Qué es el pacto fiscal federal y por qué los gobiernos estatales exigen un cambio en él

De hacer dicha modificación se podría poner de cabeza a las finanzas de la federación, especialmente cuando los estados más importantes en México lo pusieron en duda

Enrique Alfaro (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)
Enrique Alfaro (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, propuso recientemente que se cancelara el pacto federal, a fin de que los impuestos se queden en cada una de las entidades y se destinen a temas de salud, en lugar de asignar recursos a obras como el tren maya y la refinería de Dos Bocas.

Sobre dicha propuesta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mencionó que los empresarios de su entidad plantearon una serie de puntos al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacaron la necesidad de convocar de manera inmediata a una convención nacional hacendaria para poder revisar el pacto fiscal. En relación a ello, enfatizó que el planteamiento hecho por los empresarios cuenta con su respaldo, pues considera que los industriales están trazando una ruta correcta y que, especialmente en lo relacionado al pacto fiscal, expresó que ya son muchos los estados que están cansados de los abusos de la federación.

A pesar de estar orgullosos de sentirse mexicanos y de ser parte de una república, el gobernador de Jalisco argumentó que sus homólogos y el empresariado de los estados ya no están conformes con el pacto fiscal, que consideran incuestionable en materia de revisión, pues de otra forma se generaría una realidad en la que las entidades que aportan más a la economía tendrían que tomar cartas en el asunto, situación que el edil confió en que no tenga que suceder, pues está a favor de que se revise el pacto fiscal. Aunque si no hubiese voluntad por parte de la federación, sería considerado como una constante en el maltrato que se le da a los estados que generan y que producen riqueza y empleos. Lo que se busca, acotó, es llegar a un acuerdo, más que romperlo.

Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas son los estados que han solicitado un cambio en el pacto fiscal federal a fin de que se otorguen más recursos a Estados que aportan más a la Federación. En ese sentido, publicaciones como el periódico de origen británico Financial Times han calificado tal decisión como una postura ventajosa de los gobernadores ante las críticas al Ejecutivo por parte del empresariado al no ofrecer estímulos fiscales en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, propuso recientemente que se cancelara el pacto federal, a fin de que los impuestos se queden en cada una de las entidades y se destinen a temas de salud (Foto: Cuartoscuro)
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, propuso recientemente que se cancelara el pacto federal, a fin de que los impuestos se queden en cada una de las entidades y se destinen a temas de salud (Foto: Cuartoscuro)

Conforme a Abel Francisco Mejía Cosenza, especialista y maestro en Derecho en Impuestos Internacionales de la Universidad de Nueva York, el pacto fiscal federal es el acuerdo entre los tres niveles de gobierno para repartirse las facultades fiscales e imponer y cobrar gravámenes, así como de gastar los recursos provenientes de los mismos. Mejía Cosenza señala en una de sus publicaciones para Dinero en Imagen que, el debate en relación al pacto fiscal federal se avivó por el tipo de asignación de recursos del presupuesto federal de 2020 en el que, bajo su análisis, se castigó de manera desproporcionada a los estados gobernados por la oposición, además de concentrarse en proyectos emblemáticos en estados afines al gobierno en turno.

En contraste, el Financial Times apunta que el llamado hecho por los gobernadores de los cuatro estados más prósperos de México a revisar un pacto fiscal con cuatro décadas de antigüedad obedece a la falta de liderazgo que ha tenido el Ejecutivo en relación al manejo de crisis por la COVID-19 en el país, a manera de amenaza, ventaja y reprimenda, especialmente cuando continúa impulsando programas sociales, además de ofrecer un millón en préstamos a pequeñas y medianas empresas, pero se opone a ofrecer estímulos fiscales e incluso a endeudarse para financiar el estímulo.

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