Los diputados franceses reiteraron este jueves su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, a pocas semanas de que comiencen las votaciones decisivas en las instituciones europeas. El debate reapareció en París cuando la Asamblea Nacional aprobó una resolución que insta al Ejecutivo a rechazar el tratado, negociado entre la Comisión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a finales de 2024, según informó EFE.
El acuerdo, pendiente de ratificación, busca liberalizar el comercio entre ambos bloques y reducir aranceles en sectores clave. Para entrar en vigor, requiere la aprobación del Consejo de la UE —por mayoría cualificada— y del Parlamento Europeo. Bruselas espera completar el proceso inicial en diciembre, aunque no existe un calendario cerrado para las votaciones finales.
La resolución parlamentaria fue impulsada por La Francia Insumisa (LFI) y contó con el apoyo unánime de los grupos políticos. El texto refleja un consenso inusual en un Parlamento marcado por la fragmentación, y confirma que el rechazo al pacto se ha convertido en un punto de unión entre la izquierda, sectores del centro y buena parte de la oposición conservadora.
Ante los diputados, el ministro para Europa, Benjamin Haddad, reiteró que “el acuerdo tal como fue concluido en 2024 no es aceptable en su estado actual”, según recogió EFE. El Ejecutivo considera que los compromisos ambientales y sanitarios del Mercosur no alcanzan los estándares europeos y que las garantías adicionales aún no compensan los riesgos para la agricultura francesa.
Haddad señaló que la Comisión Europea introdujo recientemente un fortalecimiento de las cláusulas de salvaguardia, un mecanismo que permitiría reaccionar ante una desestabilización del mercado europeo. El ministro calificó este cambio como un avance “útil y necesario”, pero insistió en que el conjunto de la arquitectura regulatoria sigue siendo insuficiente.
El Gobierno francés mantiene dos exigencias adicionales. La primera es la incorporación de cláusulas “espejo” que obliguen a los productores del Mercosur a cumplir estándares comparables a los europeos en materia ambiental, fitosanitaria y de bienestar animal. La segunda es un refuerzo de los controles sanitarios para garantizar la trazabilidad y seguridad de los productos importados.
El núcleo de la preocupación francesa se concentra en el sector agrícola. El acuerdo facilitaría la entrada en el mercado europeo de carne, azúcar, arroz y soja sudamericanos, considerados más competitivos por sus menores costos de producción. Las organizaciones agrarias advierten desde hace años que una apertura de esa magnitud podría erosionar la rentabilidad de miles de explotaciones, especialmente en regiones ganaderas.
La Comisión Europea sostiene que las salvaguardias incorporadas permitirían intervenir si se detecta una presión excesiva sobre los precios o una distorsión del mercado. También afirma que el pacto ampliaría las oportunidades de exportación para sectores europeos como el automotor, el vinícola y el de maquinaria industrial, cuyos productos tendrían acceso preferente al bloque sudamericano.
El debate francés se inscribe en un contexto más amplio. Desde la firma política del acuerdo en 2019, el texto ha enfrentado retrasos por objeciones ambientales, tensiones diplomáticas y la resistencia de varios Estados miembros. Francia, Irlanda, Países Bajos y Austria han expresado repetidamente inquietudes relacionadas con la deforestación en la Amazonia, la protección del clima y la competencia agrícola.
En Bruselas, la aprobación por parte del Parlamento Europeo se anticipa ajustada. Varios grupos políticos han endurecido posiciones en un escenario marcado por protestas agrícolas, exigencias de mayor autonomía productiva y el impacto de la guerra en Ucrania sobre la política comercial del bloque. Las próximas semanas serán determinantes para definir si existe margen para renegociar partes del texto o si se desbloquea la votación.
La posición de Francia añade presión sobre las instituciones europeas y confirma que el acuerdo UE-Mercosur continúa atrapado entre ambiciones geopolíticas y resistencias sectoriales que no ceden. El desenlace dependerá de la capacidad de Bruselas para equilibrar las exigencias ambientales y agrícolas con su agenda comercial estratégica.