La propuesta de Paz Total expuesta por el Gobierno Nacional, ha sido criticada por diferentes sectores del país, pues primera la idea de impunidad ante las barbaries cometidas por algunos grupos armados. La evolución de muchas estructuras ha traído consigo la extensión de la presencia de estas, en varios lugares del territorio nacional, tal es el caso de los paramilitares, que aunque se creyeron desaparecidos, siguen rigiendo en varias zonas.
Conforme al último informe sobre presencia de grupos armados en Colombia entre 2021 y 2022, presentado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), uno de los fenómenos que se logró identificar tiene que ver con lo que denomina “Urbanización del Conflicto”, situación que comprende el traslado de la violencia de lo rural a las ciudades.
Los vínculos en las ciudades se extiende, pues las economías ilegales buscan tomar mayor partido en la sociedad e incluso, recuperar los terrenos o espacios que fueron dejados abandonados en su momento, en el documento mencionado anteriormente, Indepaz explica:
En su momento, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se movilizaban de manera campante, principalmente en el Urabá, sin embargo, posterior al Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, ampliaron su brazo armado y hasta el 2021 se logró establecer que estaban en más de 100 municipios de todo el país, priorizando Antioquia, Chocó, Córdoba y sucre.
“Las AGC entre 2016 y 2021 han tenido presencia permanente en 131 municipios, de ellos 44 pertenecen al departamento de Antioquia, veintitrés a Córdoba, veintiuno a Chocó y doce a Sucre. Con presencia media fueron 116 y 236 con presencia baja”, explica el informe.
De igual forma, teniendo en cuenta el desarrollo de las economías ilegales, se establece el desarrollo de las estructuras narcoparamilitares que podría ser una generación post paramilitarismo. En este caso, son grupos armados que dedican sus operaciones al tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero, e incluso, con el fortalecimiento de grupos privados que pasan por alto las determinaciones de la ley.
“Las estructuras sucesoras del paramilitarismo, denominadas como narcoparamilitares, son entendidas como una modalidad de paramilitarismo por negocios, especialmente de narcotráfico y lavado de activos. Grupos privados armados para fines de lucro que ejercen funciones de seguridad pública y, en ocasiones, de contrainsurgencia, contando para ello con la complicidad u omisión desde agentes del Estado y de la Fuerza Pública”, señala.
Los grupos que mayor afectación causaron en 2022 (Según Indepaz)
EPL-Pelusos
La Oficina del Valle de Aburrá
Los Pachencas
Los Puntilleros
Los Rastrojos
Los Caparrapos
Los Costeños
Los Pachelly
La Constru
Los Contadores
La Local-Los Shotas
La Local-Los Espartanos
Asimismo, este instituto fue insistente en un tema particular, pues tiene que ver con el apoyo que se le puede brindar a algunos políticos a través de las estructuras criminales. El propósito final es tener alguna injerencia en la toma de decisiones, claramente, mediante su presencia en la institucionalidad de manera implícita.