Varios diputados opositores venezolanos denunciaron este sábado el “aumento de la represión” que consideran que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro contra las protestas que se han producido en septiembre por la escasez de gasolina. Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Interior, resaltaron especialmente la situación en Ciudad Guayana, en el amazónico estado Bolívar, así como en el municipio Guajira del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), según recoge un comunicado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de clara mayoría opositora.
Durante el encuentro, también alertaron acerca del “secuestro”, del agricultor Ricardo Campos, en el municipio de El Socorro, en el céntrico estado Guárico.
La sesión fue encabezada por el parlamentario y presidente de la comisión, Freddy Valera, y en ella los diputados coincidieron en que en varias regiones “continúa el caos por el suministro de gasolina”, agregó la información.
Los también legisladores José Ricardo Salazar, Ángel Álvarez y Rachid Yasbek aseguraron que mientras muchos ciudadanos del interior deben hacer largas filas para repostar un máximo de 20 litros de gasolina en el Arco Minero, una zona que incluye parte de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, “no falta el carburante”. Además, Valera subrayó que se “cambia gasolina por gramos de oro”, en una prueba de “corrupción y complicidad de cuerpos de seguridad del Estado”.
Por su parte, los diputados José Luis Pilera y Juan Carlos Velazco, explicaron que en Guajira, municipio de mayoría indígena, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), la Policía y el Ejército “son muy duros con la población que reclama servicios, pero indiferentes con delitos de narcotráfico y de contrabando de gasolina que se producen en la región”.
En opinión de Velazco, “pretenden ahogar el grito de auxilio del pueblo cansado y hastiado de tanta incompetencia del régimen”.
El pasado septiembre fue el mes con más protestas en Venezuela en lo que va de año, pues durante esos 30 días hubo 1.193 manifestaciones, según datos de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El 90 % de las protestas estaban motivadas por el rechazo al colapso de servicios básicos, reivindicaciones laborales, salud y alimentación, así como la escasez de combustible, la razón inicial de muchas de las protestas en buena parte de Venezuela.
Según los datos de OVCS, en ese mes hubo 74 manifestaciones que fueron reprimidas, obstaculizadas o impedidas en 19 estados del país. En ellas que murió una persona, 233 fueron detenidas y 52 resultaron heridas.
Según el OVCS, las manifestaciones populares y pacíficas de Venezuela “son respondidas con una política de represión que se caracteriza por la violación sistemática de derechos humanos de los manifestantes”, a través “del uso letal de la fuerza, tratos crueles inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales”.
“UNA PROFUNDA EMERGENCIA HUMANITARIA
En opinión del OVCS, los conflictos sociales “revelan la profunda emergencia humanitaria compleja que atraviesan todos los venezolanos, aunque de manera más dramática y aguda quienes viven en el interior del país”.
De hecho, según explican, los habitantes de las regiones, en pueblos y caseríos, “fueron los principales protagonistas de manifestaciones espontáneas, al tomar las calles para exigir derechos sociales pese al riesgo por contraer el COVID-19 y la política de represión” del régimen de Nicolás Maduro.
Por eso, durante septiembre, destacaron las protestas en zonas rurales en las que el chavismo era mayoritario hasta hace unos años “y que actualmente se encuentran bajo condiciones de control social”, subraya la ONG.
El céntrico y costero estado Anzoátegui lideró el índice de protestas con 112 manifestaciones, seguido de su vecino Sucre (107), el insular Nueva Esparta (102) y el amazónico Bolívar (94).
Con información de EFE
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