Las barreras que impiden acelerar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas

Sandra Pichihua recién pudo denunciar la desaparición de su hija Xiomara (13) al día siguiente de que notó su desaparición.

La madrugada del sábado 25 de junio, un suboficial de la comisaría de La Tinguiña, ubicada en Ica, le pidió una fotografía de la niña para elaborar la nota de alerta (documento que contiene datos necesarios para identificar a un desaparecido).

Sandra respondió que no cargaba con una fotografía de su hija. Había estado buscándola desde las 6:30 de la tarde del día anterior.

—Entonces vuelva mañana, señora. Traiga la fotografía y colocaremos la nota de alerta —le respondió el suboficial.

Sandra regresó a su casa, descansó y a las 6 de la mañana volvió a la comisaría con la foto de su hija.

Esa madrugada, el suboficial debió buscar la fotografía de la niña en el portal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), emitir la nota de alerta y difundirla. Desde 2018, el Ministerio del Interior y Reniec tienen un convenio que permite a los policías acceder al Registro Único de Identificación de las Personas Naturales y servicios del Reniec para corroborar datos de menores desaparecidos.

Desde la desaparición de la activista feminista Solsiret Rodríguez Aybar, en 2016, quien fue víctima de violencia de género, especialistas señalan que es clave iniciar la búsqueda en las primeras horas de desaparición de una niña, adolescente o mujer, pues su ausencia podría indicar que están siendo víctimas de trata de personas, secuestro, intento de feminicidio u otros delitos.

Pero esa noche, en la comisaría de La Tinguiña, un policía decidió no registrar la desaparición rápidamente, a pesar de que para ese momento Sandra ya había alertado que, meses antes de la desaparición de su hija, un hombre de 26 años se acercaba a la menor mientras ella vendía en una bodega de su familiar.

Ya transcurrieron 3 meses desde entonces y Sandra aún no tiene noticias sobre el paradero de su hija Xiomara.

Cuando la familia de Roxana Vásquez Gutiérrez, de 48 años, quiso denunciar su desaparición el pasado 21 de octubre de 2022, policías de la comisaría de Ate Vitarte le preguntaron con quién había salido de casa. Respondieron que con su esposo.

—Ah ya, pero salió con el esposo. Entonces no está desaparecida. Está con el esposo —contestó un policía para justificar su negativa a registrar la denuncia por desaparición.

El protocolo para ubicar a personas desaparecidas, que se publicó con retraso en febrero de 2020, indica que las familias no deben esperar 24 horas para denunciar una desaparición. También ordena que los policías emitan un documento (nota de alerta) con los datos de la persona desaparecida y sus características físicas, para luego subirlo al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED), de libre acceso.

Luego, los policías deben solicitar registros de cámaras de videovigilancia que puedan dar luces sobre el paradero de la persona desaparecida.

En el caso de Xiomara, de 13 años, ninguna autoridad solicitó las imágenes de los lugares donde la menor pudo haber estado.

Después de escuchar esto, Sandra fue a la casa del hombre de 26 años que se acercaba a Xiomara y descubrió que al frente había una empresa con cámaras de videovigilancia. Tuvo que pedirle a los policías que soliciten las imágenes para descubrir que su hija había estado en la casa del sujeto horas después de la desaparición.

En 2018, el Poder Ejecutivo oficializó el Decreto Legislativo 1428, que describe cómo actuar ante la desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, adolescentes, niñas y niños.

El reglamento de esta Ley ordenó, a su vez, la elaboración de un protocolo, a cargo del Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que describa cómo los policías debían atender las denuncias por desaparición de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia; así como los primeros pasos a realizar luego de recibir la denuncia.

En este protocolo se indica que los policías deben activar una Alerta de Emergencia cuando se reporta la desaparición de niños, niñas y adolescentes durante las primeras 72 horas de que se notó su ausencia.

Estas acciones para encontrar a una persona desaparecida no se realizaron cuando Xiomara desapareció. Su madre, Sandra, desconfía incluso de si realmente subieron la nota de alerta al sistema policial, pues un mes después de que reportó la desaparición, acudió a la comisaría de Lomas, en Ica, para pedir ayuda y un suboficial le respondió que no encontraba los datos de su hija.

—Mire, acá no hay nada. A usted le han dicho que hay una búsqueda, pero no está porque acá no nos ha llegado ningún documento —le contestó.

Sandra acudió al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ica y preguntó qué había ocurrido. Otro policía le respondió que de repente, como Lomas es un pueblo chico, no les había llegado la nota de alerta.

El mismo protocolo indica que la Alerta de Emergencia debe ser activada cuando se reportan desapariciones de mujeres víctimas de violencia de género. Para comprobar esto, Katherine Soto, fundadora de la colectiva Mujeres Desaparecidas Perú, precisó que los policías deben observar que pusieron una denuncia por violencia o les otorgaron medidas de protección, según el protocolo.

Pero, ¿qué sucede con las que sufrieron agresiones, pero no denunciaron?

Es decir, si hay mujeres desaparecidas que sufrían violencia antes de desaparecer, pero no lo denunciaron, los policías sí pueden activar la Alerta de Emergencia, para iniciar una búsqueda con otras entidades, comprobando que la zona donde la vieron por última vez es altamente riesgosa para las mujeres.

Lo pueden hacer explicando que 6 de cada 10 peruanos y peruanas son altamente tolerables a la violencia de género, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales de 2019.

Pero no todos los policías tienen la voluntad de activar la Alerta de Emergencia basándose en este criterio.

Al final, depende de la decisión del policía al que le llega la denuncia por desaparición si se activa o no la Alerta de Emergencia, herramienta que propone una búsqueda con apoyo de Migraciones, terminales terrestres, entre otras entidades.

Desde la perspectiva de Katherine Soto, además de modificar el protocolo para que no solo se busquen a mujeres, que sufrieron violencia antes de su desaparición, hace falta que los policías sientan una real empatía hacia las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

La Comisión Multisectorial para el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que integran representantes de los ministerios peruanos, debe fiscalizar cómo funciona el aparato implementado para ubicar a personas desaparecidas.

Según Katherine Soto, se espera que mejoren algunas herramientas para buscar a niños y mujeres desaparecidas.

Aún hace falta que las notas de alerta emitidas, con los datos de las personas desaparecidas, se adapten para la búsqueda de mujeres desaparecidas que son madres.

“No se cuenta el número de hijos o hijas, que es sumamente importante para el inicio del proceso, en caso de encontrarse en un marco de desprotección”, dijo.

Ahora que la desaparición de mujeres es considerada una forma de violencia de género, también es necesario que la comisión establezca que los servicios del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), también se garanticen para los familiares de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

Hasta la fecha, aún no se implementa el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) para alertar vía mensajes de texto las desapariciones de mujeres, niñas o adolescentes, a pesar de que así lo ordena el Decreto Legislativo 1428, publicado en 2018. Esta herramienta ya debería estar disponible.

Estas deficiencias podrían estar impidiendo el pronto hallazgo de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

Como Xiomara, hay otras 4606 niñas, adolescentes y mujeres que aún no han sido encontradas entre enero y setiembre de 2022.

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