Procuraduría suspendió y abrió investigación al presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín

El ente de control también confirmó la vinculación del vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero y el vicepresidente de sociedades de la SAE, Jairo Alonso Bautista

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Triple A suministra el servicio de agua potable de excelente calidad a más de 2.8 millones de habitantes en el distrito de Barranquilla y en 14 municipios del Atlántico, a través de más de tres mil kilómetros de redes.
Triple A suministra el servicio de agua potable de excelente calidad a más de 2.8 millones de habitantes en el distrito de Barranquilla y en 14 municipios del Atlántico, a través de más de tres mil kilómetros de redes.

Por el presunto incumplimiento de la obligación contractual de transferir las acciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado u Aseo de Barranquilla (Triple A), José Daniel Rojas Medellín, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será investigado por la Procuraduría y estará suspendido de su cargo por tres meses, según informó la entidad de control.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE; y también contra los funcionarios Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE; Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

“Ante la gravedad que objetivamente revelan los hechos materia de investigación, en los términos que precisa la ley y con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles faltas disciplinarias y posiblemente quebrantando el ordenamiento jurídico y afectando el patrimonio público, se ordenó la suspensión provisional del cargo al Presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por el término de tres (3) meses”, informó la Procuraduría.

Estas irregularidades fueron detectadas tras la firma del contrato de compraventa del 82.16% de las acciones de la empresa en la capital de Atlántico.

Daniel Rojas es uno de los funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, inclusive fue el gerente de la campaña a la presidencia por el Pacto Histórico y fue uno de los líderes en el empalme de administración entre la salida de Iván Duque y el actual jefe de Estado. Ahora, en la dirección de esta entidad de carácter público-privada, será investigado por los entes de control tras las irregularidades e incumplimientos del contrato que la SAE firmó con la Alcaldía de Barranquilla.

Este distrito firmó un contrato para la compra de las acciones de la empresa Triple A de Barranquilla a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el fin de recuperar un alto porcentaje de las acciones que perdió en años anteriores. El porcentaje de pertenencia de la empresa quedó en 14,5% cuando tuvo participación en más del 80%.

El Estado colombiano confirmó que por condiciones legales, K-yena, empresa que también es de carácter público-privado y es propiedad del distrito de la ciudad, estableció que la única forma de recuperar las acciones de Triple A era por medio de una operación de compraventa.

Esta inversión fue aceptada por el Distrito de Barranquilla y a la fecha ha entregado más de 300.000 millones de pesos. Las acciones en venta fueron valoradas en 565.000 millones.

La Procuraduría confirmó que estos contratos serán revisados y los funcionarios estarán bajo investigación hasta determinar si son culpables por detrimento o no, ya que el incumplimiento del contrato tenía una cláusula de 59.000 millones de pesos, además, el presidente de la SAE fue suspendido tras modificar la junta directiva de Triple A de forma arbitraria.

Antes de la determinación de la Procuraduría de suspender a los funcionarios en mención, se establecieron unas mesas de trabajo desde la Contraloría General de la República para revisar las condiciones en las que se realizaron estos procedimientos, por petición del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y así identificar si todo se encuentra bajo el marco legal o si se han presentado fallas en el proceso.

A pesar de la intervención de esta entidad, la decisión final respecto a una determinación judicial debía estar a cargo de la Fiscalía y en cuanto a la suspensión de los funcionarios, la Procuraduría, “si considera que se ha realizado alguna actitud dolosa, deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Pero no es Contraloría la que tenga la facultad de decirles que incumpla con un contrato que ya se encuentra firmado y en ejecución”, informó el contralor general de la República.

Triple A suministra el servicio de agua potable de calidad a más de 2.8 millones de habitantes en el distrito de Barranquilla y en 14 municipios del Atlántico, a través de más de tres mil kilómetros de redes.