Venezuela: los presos políticos Rafael y Javier Tarazona dieron positivo de COVID-19

Los presos políticos Rafael y Javier Tarazona, quienes fueron detenidos este año por la dictadura de Nicolás Maduro, tienen COVID-19. La noticia sobre la salud de los hermanos, activistas de las organización FundaRedes, se conoce un día después de la muerte por coronavirus del general venezolano Raúl Baduel, quien estaba preso desde el 2008 tras oponerse al chavismo.

“Urgente, tras 103 días de detención arbitraria, Javier Tarazona y su hermano Rafael Tarazona, activistas de la ONG @FundaREDES, dieron positivo para covid-19. Su familia exige atención médica inmediata. ¡No más muertes! #LiberenActivistasdeRundaRedes”, escribió la fundación Justicia, Encuentro y Perdón en su cuenta de Twitter.

Los hermanos Tarazona fueron detenidos junto al coordinador de FundaRedes, Omar de Dios García, el pasado 2 de julio cuando acudían a la sede del Ministerio Público venezolano para denunciar hostigamiento por parte de la dictadura. Los líderes opositores se encuentran presos en el SEBIN, la misma sede donde estaba el general Raúl Baduel.

Antes de ser encarcelados, los hermanos Tarazona presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la relación del régimen chavista con miembros de grupos guerrilleros como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que el Ministerio Público calificó de “difamaciones”.

Tarazona fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo de disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.

El pasado 15 de julio el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) allanó la residencia de la madre Tarazona. Ese día en horas de la noche, los funcionarios del servicio de inteligencia de la dictadura venezolana se apersonaron en la residencia de la señora Teresa Sánchez, ubicada en la urbanización Mérida de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira.

Tras el allanamiento y trasladado a una sede policial, la madre del presidente de la organización “Funda Redes”, fue devuelta a su casa escoltada por la Policía del régimen.

Al frente de Fundaredes, el activista se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona, ante el silencio de la dictadura de Maduro.

El pasado 2 de septiembre, el director encargado de la ONG en el fronterizo estado Táchira, Mackler García, explicó que han presentado una solicitud de medida humanitaria en favor de los activistas debido a que presentan una “delicada situación de salud”.

El pasado mes de agosto Fundaredes pidió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización.

“Le pedimos a la alta comisionada para los DDHH Michelle Bachelet que atienda el caso de los activistas de FundaRedes. Su salud se está deteriorando en el Sebin (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), requieren una medida humanitaria. No son delincuentes, no han cometido ningún delito”, indicó la ONG en un mensaje en Twitter.

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