Sigue la presión de la comunidad internacional sobre el presidente de Túnez tras la suspensión del parlamento y la destitución del primer ministro

Estados Unidos y la Unión Europea se pusieron al frente de una comunidad internacional que respondió con dureza a la decisión del presidente Kais Saied de arrogarse plenos poderes, que los colocó ante la disyuntiva de elegir entre apoyar o rechazar una maniobra política que pone en riesgo el ejemplo democrático que constituye Túnez, el único país en el que tuvo éxito la “primavera árabe”.

Organizaciones independientes de defensa de las libertades como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) advirtieron que resoluciones como suspender el Parlamento y destituir al Gobierno suponen “una usurpación de poder, y un ataque flagrante al estado de derecho y a los fundamentos del orden constitucional”. ”El Presidente debe revertir su apropiación del poder, que sobrepasa el alcance de su autoridad constitucional y viola los principios básicos del estado de derecho”, subrayó el director de la CIJ en la región del Mediterráneo y Norte de África, Said Benarbia.

Otras organizaciones, como Amnistía Internacional, recordaron que tampoco se ajustan a derecho medidas adoptadas como la aplicación del artículo 80 de la Constitución, que autoriza al presidente gobernar a golpe de decreto, y de forma excepcional, “si existe un riesgo existencial para el país” o su decisión de asumir el mando del Ejército y las fuerzas de Seguridad, que lo acercan a las dictaduras y le alejan de las democracias.

En este contexto, el Consejo Europeo emitió hoy un duro comunicado en el que pidió el restablecimiento del orden institucional, la restitución del Parlamento, el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de evitar cualquier estallido de violencia. Asimismo, insistió en la necesidad de escuchar al pueblo tunecino y recordó que la prioridad es “preservar la democracia y la estabilidad del país”.

Por su parte, la oposición de Túnez y la reconocida ONG Human Rights Watch (HRW) condenaron este martes las recientes decisiones del presidente tunecino, al tiempo que han abogado por un diálogo para superar la crisis.

El principal partido político de Túnez, el islamista Ennahda, tildó este martes de “inconstitucionales” las “medidas excepcionales” decretadas por Saied y declaró que suponen “un golpe contra la Constitución y las instituciones”, por lo que ha pedido al presidente que “se retracte” y dé marcha atrás.

En un comunicado publicado a través de la red social Facebook por su líder y presidente del Parlamento tunecino, Rachid Ghanuchi, Ennahda ha pedido “intensificar las consultas sobre los últimos acontecimientos” para “preservar los avances democráticos y volver lo antes posible a las condiciones constitucionales y al funcionamiento normal y legal de las instituciones del Estado”.

Ennahda, el partido con más representantes en el Parlamento, ha aplaudido además el papel del Ejército y las fuerzas de seguridad, que ha descrito como “un símbolo de unidad y soberanía”, y ha reiterado la necesidad de que “se distancien de las disputas y rivalidades políticas”. Por otra parte, ha ensalzado igualmente a los que se han manifestado “pacíficamente” contra el Gobierno durante los últimos días y ha advertido el peligro que suponen los discursos que incitan a la violencia, antes de insistir en la necesidad de un “diálogo nacional” para hacer frente a la crisis política, económica y sanitaria.

Por su parte, Human Rights Watch señaló que el presidente de Túnez, Kais Saied, debe salvaguardar los derechos humanos de todos los tunecinos y revertir las medidas represivas adoptadas.

“Resulta ominoso para los derechos humanos que un presidente reivindique el respaldo constitucional para hacerse con enormes poderes y que, acto seguido, la policía empiece a perseguir a los periodistas”, afirmó Eric Goldstein, director en funciones de Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch, al señalar que el 26 de julio la policía allanó la sede en Túnez de Al Jazeera TV, desalojando a su personal y cerrando la oficina. “Concentrar poderes que podrían ser utilizados contra los derechos básicos debería hacer saltar las alarmas siempre”, añadió Goldstein.

La ONG señaló en un comunicado que la redada en la oficina de Al Jazeera fue llevada a cabo por unos 20 policías de civil. No mostraron órdenes judiciales, pero dijeron que actuaban por orden de la justicia, informó la emisora. Los policías ordenaron a los periodistas que abandonaran el local y no intentaran volver. Al parecer, en la tarde del 27 de julio, los policías seguían bloqueando el acceso a la oficina.

En la noche del 26 de julio, el presidente decretó un toque de queda nocturno de un mes de duración y prohibió la mayoría de los desplazamientos interurbanos y las reuniones públicas de más de tres personas, afirmando que esto formaba parte de una “cuarentena sanitaria integral”. Cualquier restricción tan drástica de los derechos fundamentales debe ser limitada y estar claramente justificada como necesaria para hacer frente a una verdadera emergencia, y estar sujeta a revisión judicial, señaló Human Rights Watch.

Y añadió que el presidente Saied debe permitir que todos los medios de comunicación, incluido Al Jazeera, operen libremente y anunciar que no tolerará ninguna infracción de los derechos de todos los medios de comunicación a cubrir y criticar sus políticas. “Tanto si aplauden como si protestan por las decisiones del presidente Saied, todos los tunecinos merecen vivir con dignidad y tener un gobierno que rinda cuentas”, dijo Goldstein. “Los agravios de la gente, por legítimos que sean, no deben servir de pretexto para socavar los derechos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, ha dicho en un comunicado que “sigue de cerca” la situación en Túnez y ha trasladado el compromiso del organismo con “el respeto estricto a la Constitución tunecina, el mantenimiento de la paz, el rechazo a todas las formas de violencia y la promoción del diálogo político para resolver los problemas, al tiempo que se responde a las legítimas aspiraciones del pueblo tunecino, especialmente de los jóvenes”.

Estados Unidos, que en principio se mostró más cauto e indeciso, optó ayer por una línea igualmente dura, similar a la de la Unión Europea. En un comunicado, el Departamento de Estado confirmó que su responsable, Antony Blinken, conversó por teléfono con Saied, al que “instó a adherirse a los principios de la democracia y los derechos humanos, que forman parte de la base del gobierno en Túnez”.

”El secretario de Estado urgió al presidente a mantener el diálogo abierto con todos los actores políticos y con toda la sociedad tunecina, subrayando que Estados Unidos vigilará de cerca la situación y se mantendrá vinculado”, agregó.

En las últimas horas, el presidente tunecino ha cesado también a los ministros de Defensa, Interior y Justicia.

El primer ministro Hichem Mechichi se ha pronunciado además para aceptar su cese por parte de Saied. “Entregaré la responsabilidad a quien elija el presidente para encabezar el Gobierno dentro del año de deliberaciones que viene siguiendo nuestro país desde la revolución”, dijo el lunes.

Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, en medio de las denuncias sobre un golpe de Estado.

La decisión de Saied llegó después de la jornada de protestas del domingo las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno de Mechichi de la crisis sanitaria y la económica, ahondada aún más por la pandemia del coronavirus.

(Con información de EFE y Europa Press)

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