Crece la presión contra el presidente de Sudáfrica: el Parlamento podría avanzar con un proceso de destitución por corrupción

Un panel independiente designado por el Parlamento de Sudáfrica halló pruebas de que el presidente Cyril Ramaphosa pudo violar las leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte), según un informe publicado este miércoles.

El panel de tres miembros, liderado por el ex presidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo, fue nombrado en agosto pasado por la presidenta de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), Nosiviwe Mapisa-Nqakula, para analizar la moción interpuesta contra Ramaphosa por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, por sus siglas en inglés) en junio de este año.

El ATM pedía una investigación parlamentaria sobre la destitución del jefe del Estado en relación con el citado escándalo.

Tras el informe de este miércoles, el Parlamento examinará el reporte y decidirá si sigue adelante con el procedimiento de destitución la próxima semana, sólo unos días antes de que Ramaphosa se enfrente a unas elecciones internas cruciales en el partido.

El ATM acusa a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.

El panel, que entregó hoy su informe a Mapisa-Nqakula, señaló que, “a la luz de toda la información presentada”, esta información revela “prima facie” (“a primera vista”) que el presidente pudo haber cometido una “violación grave” de varias leyes anticorrupción.

Ramaphosa también pudo haber incurrido en “mala conducta grave” al actuar de una manera “incompatible con su cargo” y exponerse a una situación que implicaba un “conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados”.

El artículo 89 de la Constitución permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

“Niego categóricamente que haya violado este juramento de alguna manera, y de igual manera niego que sea culpable de cualquiera de las acusaciones en mi contra”, respondió Ramaphosa en un comunicado emitido por la Presidencia sudafricana.

El escándalo estalló el pasado mes de junio, cuando el ex jefe de la agencia de inteligencia del país, Arthur Fraser, interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.

Las acusaciones también incluyen el presunto secuestro de los ladrones e intentar sobornarlos para ocultar el robo.

El pasado 21 de junio, el principal partido de la oposición, la liberal Alianza Democrática (AD), anunció que había pedido al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estadounidense indagar en el caso.

La presidencia sudafricana ya negó el mismo junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día -sin especificar la suma-, al aclarar que acaeció mientras Ramaphosa participaba en una cumbre de la Unión Africana en Adis Abeba.

“El presidente Ramaphosa se mantiene decidido a liderar la lucha contra la corrupción, restaurar la integridad y la capacidad de las instituciones públicas y superar el legado de la Captura del Estado, y no se dejará disuadir por campañas de desinformación”, apuntó entonces la Presidencia en un comunicado.

La conocida como “Captura del Estado” es una gran investigación sobre la presunta corrupción que se adueñó del aparato público sudafricano mientras el antecesor de Ramaphosa, Jacob Zuma, fue presidente (2009-2018).

Ramaphosa llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción tras la era de Zuma.

En medio de esta investigación, se enfrentará a las elecciones del 16 de diciembre en su intento de obtener un segundo mandato como presidente del partido del Congreso Nacional Africano, que se encuentra profundamente fraccionado.

Esa posición, como jefe del partido dominante en el parlamento, es también clave para su supervivencia como presidente del país.

(Con información de EFE y AFP)

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