Derrame de petróleo de Repsol: a un año de la catástrofe ambiental, los daños y las pérdidas que afectaron a miles de pescadores en Ancón
Doce meses después, la crisis es ambiental y humanitaria. Los pescadores siguen paralizados en medio de la campaña del verano, acaso la más crucial, y se preguntan cómo evolucionará la situación a corto plazo. Sin embargo, el Gobierno responde con lasitud
El líquido negro aún muerde las rocas, salpica la arena, flota entre las olas como parte del paisaje costero. Es un tatuaje pérfido de la catástrofe ambiental más grande ocurrida en el mar peruano, donde la compañía Repsol derramó, en enero del 2022, cerca de 12 mil barriles de petróleo.
Las secuelas se han citado reiteradas veces: dos áreas naturales protegidas afectadas, 48 playas contaminadas y al menos 2500 pescadores damnificados de manera directa, según los datos más actuales de Oceana.
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“Ha sido monstruoso y reveló […] la falta de previsión de la empresa que supuestamente opera con los más altos estándares. Y del lado del gobierno, que no hace una supervisión adecuada y pasar por alto muchos elementos obligatorios de la legislación”, contó a Mongabay, portal especializado en periodismo ambiental.
El crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería de La Pampilla, y paralizó las actividades pesqueras y turísticas. “Con una buena válvula y un adecuado sistema de monitoreo —apunta Riveros—, probablemente el derrame no hubiera pasado más allá de Ancón y hubiera sido más fácil contenerlo”. Pero la petrolera recién emprendió algunas acciones al tercer día y “con personal que no tenía formación ni protección adecuadas”, según el biólogo de la organización.
En dos días, la información sobre el vertido viró de solo siete galones a 6000 barriles, hasta que la firma admitió finalmente que fueron 11.900 los que acabaron en el océano.
“[Inicialmente, Repsol] señaló que había un área afectada de aproximadamente 2.5 metros cuadrados. En el reporte final, que se presentó días después, indicó que era más de 10 mil hectáreas”, matiza Katherine Melgar, directora de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
La primera, por 91.926,40 soles (24.000 dólares), responde al no envío de información sobre la situación de daño ambiental. La segunda, por 18,8 millones de soles (unos 4,8 millones de dólares), al incumplimiento de la recuperación y limpieza en la zona de bahía de las Áreas Naturales Protegidas y en otras áreas marinas afectadas. Y la tercera, por 3,78 millones de soles (988.000 dólares), por no limpiar el hidrocarburo derramado ni ejecutar los muestreos de comprobación del agua y sedimentos.
A la fecha, el OEFA ha impuesto seis multas a Repsol en el marco de siete procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales tres fueron impugnados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Otros tres procedimientos están en el plazo legal para presentar recurso de impugnación, que vencen en este mes.
Hasta octubre pasado, las sanciones se elevaban a más de 10 millones de dólares tras el accidente catalogado por Naciones Unidas como “el peor desastre medioambiental de la historia reciente”.
Por lo demás, la Fiscalía investiga a ocho directivos, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena —los demás ejecutivos son peruanos—, y el peritaje aplicado a la tubería submarina de descarga de petróleo en el mar de Ventanilla (PLEM, por sus siglas en inglés) arrojó que la infraestructura se rompió por deficiencias en su fabricación, según un documento al que accedió La República.
Repuesta débil
La crisis ambiental y humanitaria se agravó por la lasitud del Estado. “El manejo de toda la situación ocasionada por el derrame ha sido terrible e inadecuada”, dijo a Mongabay el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría.
“Vamos a defender y limpiar el mar, esta empresa tiene que pagar los daños”, proclamaba el exmandatario Pedro Castillo, de pie en la orilla, frente al desastre. Sin embargo, un mes antes de que fuera recluido tras orquestar un autogolpe, decenas de pescadores artesanales elevaron pancartas y arrojaron peces muertos teñidos de negro para exigir seguimiento del Ejecutivo.
“Solo dejó que los pescadores se dividan y no puedan enfrentar unidos esta injusticia”, menciona Oceana. Por eso se sumaron a las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso, cuya comisión investigadora sobre el derrame tenía previsto presentar el viernes su informe final actualizado. La Comisión de Pueblos Andinos, a cargo de este documento, recomienda la rescisión del contrato de venta de acciones de Petroperú al consorcio liderado por Repsol.
La firma, por su parte, informó que más de 3.200 familias han suscrito acuerdos de compensación final, que más de 9.900 cobraron “adelantos de compensación” y que tienen 95,7% de cumplimiento de su plan de acción de remediación del derrame. La mayoría son pescadores artesanales de Ventanilla, Ancón, Chancay, Aucallama y Santa Rosa.
Sandra Rossi, abogada del Frente de Defensa de Chancay, remarca que todavía “hay personas fuera del padrón”.
“En marzo [del 2022] la Defensoría había estimado más de 15.000 personas afectadas, y el padrón está compuesto hoy por 10.000 personas aproximadamente. Tenemos un pliego de reclamos vinculados a la actividad de la pesca artesanal y otros administrativos, queremos resultados”, demanda en diálogo con la AFP.
De modo que ahora “cada pescador debe negociar por su cuenta contra una empresa grandaza como Repsol”, resume Oceana. A un año del desastre, algunos damnificados han devenido en taxistas, ambulantes o albañiles. La campaña de verano, acaso la más importante, se ve perdida.
Esta semana publicó un estudio de la firma Environmental Resources Management (ERM) sobre muestreos fisicoquímicos e hidrobiológicos en las playas afectadas: según la compañía, “el 100 % de los puntos analizados cumple con los estándares de calidad internacionales más exigentes y con las normas nacionales”, “el mar está limpio de hidrocarburo” y los balnearios, “accesibles, sin riesgo” a la salud ni al medioambiente.
El líquido negro, sin embargo, aún muerde las rocas, salpica la arena, flota entre las olas como parte del paisaje.
El buzo Víctor Rojas no ha leído ese estudio, pero ha visto que, cada tanto, algunos funcionarios llegan, se toman una foto, simulan una inspección, y se van. No se ha enterado de que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentará dos documentales sobre la tragedia que lo desplazó —'El silencio del mar’ y ‘Un saludo al mar de Ventanilla’—, ni que existe un portal interactivo —Historia de un derrame— donde se explica a detalle la magnitud de la catástrofe. Pero ha sido testigo de otra escena recurrente: la mayoría de pescadores de su localidad sale de madrugada o al alba solo para mirar el mar.
Que miran el mar, dijo Rojas. Que lo miran y también se van.
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