Derrame de petróleo de Repsol: a un año de la catástrofe ambiental, los daños y las pérdidas que afectaron a miles de pescadores en Ancón

Doce meses después, la crisis es ambiental y humanitaria. Los pescadores siguen paralizados en medio de la campaña del verano, acaso la más crucial, y se preguntan cómo evolucionará la situación a corto plazo. Sin embargo, el Gobierno responde con lasitud

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Este corto publicado por Oceana Perú evidencia que, a un año del desastre, la crisis ya no solo es ambiental sino también humanitaria.

El líquido negro aún muerde las rocas, salpica la arena, flota entre las olas como parte del paisaje costero. Es un tatuaje pérfido de la catástrofe ambiental más grande ocurrida en el mar peruano, donde la compañía Repsol derramó, en enero del 2022, cerca de 12 mil barriles de petróleo.

Las secuelas se han citado reiteradas veces: dos áreas naturales protegidas afectadas, 48 playas contaminadas y al menos 2500 pescadores damnificados de manera directa, según los datos más actuales de Oceana.

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Las imágenes se han compartido, también, en reiteradas ocasiones: un pescado petrificado por el crudo, un lobo marino bebé agonizando en un peñasco, aves apiñadas en la orilla o a la deriva, entre tumbos. Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, sintió terror cuando vio esa escena de desolación.

“Ha sido monstruoso y reveló […] la falta de previsión de la empresa que supuestamente opera con los más altos estándares. Y del lado del gobierno, que no hace una supervisión adecuada y pasar por alto muchos elementos obligatorios de la legislación”, contó a Mongabay, portal especializado en periodismo ambiental.

El crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería de La Pampilla, y paralizó las actividades pesqueras y turísticas. “Con una buena válvula y un adecuado sistema de monitoreo —apunta Riveros—, probablemente el derrame no hubiera pasado más allá de Ancón y hubiera sido más fácil contenerlo”. Pero la petrolera recién emprendió algunas acciones al tercer día y “con personal que no tenía formación ni protección adecuadas”, según el biólogo de la organización.

En dos días, la información sobre el vertido viró de solo siete galones a 6000 barriles, hasta que la firma admitió finalmente que fueron 11.900 los que acabaron en el océano.

Las autoridades ambientales impusieron tres nuevas multas por el equivalente a 5,7 millones de dólares a la española Repsol. Foto: AFP
Las autoridades ambientales impusieron tres nuevas multas por el equivalente a 5,7 millones de dólares a la española Repsol. Foto: AFP

“[Inicialmente, Repsol] señaló que había un área afectada de aproximadamente 2.5 metros cuadrados. En el reporte final, que se presentó días después, indicó que era más de 10 mil hectáreas”, matiza Katherine Melgar, directora de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Estas acciones arbitrarias fundaron la lista de multas impuestas por el organismo ambiental: las más recientes —tres— se elevaron en la última semana por el equivalente a 5,7 millones de dólares y se basan en la “responsabilidad administrativa” de la compañía.

La primera, por 91.926,40 soles (24.000 dólares), responde al no envío de información sobre la situación de daño ambiental. La segunda, por 18,8 millones de soles (unos 4,8 millones de dólares), al incumplimiento de la recuperación y limpieza en la zona de bahía de las Áreas Naturales Protegidas y en otras áreas marinas afectadas. Y la tercera, por 3,78 millones de soles (988.000 dólares), por no limpiar el hidrocarburo derramado ni ejecutar los muestreos de comprobación del agua y sedimentos.

A la fecha, el OEFA ha impuesto seis multas a Repsol en el marco de siete procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales tres fueron impugnados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Otros tres procedimientos están en el plazo legal para presentar recurso de impugnación, que vencen en este mes.

El derrame de unos 12.000 barriles de petróleo, ocurrió el 15 de enero del año pasado cuando el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla. Foto: Ministerio del Ambiente.
El derrame de unos 12.000 barriles de petróleo, ocurrió el 15 de enero del año pasado cuando el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla. Foto: Ministerio del Ambiente.

Hasta octubre pasado, las sanciones se elevaban a más de 10 millones de dólares tras el accidente catalogado por Naciones Unidas como “el peor desastre medioambiental de la historia reciente”.

En los juzgados civiles, en tanto, se tramita desde el 2022 una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra la compañía y otras cinco empresas solidarias. Se reclaman 3.000 millones de dólares por daños ambientales y 1.500 millones por daño moral a consumidores, usuarios y terceros afectados. Sobre esta demanda, la firma ha dicho que “resulta infundada, improcedente e incongruente”.

Por lo demás, la Fiscalía investiga a ocho directivos, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena —los demás ejecutivos son peruanos—, y el peritaje aplicado a la tubería submarina de descarga de petróleo en el mar de Ventanilla (PLEM, por sus siglas en inglés) arrojó que la infraestructura se rompió por deficiencias en su fabricación, según un documento al que accedió La República.

Repuesta débil

La crisis ambiental y humanitaria se agravó por la lasitud del Estado. “El manejo de toda la situación ocasionada por el derrame ha sido terrible e inadecuada”, dijo a Mongabay el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría.

La Fiscalía investiga a ocho directivos de Repsol, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura
La Fiscalía investiga a ocho directivos de Repsol, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

“Vamos a defender y limpiar el mar, esta empresa tiene que pagar los daños”, proclamaba el exmandatario Pedro Castillo, de pie en la orilla, frente al desastre. Sin embargo, un mes antes de que fuera recluido tras orquestar un autogolpe, decenas de pescadores artesanales elevaron pancartas y arrojaron peces muertos teñidos de negro para exigir seguimiento del Ejecutivo.

Pedían la incorporación de miles de afectados a un padrón de beneficiarios y la mejora de gestión de indemnizaciones. Luego asumió Dina Boluarte, quien, en un mes de gestión, no ha hecho mención al vertido. Organizaciones ambientalistas han denunciado que el Gobierno no ha supervisado que Repsol cumpla a tiempo la entrega de bonos y que vele por la salud de pescadores, tampoco ha valorizado el daño causado ni el tiempo que durará la contaminación.

“Solo dejó que los pescadores se dividan y no puedan enfrentar unidos esta injusticia”, menciona Oceana. Por eso se sumaron a las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso, cuya comisión investigadora sobre el derrame tenía previsto presentar el viernes su informe final actualizado. La Comisión de Pueblos Andinos, a cargo de este documento, recomienda la rescisión del contrato de venta de acciones de Petroperú al consorcio liderado por Repsol.

Decenas de pescadores artesanales arrojaron peces negros a las afueras de la empresa española Repsol en Lima, como protesta por la contaminación que causó el derrame. Foto: AFP
Decenas de pescadores artesanales arrojaron peces negros a las afueras de la empresa española Repsol en Lima, como protesta por la contaminación que causó el derrame. Foto: AFP

La firma, por su parte, informó que más de 3.200 familias han suscrito acuerdos de compensación final, que más de 9.900 cobraron “adelantos de compensación” y que tienen 95,7% de cumplimiento de su plan de acción de remediación del derrame. La mayoría son pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón, Chancay, Aucallama y Santa Rosa.

Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, remarca que todavía “hay personas fuera del padrón”.

“En marzo [del 2022] la Defensoría había estimado más de 15.000 personas afectadas, y el padrón está compuesto hoy por 10.000 personas aproximadamente. Tenemos un pliego de reclamos vinculados a la actividad de la pesca artesanal y otros administrativos, queremos resultados”, demanda en diálogo con la AFP.

En los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias. Foto: AFP
En los juzgados civiles peruanos se tramita una demanda por 4.500 millones de dólares del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias. Foto: AFP

De modo que ahora “cada pescador debe negociar por su cuenta contra una empresa grandaza como Repsol”, resume Oceana. A un año del desastre, algunos damnificados han devenido en taxistas, ambulantes o albañiles. La campaña de verano, acaso la más importante, se ve perdida.

Cuando un vertido ocurre en alta mar, donde hay menos praderas marinas y menos zonas de algas, el crudo acaba en el fondo marino. En las zonas costeras, donde está el fondo arenoso, se puede ir infiltrando poco a poco en el sedimento y, a veces, permanece durante más de un siglo. Pero Repsol toma distancia.

Esta semana publicó un estudio de la firma Environmental Resources Management (ERM) sobre muestreos fisicoquímicos e hidrobiológicos en las playas afectadas: según la compañía, “el 100 % de los puntos analizados cumple con los estándares de calidad internacionales más exigentes y con las normas nacionales”, “el mar está limpio de hidrocarburo” y los balnearios, “accesibles, sin riesgo” a la salud ni al medioambiente.

El líquido negro, sin embargo, aún muerde las rocas, salpica la arena, flota entre las olas como parte del paisaje.

Repsol Perú, a través de su página web, señala que más de 3.200 familias han suscrito acuerdos de compensación final. Foto: AFP
Repsol Perú, a través de su página web, señala que más de 3.200 familias han suscrito acuerdos de compensación final. Foto: AFP

El buzo Víctor Rojas no ha leído ese estudio, pero ha visto que, cada tanto, algunos funcionarios llegan, se toman una foto, simulan una inspección, y se van. No se ha enterado de que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentará dos documentales sobre la tragedia que lo desplazó —'El silencio del mar’ y ‘Un saludo al mar de Ventanilla’—, ni que existe un portal interactivo —Historia de un derrame— donde se explica a detalle la magnitud de la catástrofe. Pero ha sido testigo de otra escena recurrente: la mayoría de pescadores de su localidad sale de madrugada o al alba solo para mirar el mar.

“No lo dicen, pero están deprimidos”, contó a Oceana en un corto publicado a propósito de estos doce meses sin avances.

Que miran el mar, dijo Rojas. Que lo miran y también se van.

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