Luego de un historial de agresiones físicas y psicológicas contra su pareja, Alfredo Humana Ayala decidió matar a la madre de sus dos menores hijos, para después envenenar a los niños y, finalmente, acabar con su propia vida, no sin antes informar del hecho a un allegado. Recién una semana después los cuerpos fueron hallados en su vivienda de la ciudad de Juliaca, en Puno.
Los hechos aún son materia de pesquisas, pero el caso de Cleotilde (30) y sus niños de apenas cinco y nueve años se investigan como presuntos casos de feminicidio y parricidio. Es pues, uno de los 113 asesinatos de mujeres reportados como el más atroz de los crímenes contra ellas, la máxima expresión de la violencia machista.
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Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), esta cantidad de feminicidios fueron contabilizados hasta fines de noviembre.
Además, desde que el delito fue registrado como tal, recién en el 2009, un total de 1.585 feminicidios fueron perpetrados hasta el 2021, de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lo grave de la situación es que menos del 25% de asesinos tuvo una sentencia condenatoria. Ello significa que hay poco más de 1200 feminicidas que no han sido condenados, por lo que las familias de sus víctimas viven esperando por justicia, protestando y participando en audiencias que les hacen revivir dolorosos recuerdos durante varios años.
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Los estudios de género alertan que antes de que ocurra un feminicidio, las víctimas sufrieron otros tipos de violencia que fueron escalando hasta el final de una muerte trágica e inmisericorde. Los agresores inician desplegando violencia psicológica, para pasar a las agresiones físicas e incluso tentativas de feminicidio que fueron impedidas, pero la intención de ellos era matar a estas mujeres.
Precisamente, el Programa Aurora del MIMP, en lo que va del 2022, se registran 199 sobrevivientes de tentativas de feminicidio. El grueso de casos ocurrió en las viviendas de las víctimas y el principal arma de ataque fue un objeto punzocortante, lo que revela el grado de violencia del hecho. Además, reportan que el 66% de ellas tenía de 1 a 3 hijos, situación que no importó a quienes intentaron asesinarlas.
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En este contexto de violencia, ambos tipos de crímenes han mostrado un ligero descenso con respecto al 2021; sin embargo las cifras de agresiones sexuales, físicas y psicológicas han ido en ascenso.
Violencia sexual: Niñas y adolescentes son las más perjudicadas
El 2022 cierra con un aumento de denuncias de violencia sexual en el Perú. De acuerdo al Código Penal, este tipo de violencia contra la mujer implica la violación sexual, tocamientos indebidos y actos contra el pudor.
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Desde 2009 hasta 2019, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP registraron un aumento de acusaciones por violación de la libertad sexual. La cifra disminuyó durante la pandemia, pero repuntó durante el 2021. Ahora, solo contabilizando las denuncias entre enero y octubre de 2022, la cantidad de denuncias ya supera la del año pasado.
Según el portal estadístico del Programa Aurora del MIMP, hasta el 2021 se reportaron 22 mil 456 denuncias por delitos de violación de la libertad sexual. Durante los diez meses de 2022, la cantidad aumentó a 22 mil 881.
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Las niñas, niños y adolescentes hasta los 17 años son quienes más denuncian violencia sexual. En 2019, las denuncias sumaron 12 mil 364. Tres años después, entre enero y octubre de 2022, el número aumentó a 16 mil 554.
Desde 2019, se ha mantenido la cantidad de casos de violencia sexual reincidentes. En los primeros diez meses de 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron que 595 denuncias evidenciaban presuntas violencias sexuales que ya habían sido señaladas antes.
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Estas cifras son preocupantes porque evidencian que, tras la primera denuncia alertada, no se tomaron medidas necesarias para impedir que la denunciante permaneciera alejada de su presunto violador o agresor.
Cabe resaltar que para que se concreten las medidas de protección a favor de las denunciantes, debe existir una orden judicial. En esa línea, es importante conocer cuántas de estas denuncias llegan a denunciarse en el Ministerio Público, cuyo representante se encarga de solicitar protección al Poder Judicial.
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En 2021, por ejemplo, se reportaron 22 mil 456 denuncias por violencia de la libertad sexual en los distintos Centros de Emergencia Mujer (CEM). Pero al Poder Judicial llegaron poco más de la mitad (14 mil 633).
Otro problema percibido tras la denuncia de una violencia sexual es el prolongado tiempo que tarda el Poder Judicial para emitir una sentencia.
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Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) concluyó que los jueces pueden demorar hasta 8 años para emitir una sentencia, incluso si las denunciantes son niñas y adolescentes.
De acuerdo a la investigación, en los casos que evaluaron, se halló que los jueces piden en segunda instancia que los casos se investiguen desde cero por argumentos machistas, como por ejemplo, que pasaron muchos años para que la niña o adolescente denuncie la violencia sexual que sufrió. A este mecanismo que retrasa una sentencia se le denomina “condena del absuelto”.
Ahora, tras la denuncia de una violación sexual, corresponde al Ministerio de Salud la entrega de kits de emergencia para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Estas herramientas contienen el anticonceptivo oral de emergencia, prueba rápida de hepatitis B y para la detección de VIH y sífilis; además de vacunas contra la difteria y tétano.
En el 2021, la Fiscalía registró 21 mil 573 denuncias por violación sexual, pero las Direcciones Regionales de Salud solo entregaron 2 mil 519 kits de emergencia.
Esto quiere decir que hubo víctimas de violación sexual que no accedieron al anticonceptivo oral de emergencia (AOE), por lo que el riesgo de cargar con un embarazo no deseado es alto.
En niñas y adolescentes la necesidad de acceder al kit de emergencia es mucho más urgente, pues un embarazo no deseado puede atentar contra su salud y acceso a educación.
De acuerdo al Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, del Ministerio de Salud (Minsa), durante 2021 se registraron 21 mil 846 niñas y adolescentes madres.
En el caso de las menores de 14 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera tortura obligarlas a ser madres.
Sin embargo, durante este 2022, el Congreso de la República mandó al archivo un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto en casos de violación para que niñas y adolescentes sobrevivientes de este delito puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Al mismo tiempo, aprobaron un proyecto de ley que busca dotar de derechos absolutos al concebido, lo que pone en riesgo el aborto terapéutico que en el Perú es legal desde 1924 solo cuando la salud de la persona gestante se encuentra en peligro.
Violencia física: un problema estructural
Las agresiones físicas hacia las mujeres también representan una grave problemática social y Perú no es ajeno a ello. De acuerdo a los indicadores actuales, el país registra altas tasas de violencia física que sitúa como principal víctima a las mujeres y, precisamente, son la antesala a delitos más graves como los feminicios o las tentativas.
En el presente año, solo desde enero hasta octubre, se han registrado un total de 50 mil 326 casos de violencia física en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional. De este total, el 86,5% de casos se trata de víctimas mujeres. Es decir, al menos 43 mil 530 damas padecieron de algún tipo de agresión a su integridad física en este período de tiempo.
En la definición de la ONU sobre la violencia física basada en género se hace referencia a un aspecto fundamental: las relaciones de pareja. ¿Cómo está vinculado los vínculos sentimentales con este tipo de violencia? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha hecho un énfasis en este vínculo pues, del total de casos de violencia física registrado en los meses mencionados, el 62,3% de los agresores resultaron ser la pareja sentimental de la víctima.
Según el Portal Estadístico del Programa Aurora, al menos 31 mil 392 personas fueron atacadas por sus parejas con algún tipo de agresión física. Del total de estas cifra, el 97,7% de los sobrevivientes son mujeres. Es decir, aproximadamente 30 mil 670 ciudadanas fueron violentadas físicamente por sus parejas.
La situación de vulnerabilidad es una problemática que atañe a toda la sociedad. Sobre todo, porque esta se encuentra presente, sobre todo, en lugares que deberían ser una tranquilidad y no una tortura: el hogar. Muchas mujeres padecen de actos violentos en sus propias casas. Según el MIMP, más de 11 mil 900 personas de género femenino fueron agredidas por un miembro de su familia desde enero hasta octubre de 2022.
“El hogar es el espacio más común en donde la violencia basada en género contra mujeres se comete. Basta revisar que el perpetrador más frecuente de maltrato físico es el esposo o compañero, actual o pasado. La violencia sucede, en gran medida, entre personas que mantienen una relación sanguínea o sentimental, detalla la abogada especialista en temas de género Josefina Miró Quesada y el investigador Hugo Ñopo en “Ser mujer en el Perú”, libro que revela el estado vulnerable en el cual se encuentran —y se han encontrado— las personas de género femenino.
Las provincias con mayor incidencia de violencia física son Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura, Ancash, Junín, Lima Provincias, Puno, Ica y San Martín. Según información del MIMP, el 71,9% de los casos de violencia física se han reportado en estas localidades.
Las principales víctimas de la violencia física no solo son mujeres, sino que son damas que —en su mayoría— no cuentan con un trabajo (62,6%) y tienen entre 18 y 59 años de edad (70,1%).
Violencia psicológica: el maltrato encubierto
La violencia psicológica es la forma de maltrato y discriminación más recurrente en el país. Del total de denuncias recibidas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), la agresión psicológica encabeza el porcentaje de casos con un 43,13%, seguido de 38,50% de denuncias de violencia física. De acuerdo a la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la violencia psicológica es definida como toda actitud que pretenda aislar a una persona en contra de su voluntad, denigrarla o avergonzarla, generando daños psicológicos.
Desde enero hasta octubre del 2022, el MIMP ha atendido, al menos, 56 mil 641 casos de violencia psicológica en todo el territorio peruano. De estas denuncias, el 83,4% corresponden a víctimas de sexo femenino y 16,6% a víctimas de sexo masculino. En este caso se repite un patrón común en casos de violencia: las principales afectadas son mujeres.
Como en los casos de violencia física, el principal agresor es la pareja sentimental. El MIMP ha informado que el 97,4% de los casos de maltrato psicológico se ejercen sobre mujeres de parte de una persona con la cual mantiene un vínculo amoroso. Asimismo, aproximadamente 25 mil 415 personas fueron víctimas de esta forma de violencia de parte de un familiar. Del total de casos, 16 mil 799 sobrevivientes son mujeres.
La forma de ejercer violencia psicológica es en su mayoría mediante gritos e insultos (76,5%) y desvalorización o humillación (49,4%). Además, se repite el mismo patrón de características de la víctima: el 62% no trabaja y el 62,6% tiene entre 18 y 59 años de edad.
Por otro lado, el 72,5% de las denuncias fueron interpuestas en Lima Metropolitana y Lima Provincias, Arequipa, Cusco, Piura, Ancash, Junín, La Libertad, San Martín e Ica.
No desaparecen, las desaparecen
La desaparición de una mujer es una de las formas de violencia basada en género. Los indicadores lo muestran así: la mayoría de personas que son reportadas como no habidas son personas de sexo femenino. Sin importar la edad, la residencia o la ocupación, a las mujeres las desaparecen a diario. Desde el mes de enero hasta agosto de este año, el Ministerio del Interior ha registrado un total de 7 mil 762 desapariciones de mujeres. Lamentablemente, no todas han sido ubicadas.
El último reporte que dieron las autoridades acerca de la ubicación de estas mujeres fue en octubre, y se tuvo conocimiento que solo se había encontrado al 48% de las desaparecidas. ¿Dónde están las más de 4 mil que faltan?
¿Por qué es importante hablar de ello? Carolina Garce, representante de la Defensoría del Pueblo, comunicó anteriormente a Infobae que es urgente ubicar a las mujeres aún desaparecidas no solo porque dicha situación representa una vulneración a sus derechos, sino que, muchos de los feminicidios han iniciado primero como una primera denuncia de desaparición.
De acuerdo a experta, aproximadamente el 16% de las personas de sexo femenino que fueron víctimas de feminicidio habían sido reportadas como desaparecidas por sus familias en un inicio.
Sobrevivir en crisis
Por sí misma, el estado de vulnerabilidad de las mujeres es un problema que no suele ser enfrentado de la forma adecuada por las autoridades. Muchas veces, los procedimientos extremadamente burocráticos, actitudes machistas y falta de conocimiento de la situación de riesgo de las mujeres de los operadores de justicia —además de autoridades policiales— actúa como una barrera para la protección de sus derechos y acceso a la justicia. En medio de la crisis política que atraviesa Perú, estas complicaciones podrían agudizarse.
Para Susana Chávez, fundadora de la organización Promsex, la defensa de las mujeres está directamente vinculada al sistema democrático. Por ello, un momento de incertidumbre y conflictos como el que atraviesa el país podría afectar —aún más— a las mujeres en términos de servicios y derechos.
La experta indicó que en una situación donde se evidencia un uso excesivo de la fuerza durante el Estado de Emergencia en provincias como Ayacucho —que ha registrado su décimo fallecido producto de ello— se genera una imagen de desconfianza de parte de la sociedad a las autoridades. Chávez afirmó que esto representa un gran reto que se debe enfrentar para que la ciudadanía vuelva a tomar a las autoridades policiales y FF.AA. como entes de protección y no lo contrario.
Pero, ¿Cómo esto afecta a las mujeres? En muchas ocasiones, como consecuencia del machismo, prejuicios y estereotipos, acudir a una comisaría a interponer una denuncia por violencia resulta una situación compleja. En el contexto actual, en el que las autoridades se enfrentan a los ciudadanos y muchos establecimientos policiales se encuentran en crisis por las protestas, acceder a un pedido de ayuda podría ser un camino con más obstáculos.
Por otro lado, la especialista en políticas públicas señaló que la inseguridad ciudadana que provoca la crisis generalizada también significa un estado de riesgo para las mujeres. “En un contexto como el que estamos viviendo también uno no puede sorprenderse de que pueda acrecentarse, por ejemplo, el tema de la delincuencia. ¿Y de qué delincuencia estamos hablando? De esa delincuencia de los robos, de los asaltos. Y ahí también se evidencia una situación de vulnerabilidad porque, si bien es cierto todas las personas son sujeto de sufrir asaltos, no podemos negar que las mujeres son muchas veces mayor en proporción de las víctimas”, agregó.
Por último, precisó que el tema económico es una de las problemáticas que afecta a las personas de sexo femenino que el Estado debe de considerar, pues la falta de alimentos y el alza de precios perjudica a la economía doméstica de la cual las amas de casa son responsables. “Nosotros ya teníamos más o menos un acrecentamiento de la pobreza. Las familias que no eran consideradas pobres, en este momento lo son. Tomemos en cuenta que mujeres y sus familias han dejado de consumir alimentos. Han dejado de comer, por lo menos, una comida al día. Es un tema de inmediata, preocupación”, dijo.
Pese a estas críticas cifras que afectan las vidas de miles de mujeres en el Perú, durante la última crisis política acontecida tras el autogolpe del expresidente Pedro Castillo, la presidenta Dina Boluarte intenta utilizar su condición de mujer para denunciar el rechazo a su gobierno que ha dejado casi 30 fallecidos debido a la represión policial y militar avalada desde su mandato.
“No al machismo, por eso quiero abrazar a todas las mujeres del Perú [...] No a la violencia contra la mujer, no a la violencia de esa venganza política de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer o porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno?”, dijo durante conferencia de prensa, sin referirse a las más de 25 muertes que ya se reportaban hasta ese sábado, incluyendo cuatro menores de edad.
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