La ONG Fundaredes exigió este domingo a la dictadura de Nicolás Maduro la liberación de su director, Javier Tarazona, y los activistas Rafael Tarazona y Omar García, al cumplirse 80 días de su detención bajo la acusación de terrorismo, incitación al odio y “traición a la patria”.
“Hoy, 19 de septiembre, se cumplen 80 días desde la detención arbitraria de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García por parte de efectivos del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin”, escribió Fundarades en su cuenta de Twitter.
Por eso, exigieron “su inmediata liberación” y reclamaron que “defender derechos humanos no es un delito”.
La organización acompañó el mensaje de una imagen con los hermanos Tarazona y García, así como de la etiqueta “#LiberenActivistasDeFundaRedes”.
Antes de su detención, Tarazona y sus dos compañeros presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la relación del régimen chavista con miembros de grupos guerrilleros como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algo que el Ministerio Público calificó de “difamaciones”.
Tarazona fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo de disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
El pasado 15 de julio el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) allanó la residencia de la madre Tarazona. Ese día en horas de la noche, los funcionarios del servicio de inteligencia de la dictadura venezolana se apersonaron en la residencia de la señora Teresa Sánchez, ubicada en la urbanización Mérida de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira.
Tras el allanamiento y trasladado a una sede policial, la madre del presidente de la organización “Funda Redes”, fue devuelta a su casa escoltada por la Policía del régimen.
Al frente de Fundaredes, el activista se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona, ante el silencio de la dictadura de Maduro.
El pasado 2 de septiembre, el director encargado de la ONG en el fronterizo estado Táchira, Mackler García, explicó que han presentado una solicitud de medida humanitaria en favor de los activistas debido a que presentan una “delicada situación de salud”.
El pasado mes de agosto Fundaredes pidió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización.
“Le pedimos a la alta comisionada para los DDHH Michelle Bachelet que atienda el caso de los activistas de FundaRedes. Su salud se está deteriorando en el Sebin (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), requieren una medida humanitaria. No son delincuentes, no han cometido ningún delito”, indicó la ONG en un mensaje en Twitter.
Una reciente investigación de Fundaredes, titulada “Grupos armados irregulares someten a etnias indígenas en la frontera venezolana”, afirma que “en la minería ilegal al sur de Venezuela participan activamente grupos armados irregulares”.
Estos grupos, según la organización, “han penetrado en las comunidades indígenas y se imponen por medio de hostigamientos, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, reclutamiento forzado, esclavitud moderna, además de causar un severo daño ecológico y cultural”.
El informe detalló que los 44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, además de algunas etnias seminómadas que deambulan de un lado a otro de la frontera con Colombia y Brasil, “están expuestos a las violentas acciones de grupos armados irregulares que controlan el paso de personas y mercancías”.
Con información de EFE
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