
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, reemplazó a cuatro de sus ministros el jueves en un esfuerzo por contener el daño causado por un creciente escándalo de fondos para sobornos que ha sacudido a su partido gobernante y su control del poder dentro de él.
La reorganización es la tercera de Kidhida en su gabinete, cuyos índices de apoyo han seguido cayendo a nuevos mínimos. El escándalo involucra a la facción más grande e influyente del Partido Liberal Demócrata. Solía estar dirigido por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, que fue asesinado en 2022.
Kishida reemplazó a cuatro ministros de la facción de Abe: el secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno; el ministro de Economía e Industria, Yasutoshi Nishimura; el Ministro de Agricultura, Ichiro Miyashita; y el Ministro del Interior, Junji Suzuki. Todos han surgido como presuntos destinatarios de presuntos sobornos provenientes de ganancias de recaudación de fondos no declaradas.
Una purga de miembros de esa ala del partido es clave para el acto de equilibrio de Kishida dentro del partido, pero podría desencadenar una lucha de poder. Kishida no tiene que convocar elecciones parlamentarias hasta 2025, pero el Partido Liberal Democrático tiene una votación de liderazgo en septiembre.

Matsuno dijo en su última conferencia de prensa el jueves que había presentado su renuncia a Kishida en respuesta a las acusaciones de recaudación de fondos, que, según dijo, “han sacudido la confianza pública en la política”. Dijo que también presentó renuncias en nombre de otros tres ministros y un asistente de Kishida.
El ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi, que pertenece a la facción del partido de Kishida, fue nombrado para sustituir a Matsuno como mano derecha del primer ministro en el gabinete. Al ex ministro de Justicia, Ken Saito, se le asignó el cargo de ministro de Economía.
Siete viceministros y asesores pertenecientes al grupo Abe también presentaron sus dimisiones, mientras que tres legisladores renunciaron a sus principales puestos del PLD. Según se informa, Kishida decidirá sobre sus reemplazos en los próximos días en lugar de eliminarlos por completo para amortiguar el impacto.
En el escándalo de recaudación de fondos, decenas de legisladores del PLD, en su mayoría miembros de la facción de Abe, fueron sospechosos de no declarar sistemáticamente unos 500 millones de yenes (3,53 millones de dólares) en fondos, en posible violación de las leyes electorales y de campaña, según informes de los medios. Se alega que el dinero se destinó a fondos para sobornos no supervisados.
Recaudar ganancias de eventos partidistas y pagar sobornos a los legisladores no es ilegal si se registra adecuadamente según la ley de fondos políticos. Las violaciones pueden dar lugar a penas de prisión de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1 millón de yenes (7.065 dólares), pero los expertos dicen que el procesamiento es difícil ya que requiere prueba de una instrucción específica a un contador de no informar una transferencia de dinero.
(Con información de AP)
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