Ante la posibilidad de que la construcción del metro de Bogotá se realice de forma subterránea, como es el deseo del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, lo que implicaría la modificación del proyecto, la concejal Lucía Bastidas, del partido Alianza Verde, anunció que instauró una acción popular para que continúe la construcción del tren metropolitano para la capital colombiana como está contratado, es decir que sea elevado.
“Presenté ante el Tribunal Administrativo de Bogotá y Cundinamarca una acción popular, con el fin de salvaguardar los intereses de los bogotanos a quienes se les vulnerarían sus derechos colectivos con la propuesta del gobierno Nacional de acabar con la primera línea del metro”, indicó.
La cabildante aseguró que el gobierno Nacional está saboteando el proyecto, el cual tiene avances en su construcción en un 18 %, del patio taller con un 68 % y de un 95 % con el traslado de redes.
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“Los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el Metro”, sostuvo.
Recordó que el consorcio chino que tiene a su cargo el proyecto presentó cuatro opciones de modificación de la obra al jefe de Estado que no se pueden llevar a cabo porque no son viables jurídicamente ya que el contrato no se puede modificar, ni sobrepasar el monto máximo de adición que según la norma es del 50 % del valor inicial.
“La única solución que recomendó el contratista fue extender el metro de la calle 72 hasta la calle 100, por ser jurídicamente viable y agregar valor, por atender 20.000 pasajeros adicionales”, afirmó.
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La concejal reiteró que se trataba de un capricho del mandatario que busca acabar con lo acordado del proyecto y que tendrá como consecuencias mayores costos para el mismo.
“Hay afán del Gobierno para enterrar bajo tierra un tramo de la primera línea del metro de Bogotá y hacer efectiva la modificación de lo pactado en 2019. Este capricho tendría sobrecostos de 8 a 12 billones de pesos, y retrasos de 8 a 10 años, lo que representaría un caos a la movilidad de los bogotanos durante los próximos años”, añadió.
Indicó que la Procuraduría General de la Nación advirtió que habría detrimento patrimonial en caso de que se hagan los cambios que propone el gobierno Petro. Así como también se correrían riesgos como el incremento de los precios en diseños y construcción, los mismo por la fluctuación del precio del Dólar e incertidumbre por la destinación de los predios que se han adquirido para la construcción del metro.
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“Por medio de esta Acción Popular le solicité al Tribunal que ordene al Gobierno Nacional y Distrital que se abstengan de hacer cambios en el contrato inicialmente pactado del megaproyecto. (Así como también) que la Administración Distrital con la empresa Metro continúen con la ejecución planeada, es decir, sin soterrar ningún tramo del proyecto. (Y que finalmente) se realice un diálogo entre Presidencia, Alcaldía y la empresa Metro en el que se reiteren los lineamientos pactados, con el fin de que la obra se ejecute sin modificación o contratiempo alguno”, concluyó.
Esta sería la primera acción judicial que se tomaría ante los cambios que buscaría el presidente en el proyecto de infraestructura, que el pasado lunes 30 de enero reveló el concepto jurídico con el que se la daría viabilidad a que se hagan los cambios para que el tren metropolitano vaya de manera soterrada.
El documento consta de 70 páginas y fue elaborado por la firma de abogados del exministro de Justicia Enrique Gil Botero, donde sostuvieron que se podrían hacer las modificaciones para que el futuro sistema de transporte masivo de la ciudad vaya de manera soterrada, informaron en la emisora La W Radio.
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“Sí. Es del todo viable o posible modificar unilateralmente el contrato de concesión 163 de 2019 en lo que respecta a uno de sus elementos accidentales, como lo es la definición del trazado y de la modalidad de construcción, de elevado a subterráneo”, citaron en el medio radial del documento.
Aseguran en el análisis jurídico que no se requeriría de un nuevo convenio, como tampoco se trataría de cambiar al concesionario que viene trabajando en el proyecto.
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