Designan a hermana de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, como secretaria del Ministerio del Ambiente

Durante la ceremonia de investidura de sus ministros, la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra le señaló a cada uno lo siguiente: “¿Jura usted por Dios y la patria, desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción?” Y la respuesta unánime fue sí.

Sin embargo, en el caso de la ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, pasó algo singular. Sucede que el pasado 13 de diciembre, en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, salió la resolución de la persona que ocuparía la secretaría general de la cartera. Se trataba de Rocío Ingred Barrios Alvarado.

Barrios Alvarado es la hermana de la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Además, fue ministra de Producción durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. De hecho, en marzo de 2020, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción solicitó en total 9 años y 3 meses de prisión efectiva en su contra.

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La Fiscalía presentó este requerimiento contra Barríos por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación. A ella se le imputa haberse adueñado del dinero del Estado cuando se desempeñaba como Directora General de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros en el 2014.

La tesis fiscal indica que Barrios es responsable por “haberse apropiado de dinero del Estado, habiendo simulado haber contratado entre los meses de julio y diciembre del 2014 presuntos servicios de mantenimiento correctivo para 40 vehículos pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros por un monto de 177, 279 soles”.

Barríos habría contratado los servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC por un costo total de S/177 279. Sin embargo, el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios no encontró las respectivas órdenes de servicio, ni las constancias de conformidad, ni evidencia de que se haya ejecutado el servicio.

Tras la grave acusación, Barríos tuvo que responder.

“La acusación fiscal no tiene asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directorial Nro. 303-2014-PCM/OGA, fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente; en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado”, señaló.

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Además, la exministra de Producción añadió que asumió los pagos de los servicios de mantenimiento de vehículos de la PCM de la gestión anterior y que dicho acto administrativo “respondió estrictamente” a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, respecto a que en caso de no existir contrato ni órdenes de servicio, “no puede ser soslayado para efectos civiles”.

La contratación de la hermana de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, podría traerle un nuevo problema más. La Junta Nacional de Justicia ha suspendido por lo pronto un proceso disciplinario contra la magistrada contra quien pesa un pedido de destitución.

En octubre pasado se conoció que Guillermo Thornberry envió un informe al presidente de la JNJ, Henry Ávila, advirtiendo sobre la contratación irregular de su esposo en el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual constituiría una “falta muy grave”.

La Ley de Contrataciones del Estado señala claramente que “los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos) no pueden contratar con el Estado o durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo”.

La norma es clara y precisa.

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