Dictaron formal prisión al capitán Martínez Crespo, el primer militar detenido por el caso Ayotzinapa

Un juez de procesos penales federales en Toluca, el Estado de México, dictó auto de formal prisión al capitán José Martínez Crespo: es señalado como posible responsable de delincuencia organizada con el objetivo de cometer delitos contra la salud.

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Autoridades en México lo vinculan con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en la capital de la entidad federativa, declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) brindó los elementos suficientes para que el militar enfrente el proceso penal por el delito mencionado.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, confirmó en su cuenta de Twitter la noticia al respecto: “El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca dictó auto de formal prisión contra el capitán José Martínez Crespo por delincuencia organizada. La acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos”, publicó.

El capitán Martínez Crespo, quien se encuentra retirado de sus labores, lideró al grupo de militares que durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 acudió a la comandancia de Iguala, presuntamente al reclamar la motocicleta de un militar que llevaba a cabo trabajos de inteligencia cuando los normalistas eran atacados por elementos de la policía de ese municipio.

Martínez Crespo fue arrestado la semana pasada y después de su captura fue llevado a una prisión militar para ser puesto a disposición de un juez federal. La detención forma parte de los resultados de nuevas líneas de investigación abiertas por la fiscalía especial para el Caso Ayotzinapa, en el cual posiblemente comenzarían procesos penales en contra de por lo menos tres militares que estarían vinculados con la organización criminal Guerreros Unidos, cártel identificado como el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Por otro lado, Antonio Tizapa, padre de uno de los normalistas desaparecidos en 2014, dijo este martes que no confía en que México juzgue al ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos.

Según ambas administraciones, el gobierno de Donald Trump pactó con el de México pedir la retirada de los cargos de narcotráfico y lavado de activos contra el exministro, detenido en Estados Unidos desde octubre, a cambio de que sea investigado en su país.

“Si se lo llevan a México ¿saben lo que va a pasar? Saldrá libre y seguirá violando derechos humanos y quizás regrese al narcotráfico”, dijo a EFE Tizapa, quien protestó frente a la cárcel federal en el condado de Brooklyn, donde Cienfuegos fue trasladado desde Los Ángeles, California, para ser juzgado en Nueva York, donde le fueron presentados los cargos.

El primer militar detenido es uno de tres señalados por las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por haber estado activos en el lugar y el momento de su desaparición. Los otros dos personajes son el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota. Los tres son elementos pertenecientes al 27 Batallón de Infantería.

Al capitán Crespo se le tiene ubicado en dos lugares diferentes de Iguala en aquella noche: el hospital Cristina, donde estaban resguardados algunos de los normalistas que sobrevivieron al ataque, y también en la comandancia de Iguala en compañía de otros 12 militares del batallón en cuestión. En esta segunda locación, la periodista Anabel Hernández, junto a Steve Fisher, reportaron que el mando militar habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García por supuestas pesquisas en torno a una “motoneta blanca” que intentaban ubicar.

Anabel Hernández, para el medio DW, relató la manera en que pudo conseguir los primeros testimonios que le permitieron ubicar a José Martínez Crespo como uno de los personajes involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Hace este recuento en memoria de Pablo Morrugares, el periodista guerrerense asesinado el pasado 2 de agosto. Anabel relata que fue gracias a él que se confirmó la plática del capitán con el juez de barandilla.

Según recupera Anabel, Pablo vivía cerca de la calle Juan “N” Álvarez, en la cual ocurrió el último de los ataques armados de aquella noche en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Desde un supermercado cercano, el periodista fue testigo de cómo, tras la balacera, dos uniformados descendieron de vehículos militares y se acercaron a los cuerpos de Daniel y Julio César. Ambos fueron alcanzados por las balas de personas con prendas civiles y apariencia militar que atacaron a los estudiantes. Sin embargo, los militares que se aproximaron a los cuerpos no les dieron auxilio, sino que les apuntaron con el rifle y patearon para comprobar si seguían vivos. Cuando observaron que no reaccionaban, los militares abordaron el automóvil y se retiraron.

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