El gobierno británico anunció reformas tras el asesinato de tres niñas en una clase de baile

Una serie de errores identificados en un reciente informe oficial impulsa cambios en la legislación para reforzar la protección de menores, tras evidenciarse deficiencias en la respuesta institucional

Homenaje emotivo a las víctimas de ataque en Southport, Inglaterra. (AP foto/Scott Heppell)

La conmoción y la indignación persisten en el Reino Unido tras el crimen ocurrido en una clase de baile temática de Taylor Swift en Southport, una ciudad costera del noroeste de Inglaterra. El reciente informe oficial, presentado esta semana, concluyó que el ataque perpetrado en 2024 por Axel Rudakubana, de 17 años, “pudo y debió haberse prevenido”, y motivó al gobierno británico a anunciar reformas urgentes para evitar nuevas tragedias.

El primer ministro Keir Starmer fue contundente al referirse al informe: “El informe de hoy es realmente desgarrador y profundamente perturbador. Si bien nada podrá devolverles la vida a estas tres pequeñas niñas, estoy decidido a realizar los cambios fundamentales necesarios para mantener segura a la población”. Starmer prometió corregir los “fallos sistemáticos” que permitieron que se produjera el horror.

El ataque dejó tres niñas asesinadas —Alice da Silva Aguiar, de 9 años; Elsie Dot Stancombe, de 7; y Bebe King, de 6—, además de diez personas heridas de gravedad, incluidos ocho niños y dos adultos. Tras el juicio, Rudakubana fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 52 años antes de poder optar a la libertad condicional. En los días posteriores, grupos extremistas de derecha y otros sectores intentaron vincular al atacante a la migración y al islam, aunque en realidad había nacido en Gales y era hijo de padres cristianos de origen ruandés.

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Los príncipes William y Catherine visitaron Southport en un gesto de apoyo solidario tras el ataque, reforzando su compromiso con la seguridad de los niños y las familias. (REUTERS/Phil Noble/Pool)

La investigación, liderada por el juez retirado Adrian Fulford, se extendió durante nueve semanas y resultó en un documento de 763 páginas que describe una secuencia de graves oportunidades perdidas por parte de padres, la policía, servicios sociales y autoridades escolares. “Lo más llamativo de esta investigación es la cantidad de ocasiones, a lo largo de los años, en que se pudo haber intervenido de manera significativa, lo que contribuyó directamente a no evitar este desastre. Las consecuencias fueron catastróficas”, señaló Fulford.

Sobre los antecedentes del agresor, existen numerosos episodios documentados. A los 13 años, Rudakubana fue condenado por agredir a un compañero de escuela con un palo de hockey. Entre 2019 y 2021 fue remitido tres veces al programa gubernamental Prevent —destinado a detectar conductas extremistas en el Reino Unido— por mostrar interés en tiroteos escolares, el atentado del Puente de Londres de 2017, el grupo paramilitar IRA y conflictos en Oriente Medio, pero los expedientes se cerraron sin que fuera considerado un riesgo real.

Axel Muganwa Rudakubana en una foto policial tras su arresto en relación con los apuñalamientos de 2024 en Southport.(REUTERS.)

Durante ese periodo, la policía acudió cinco veces a su domicilio por comportamientos de alarma. Recibió apoyo en salud mental y educación, pero con el tiempo dejó de participar en los programas asignados. Fue expulsado tras llevar un cuchillo a la escuela y apenas asistía a la siguiente institución.

En marzo de 2022, la policía lo sorprendió en un autobús con un cuchillo. Rudakubana confesó que quería apuñalar a alguien y que había intentado fabricar veneno. No fue arrestado ni se ordenó un registro domiciliario, lo que habría permitido descubrir semillas para fabricar ricina y material extremista en su ordenador.

El informe detalla que los propios padres de Rudakubana temían a su hijo y, aun así, no denunciaron la compra de cuchillos, su comportamiento de alarma ni las amenazas verbales en el hogar. Tras el ataque, la policía halló ricina bajo su cama y un manual de entrenamiento de Al Qaeda. Las autoridades determinaron que el delito no podía ser clasificado como terrorismo, ya que no existía motivación política o religiosa. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, reconoció el vacío legal: “A diferencia de los ataques terroristas, si planeas un ataque sin una ideología subyacente, no existe un delito en los libros de leyes”. Mahmood anunció nuevas leyes para tipificar este tipo de complots.

El informe oficial incluye 67 recomendaciones para mejorar la coordinación entre policía, servicios sociales y escuelas, y evitar que las señales de alarma sean ignoradas. El gobierno se comprometió a implementar estos cambios para que el país no vuelva a enfrentarse a una tragedia tan profunda.

(Con información de AP)

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