Nigel Farage, líder del Partido del Brexit (REUTERS/Francois Lenoir)
Nigel Farage, líder del Partido del Brexit (REUTERS/Francois Lenoir)

La saga del Brexit, tras años de rispideces diplomáticas, llega formalmente al punto final. Concluyen seis décadas de membresía británica al proyecto de integración europea aunque seguirá cumpliendo con las reglas comunitarias hasta el final del 2020, sin participar de las decisiones. Desde el 1 de febrero el Reino Unido pasa a ser un tercero con relación a la Unión Europea y Bruselas ya ha designado embajador residente en Londres como clara señal del nuevo estatus. Con el divorcio en marcha la atención se centrará en el acuerdo sobre la futura relación económica y política que ambas partes deberían cerrar para fin del 2020, cuando termine el período de transición previsto. Un futuro acuerdo de libre comercio es la posibilidad más mencionada. La aspiración del primer ministro británico es que sea con cero tarifas y cuotas. El escepticismo del negociador europeo, Michel Barnier, queda en evidencia al admitir que el vínculo entre Londres y Bruselas nunca será lo mismo.

En ese proceso de transición el Reino Unido tendrá que enfrentar una variedad de desafíos simultáneos. Uno será con España en relación a Gibraltar. El Protocolo sobre el Peñón, anexo al Acuerdo de Retirada de la UE (artículo 1), establece un Comité de Coordinación Conjunto entre Londres y Madrid sin perjuicio que la Cancillería española acepta que el Reino Unido es libre de decidir la composición de su delegación que incluirá mayoritariamente representantes de Gibraltar. De hecho en la primera reunión participaron ocho gibraltareños y un solo representante del gobierno de Boris Johnson, lo que supone un primer cambio sobre el acuerdo original que preveía solo seis representantes por parte.

Es previsible que en esta etapa España y el Reino Unido se concentren en las cuestiones incluidas en los cuatro memorandos relativos a los derechos de los ciudadanos, la cooperación policial y aduanera, el tabaco y el medio ambiente. No está claro el momento en el que Madrid insistirá en el contencioso sobre la transferencia de soberanía o alternativas de cosoberanía planteadas en los últimos años. Todo indicaría que en las actuales circunstancias las reivindicaciones sobre Gibraltar que ha logrado el reconocimiento de la UE como colonia, esperará a la evolución de las negociaciones del Comité de Coordinación Conjunto. También parece influir el hecho de que el Reino Unido es el país europeo que hoy más invierte en España como que el Reino Unido es el principal destino de la inversión exterior española.

La pesca es otro ingrediente sensible que preocupa a España. El país posee una de las flotas que más beneficios ha obtenido en las aguas británicas de Gran Sol en el Atlántico Norte o en los caladeros que ilegítimamente ocupa el Reino Unido en el Atlántico Sur. Entre un 50% y un 60% de las capturas españolas son en esas dos zonas de pesca. En Malvinas, por ejemplo, España es el principal socio pesquero de los intereses isleños y representa el 25% de las importaciones pesqueras del puerto de Vigo.

Durante el período de transición hasta el 31 de diciembre del 2020, la UE y el Reino Unido deberán negociar las condiciones sobre acceso a aguas y mercados pesqueros. Las aspiraciones españolas parecen inclinarse a que la pesca sea una cuestión central de un futuro acuerdo de libre comercio entre Bruselas y Londres. También a conservar el statu quo y mantener un esquema, tanto en Gran Sol como en el Atlántico Sur, lo más parecido a la situación actual. Todo indicaría que Madrid tendría a la ilegítima Asamblea Legislativas de las Islas Malvinas como socia en esta aspiración.

El autor fue vicecanciller de la Argentina