En el contexto de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado viernes, trascendió que, de acuerdo con el mandatario mexicano, la empresa OXXO está en contra de su propuesta enviada al Congreso de la Unión, ya que tan sólo el año pasado éste les habría hecho pagar 10 mil millones de pesos en impuestos.

Esto, tras revelar que Walmart, Bimbo y OXXO pagan menos por el servicio de electricidad que una casa o tienda de abarrotes y que además, se ampararon contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

Esta narrativa ha causado confusión en los mexicanos, pues el mandatario mexicano mostró las tarifas eléctricas en México: mientras que Walmart o Bimbo pagan 1.7 pesos por Killowatt/hora de energía eléctrica, un hogar sin subsidio paga 5.2 pesos por Killowatt/hora.

Asimismo el presidente mexicano reveló el viernes pasado que Walmart y Bimbo se ampararon por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que consideró “les debería dar vergüenza”.

Asimismo, el tabasqueño insistió en que los pequeños comerciantes pagan más que las grandes empresas.

De acuerdo con una investigación del portal Animal Político, en ninguna información oficial se mencionan estos subsidios, por otro lado quien sí recibe subsidio, es la propia Comisión Federal de Electricidad (CRE) por parte de la Secretaría de Hacienda, para evitar que suban las tarifas que ya de por sí son muy altas, pero al fina los consumidores pagarán este subsidio a través de impuestos.

Por otra parte, lo que sí interviene en que esas empresas paguen otra tarifa es el autoabasto, práctica que fue promovida desde antes de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, y con la cual, se siguen aprovechando algunas empresas privadas en el país.

De acuerdo con Animal Político, fue a través de un comunicado, Femsa señaló que el 70.01 por ciento de las tiendas OXXO en México se abastecen por medio de energías renovables a través de contratos con cinco parques eólicos.

Esta figura surgió en México en 1992 con una serie de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPE), las cuales, dieron pie a que las empresas privadas pudieran participar en la generación de energía, pero únicamente para consumo propio.

Este, es un esquema que buscó cubrir las carencias de la CFE para proveer energía a la industria. Y que también quiso incentivar el uso de energías renovables.

Lo anterior, en el contexto de que que la CFE no tenía suficiente capacidad para proveer energía a la industria manufacturera que estaba creciendo y requería ser competitiva en la región, en el marco de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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