirmó que por condiciones legales, K-yena, empresa que también es propiedad de la Alcaldía de Barranquilla, estableció que la única forma de recuperar las acciones de Triple A era por medio de una operación de compraventa.

El Distrito de la capital de Atlántico asumió el compromiso económico para recuperar estas acciones, pero antes se contrató a una firma que valorara el precio del paquete accionario, cifra que alcanzó los 565.000 millones.

La Procuraduría intervino en este caso luego de que la SAE modificara la junta directiva de Triple A y suspendió al presidente de la entidad, Daniel Rojas. Además, encontró irregularidades en la valorización de la empresa, por lo que el Ministerio Público, intervino, tanto en ese momento como ahora, ya que será veedor de la entrega de las acciones al Distrito de Barranquilla.

Para cumplir con este acuerdo, la empresa de carácter público-privado, K-yena obtendrá un documento vinculante de cualquier entidad pública para asegurar la posibilidad de adquirir las acciones que debe poner a disposición la Sociedad de Activos Especiales. La Procuraduría manifestó que seguirá acompañando este proceso.

“Si las partes consideran que se hace necesario más mesas de negociación, la Procuraduría estará presta a promover estos espacios, reiteró el delegado del Ministerio Público”, mencionó la entidad de control en el comunicado oficial.

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