El asesinato que destapó las complicidades, así operaban brigadas de policías clandestinas en la CDMX

Aquella madrugada en que lo mataron, el joven Gustavo Soto Peralta regresaba de una fiesta en la colonia Hipódromo-Condesa de la Ciudad de México, junto con su hermano Alejandro y tres amigos, caminaron hasta una lonchería ubicada en la esquina de Michoacán y Amsterdam, ahí se enfrascaron en una riña callejera luego de una provocación, pero huyeron hacia el parque México, porque uno de los 12 contrincantes amenazó con sacar un arma.

Pasados 10 minutos, los amigos regresaron al local frente al que ocurrieron los hechos, pues querían comprar unas tortas, pero eran aguardados por cuatro sujetos, quiénes se presentaron como policías que quisieron arrestarlos; y de nueva cuenta, los jóvenes corrieron, excepto Jorge Galeana Jiménez. Entonces, uno de los supuestos agentes accionó una pistola calibre .38 y disparó una bala que dio en la cabeza de Gustavo Soto Peralta, causándole la muerte de forma instantánea.

Así fue el relato de Alejandro Soto Peralta y Jorge Galeana Jiménez, ambos de 16 años, Alberto Casamadrid Alfaro con 20 años de edad, así como Antonio Tavera Acuña, de 17 cumplidos; estos fueron los testigos que acompañaban a la víctima cuando fue asesinada, el 11 de octubre de 1970.

Se trató de una historia que trascendió en la prensa durante más de un mes, pues exhibió que cientos de personas usaban credenciales falsas para identificarse como agentes judiciales, operación tutelada desde las autoridades, quiénes los utilizaban como “Brigadas ciudadanas” para efectuar razias desde la clandestinidad. Esta situación se prestó para cometer todo tipo de actos corruptos, pues las extorsiones y robos estaban al amparo policial.

Recreación de los hechos e identificación de responsables

En su huida, los tres jóvenes fueron interceptados por José Torres Pandal y José León Rodríguez, policías preventivos que tripulaban el coche patrulla 685. Uno de los oficiales descendió del vehículo que cerró el paso a los prófugos y, con máuser en mano los amagó, enseguida vio que eran perseguidos por un sujeto, quien, al ser cuestionado por el motivo de la persecución, mostró una credencial forrada en piel negra, con estrella metálica al interior, misma que portaban los agentes de la Procuraduría capitalina en aquella época.

El uniformado ordenó que todos subieran a la patrulla, incluido el supuesto agente, quien disparó a Soto Peralta. De ese modo, los jóvenes y el asesino volvieron a la esquina en que ocurrieron los hechos. Durante el trayecto, Alejandro acusó al homicida, pero este no se inmutó y el hermano de la víctima fue callado por los policías.

Ya frente a la lonchería, los oficiales de la patrulla se retiraron y los jóvenes fueron subidos a una camioneta Rambler color vino , año modelo 1968 sin placas de circulación. Conducidos hasta una calle solitaria, entre Tehuantepec y Bajío, cerca del Viaducto Miguel Alemán, los agentes amenazaron a los testigos con matarlos, para no dejar cabos sueltos.

Alejandro tuvo que negar que la víctima era su hermano para no correr la misma suerte, Alberto, sobrino del comandante de la Policía Judicial, Carlos Casamadrid Miranda, preguntó quién estaba al mando y cuestionó la detención arbitraria. “No se ponga bravo, chavo, porque nos lo tronamos”, recibió como respuesta, asimismo, le dijeron que eran dirigidos por “el teniente”, siendo que en la policía judicial no había grados. Lo anterior fue consignado por el diario La Prensa en su edición del 13 de octubre de 1970.

Eran los últimos meses del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en la ciudad de México regía el hidalguense Alfonso Corona del Rosal, una época en que la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas ha investigado la notable corrupción policiaca. Incluso, la vinculación del ex regente hidalguense con grupos paramilitares que fueron entrenados para atacar a movimientos contrainsurgentes. Por ejemplo, la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México ha referido que Corona del Rosal pagó, desde 1960, a la organización del grupo De la lux, que más tarde devendría en los Halcones, protagonistas del asesinato, secuestro, tortura y desaparición de estudiantes el 10 de junio de 1971, en el llamado “Halconazo”.

Un día después de ser asesinado, Gustavo Soto Peralta fue sepultado; sus padres, Adolfo Soto Cárdenas y Francisca Peralta de Soto, clamaban por justicia. Pues de acuerdo a la necropsia, el médico Enrique Márquez Barajas dictaminó que el joven murió por la herida que produjo un proyectil de arma de fuego, penetrante en el cráneo.

A la jornada siguiente, los amigos de la víctima acudieron a la Procuraduría del entonces Distrito Federal (hoy entidad federativa Ciudad de México). Ahí les fueron mostradas fotografías de agentes, pero no tuvieron seguridad en señalarlos, y solamente encontraron rasgos “muy parecidos en ellos”. Los policías de la patrulla 685 también fueron interrogados, el cabo Torres Pandal reconoció plenamente a Roberto Bermúdez Arredondo como uno de los involucrados en el asesinato.

Mientras que los jóvenes y otros uniformados ubicaron a Julio Arnaud García, Francisco Javir Quezada Medrano, Jesús Hernández Alcócer, Juan Hernández Diosdado, Raymundo González Cortés y Rubén Sánchez López. A su vez, Francisco Ortiz de la Peña, director de Investigaciones, ordenó que los oficiales de la patrulla 685 quedaran detenidos y a todos los testigos les fuera tomada la ampliación de sus declaraciones. Además determinó una nueva cita, para que las identificaciones fueran en persona, cuando los agentes se presentaron a pasar lista.

No obstante, Roberto Bermúdez Arredondo fue exculpado por el resto de quiénes presenciaron los hechos, pues alegaron que el homicida tenía nariz aguileña, y en el oficial ésta era recta, además de que el agresor tenía bigote. El día de la identificación no acudieron los 436 agentes de la procuraduría, pues la tercera parte de ellos estaba de vacaciones y otros se encontraban en misiones especiales, según argumentó Ortiz de la Peña. Por ello, los jóvenes pidieron otra oportunidad para verificar las identidades. Aunque Alejandro Soto Peralta sí reconoció a Juan Hernández Diosdado, quien le habría dicho cuando iban en la Rambler 1968: “No me vayas a quemar, chavo”, en alusión a que no lo delatara.

Nuevamente, para el miércoles 14 de octubre, los amigos de Gustavo acudieron a reconocer a los agentes, estuvieron aquellos ausentes por vacaciones, así como los ubicados por fotografías.

Así operaban los agentes clandestinos

Como resultado, el domingo 18 de octubre, una semana después del crimen, Raúl Mendiola Zerecero, general brigadier, informó que habían detenido a nueve sospechosos, entre ellos, Genaro Martínez, Luis García, Enrique de León, Felipe Luna, Roberto Vargas y Julio Cruz. El militar dijo que se trataba de personas pertenecientes a “Brigadas ciudadanas” de la Policía Judicial (PJ), que fueron creadas en 1964 (año en que arribaron al poder Gustavo Díaz Ordaz y Corona del Rosal).

Era la primera vez que la autoridad reconocía públicamente la existencia de este grupo clandestino en sus filas. Al respecto, Mendiola Zerecero detalló que la organización fue creada por un “procurador de justicia” y que los participantes no recibían salario alguno por su servicio, debido a que eran de economía solvente; sus funciones eran las razias, pero cuando el grupo fue, presuntamente desaparecido, los brigadistas se quedaron con las credenciales y pistolas, de acuerdo con el funcionario policial.

El martes 20 de octubre fue revelado que un agente de la Policía Judicial capitalina estuvo en el lugar de los hechos, además de tres integrantes de las llamadas “Brigadas ciudadanas”, grupo que formó Fernando Román Lugo, ex procurador de justicia. Esto fue declarado por Ángel García Pichardo de 28 años y su cuñado, Luis Felipe Luna Orozco de 37, quiénes aceptaron pertenecer a la asociación clandestina, pues confesaron que estaban a las órdenes de José Carlos Babari, un agente activo de la PJ.

Los sospechosos fueron enviados por 15 días a prisión, en tanto se desarrollaban las indagatorias. Confesaron que portaban identificaciones fechadas en 1967 con la rúbrica del tabasqueño Jorge Zurita Rivorosa, quien era jefe de servicios administrativos de la procuraduría capitalina. El nombre que había en las “placas o charolas”, no eran de los arrestados, pero sí incluían sus fotos, que fueron sobrepuestas.

Contrario a lo informado por Mendiola Zerecero, las brigadas seguían operando y estaban integradas por 20 elementos, con derecho a portar armas y circular en autos sin placas, un requisito esencial, pues realizaban sus actividades por la noche. Una de sus tareas era la detención de mujeres que deambulaban; además, tenían la encomienda en un operativo de desarme en la Ciudad de México, que ejecutaban en cantinas, cabarets y terminales de autobuses foráneos.

Tanto García Pichardo, electricista, como Luna Orozco, comerciante, contaron que para ser brigadistas eran necesarias tres cartas de recomendación, además de seis fotografías, tres de frente y otras tres de perfil, esto, para los archivos de la PJ. A su vez, confesaron que en sus actividades ilegales siempre eran acompañados por por un agente de la PJ y que no tenían problemas con la policía de tránsito por circular sin placas, debido a que eran muy conocidos y avalados por la autoridad. Luis Felipe Luna Orozco agregó que Carlos Babari le ordenó usar su auto, un Chevrolet año modelo 1962, pero debía quitarle las placas.

El caso había escalado, pues ya participaban agentes del Servicio Secreto, quienes detuvieron al comerciante y electricista, además de Enrique León Jiménez, Jenaro García Arciniega, Salvador Sánchez López, Julio Cruz Gutiérrez, Sirinio Sánchez Alcalá, Roberto Vázquez Ríos y Agustín Barrios Hernández. Pero solamente García Pichardo y Luna Orozco fueron encarcelados.

Caen dos de la Policía Judicial

Pedro Hernández García y Ramón Espinosa Nieves, detectives del primer grupo de la Policía Judicial, fueron arrestados como principales sospechosos del asesinato. El 21 de octubre, los periodistas accedieron a sus declaraciones, pero no se permitió entrevistarlos, pues las autoridades cubrían qué participación habían tenido. Diez días después del asesinato, los agentes eran interrogados.

En esas instancias, Jorge Zurita Rivorosa reconoció que cientos de falsos agentes operaban en la ciudad, auxiliados en sus actividades ilícitas de credenciales policiacas. Reveló que cada semana recibía hasta cuatro quejas relacionadas con los delitos cometidos por supuestos agentes.

Hernández García y Espinosa Nieves declararon que “pasaban por allí”, momentos después de ocurrido el asesinato de Gustavo Soto Peralta, pero sus versiones eran contradictorias. Primero, decidieron no reportar que habían estado en el sitio de los hechos, pues se encontraban de vacaciones. Segundo, que dijeron haber perseguido a los agresores, pero no le dieron alcance, en esto, Espinosa Nieves dijo que habían tardado una hora, mientras que el otro judicial calculó 25 minutos.

Sin embargo, los testigos del crimen reconocieron a Pedro Hernández García como uno de los responsables. Alberto Casamadrid Alfaro dijo que este agente manejaba la camioneta en que los amenazaron. Por su parte, Alejandro Soto Peralta, hermano de Gustavo, y Antonio Tavera, declararon que el agente tenía “un parecido enorme” con quien había disparado.

En el desarrollo de las investigaciones, el Ministerio Público y la Policía Judicial disputaban sus diferencias. Pues los segundos no aceptaban que les fuera imputada alguna responsabilidad. La Prensa reveló que los testigos del asesinato habían sido visitados por individuos no identificados, quienes les advirtieron que no hablaran más o tendrían problemas. Además, el MP maniobraba para que los amigos de Gustavo cambiaran la formulación de sus declaraciones; ante el reconocimiento liso y llano, eran cuestionados para que respondieran algo menos rotundo, algo como: “tiene un enorme parecido en los ojos, cejas, párpados abultados, estatura, cabello, forma de la cabeza y bigote”.

Una nueva testigo y detenidos de una “banda”

Después de dos semanas, el caso tomó un giro, pues Gloria Galindo Palomares compareció por voluntad propia, sin haber figurado en las pesquisas, declaró que era encargada de la lonchería, frente a la cual ocurrieron los hechos. Su única convicción era negar, sin mayor prueba que su testimonio, que los agentes de la PJ detenidos no eran los responsables.

“Estoy segura de que no son ellos como de que me llamo Gloria”, fueron sus palabras. Para el Ministerio Público quedaba claro que la testigo solo quería exculpar a los arrestados. Jorge Ramos Ramos, el reportero que escribió sobre la noticia, informó que a los agentes se les había practicado la prueba de la parafina, es decir, el análisis que mostraría rasgos de pólvora, pero los resultados se perdieron. Además, Carlos Casamadrid, comandante de la PJ, comunicó que Galindo Palomares había identificado, en un álbum particular, al verdadero asesino de Gustavo Soto Peralta; pero no reveló el nombre.

Para el sábado 7 de noviembre de 1970, las autoridades capitalinas informaron que se había detenido a Enrique Hernández Hernández, el “Teniente”, líder de una supuesta banda de extorsionadores, así como sus cómplices: Víctor Manuel Palafox Bañuelos, presunto autor material confeso; además de Ramiro Sánchez Millán; Jorge Muñoz Sánchez, el “Caimán”; y Víctor Manuel Rivera Téllez, el “Chale”. Ninguno mencionada anteriormente, pero acusados de participar en el asesinato de Gustavo Soto Peralta.

Pero, la policía también dijo que el “Teniente” murió al ser trasladado a Tuxpan, Veracruz, cuando lo conducían agentes del Servicio Secreto para que identificara la Rambler 1968. Esto habría ocurrido a las 18:30 horas en el kilómetro 248 de la carretera Tuxpan-Veracruz. Supuestamente, una falla mecánica obligó a detener el trayecto, ante ello, Hernández Hernández pidió permiso de realizar una necesidad fisiológica, pero quiso aprovechar para escapar y en ese intento, fue arrollado por un camión de redilas marca Dina, 1967, placas 4360-X, que transportaba naranjas.

Esta versión sería cuestionada por el hermano del “Teniente”, Ángel Hernández Hernández. Pues acusó que el cuerpo de su hermano no presentaba fracturas, como médico, aseveró que si su familiar hubiera sido atropellado, presentaría rotura de clavículas y daños en las piernas, cosa que no observó. Además dijo que sería inútil demandar una segunda autopsia, pues eso no regresaría a Enrique y tampoco habría castigo para quien lo mató. Igual informó que el acusado de liderar una banda pertenecía a la PJ, pero llevaba un año fuera de esa corporación y cuando fue arrestado, el “Teniente” en realidad trabajaba como inspector de la Secretaría de Gobernación.

Por otra parte, los cuatro agentes arrestados bajo sospecha en el caso, salieron libres al pagar una fianza de 75,000 pesos de aquella época.

Ante la prensa, Víctor Manuel Palafox Bañuelos se declaró culpable y dijo que la pistola usada en el crimen la había vendido a un camionero. Pero, al ser cuestionado sobre sus motivos para inculparse y pedírsele que pensara en su hija, echó a llorar y fue retirado por los agentes. Ya ante un juez, el presunto asesino material dijo que lo habían amenazado con matar a toda su familia si no se declaraba responsable de haber matado al joven Soto Peralta; igual refirió que fue torturado por cinco días, sin comer y sin dormir. Cabe señalar que el acusado ya había estado en prisión durante seis años pagando una condena por robo y encubrimiento.

Sánchez Millán también refirió que fue amenazado de muerte y su arresto tuvo características de un secuestro, pues no fue conducido a la jefatura de policía. Sus familiares le buscaron sin éxito. El Ministerio Público quiso encontrar contradicciones en las declaraciones de ambos imputados, pero esto no sucedió. “Pobres cuates, ahora ellos la van a pagar”, habría sido una frase que escapó de los detectives.

Finalmente, el 14 de noviembre de 1970, más de un mes después de que una bala atravesara el cráneo de Gustavo Soto Peralta, Víctor Manuel Palafox Bañuelos y Ramiro Sánchez Millán obtuvieron auto de formal prisión. El decimocuarto juez penal decretó que estas dos personas fueron culpabables del crimen, luego de haber consignado el testimonio de Alejandro Soto Peralta y sus amigos, quienes habrían asegurado que los presuntos integrantes de la banda fueron los culpables de la muerte de Gustavo.

De acuerdo con Myriam Laurini y Rolo Diez, periodistas que compilaron las notas de este evento, se trató de un hecho manipulado y de una vinculación estrecha entre el crimen y el poder, así lo detallan en el libro Nota Roja 70′s, publicado en 1993, por editorial Diana.

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