Un estudio realizado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y analizado por la Procuraduría General de la Nación dejó en evidencia el grave estado de la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales en el país. Según el Ministerio Público, al menos 166 obras de infraestructura presentan retrasos en su entrega, mientras que solo el 12.8% de las sedes que fueron revisadas, cumplen con las condiciones de acceso a servicios públicos.
Entre los hallazgos de la Procuraduría se encuentran que, especialmente en zonas rurales, la infraestructura de las instituciones oficiales está en grave estado, y es más preocupante aún, en las sedes educativas prestan sus servicios desde hace 40 años o más.
Estas sedes, según el informe, llevan, por lo menos, cinco años sin mantenimiento preventivo donde los estudiantes no cuentan con un suministro regular de agua ni mobiliario escolar.
El diagnóstico de infraestructura educativa también evidenció que solamente en el 12.8% de las sedes verificadas cumplen con las condiciones necesarias para que los niños, niñas, adolescentes y comunidad educativa tengan acceso permanente a servicios como agua potable, energía eléctrica, recolección de basuras o conexión a internet.
En algunos casos, según la información que compartió la Procuraduría, solo el 3,2% de las sedes dispone de un pozo séptico para el manejo de las aguas residuales y no cuenta con acceso a ninguno de los demás servicios básicos.
La Procuraduría alertó sobre las demoras en las entregas de algunas instituciones educativas, pues al 31 de agosto de 2022, al menos 166 obras a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa presentaban retrasos en la entrega.
En alguno de los casos, el Ministerio Público evidenció que la demora superaba los tres años. Los sitios en el país que presentan la mayor afectación por estos retrasos son el departamento de Boyacá y el municipio de Ibagué, departamento de Tolima.
Para la Procuraduría, los esfuerzos por parte del Gobierno nacional en temas como la construcción, mejoramiento y la ampliación de sedes de educación oficial han sido insuficientes y los resultados están muy por debajo de las expectativas que se esperaban y fueron planteados en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
“La concentración de los esfuerzos del Gobierno Nacional en la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), ha tenido resultados muy por debajo de las expectativas proyectadas en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE)”, comentó la Procuraduría General de la Nación.
Más allá de los problemas de infraestructura, la Procuraduría encontró que los datos disponibles sobre la infraestructura educativa en el país se encuentran dispersos en diferentes fuentes y, en muchos de los casos, no están actualizados, lo cual, para el Ministerio Público, “impide identificar las necesidad de inversión en los territorios”.
La entidad de control determinó que es necesario que el Ministerio de Educación Nacional implemente acciones que permitan disponer de información actualizada sobre la infraestructura educativa.
Para la Procuraduría, es necesario que se realicen inversiones para el mantenimiento de las estructuras en sedes antiguas.
“Es inaplazable que las entidades territoriales realicen inversiones en mantenimiento y mejoramientos en infraestructura, especialmente en edificaciones antiguas y que no han recibido un mantenimiento adecuado, generando riesgos para la seguridad de la comunidad educativa y afectando la experiencia y la calidad del aprendizaje de los niños y las niñas”.
Luego de revisar el informe, y con el propósito de “avanzar en el cierre de brechas de acceso, permanencia y calidad que persisten en varias partes del territorio nacional”, la Procuraduría le remitió un informe detallado al ministro de Educación Nacional, Alejandro Gaviria.