Los frentes de Gertz Manero: reforma judicial, feminicidios e ineficiencia de la FGR, lo tienen en el ojo del huracán

Alejandro Gertz Manero llegó a la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, por designación del entonces presidente Vicente Fox

La fiscalía, cuya ley orgánica fue publicada el 14 de diciembre de 2018, sustituía a la antigua Procuraduría General de la República -la cual era un órgano del poder Ejecutivo- por lo que se establecía que la nueva institución sería autónoma.

Sus funciones, de acuerdo al segundo artículo de la citada ley, son investigar delitos, esclarecer los hechos y procurar una justicia eficaz, efectiva y apegada al derecho.

Pero a más de un año de su creación y de tener a Gertz Manero como titular, la Fiscalía no avanza en los miles de casos que llegan hasta sus escritorios, sino que además, su titular parece estar empecinado en regresar a las deleznables prácticas del pasado en el sistema judicial mexicano, como la violación sistemática a los derechos humanos.

Lo anterior se evidencia en dos casos específicos: la reforma judicial (la cual fue pospuesta por las reacciones desfavorables que causó) y la intención de eliminar el feminicidio.

Un planteamiento insensible en medio de la peor crisis de feminicidios y violencia de género en México

La propuesta realizada por el fiscal de eliminar el feminicidio y reclasificarlo como homicidio con una agravante argumentando que hay dificultades para llevar a juicio estos casos, ocurrió durante la plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizada el miércoles 29 de enero, desatando una lluvia de reacciones en contra de Gertz Manero.

Días después, el 4 de febrero, la FGR intentó aclarar la situación asegurando que no se busca desaparecerlo del Código Penal Federal, sino que es importante reclasificarlo para tener éxito en los casos que se consignan ante jueces.

“Si simplemente se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio contra una mujer, este debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años, que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado”, explicó.

La Fiscalía señaló que la “tesis” que defiende Gertz Manero es “en favor de las mujeres que son víctimas”, para que cuenten con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción, para lograr la defensa de su vida y la protección de su integridad.

Esta propuesta del fiscal Alejandro Gertz Manero, ocurre en medio de la peor crisis de feminicidios en el país.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2012 a diciembre de 2019, el feminicidio en México se ha incrementado 137.5%.

Tan sólo de enero a diciembre de 2019, se cometieron 976 feminicidios siendo Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México, las tres entidades en donde se registraron más casos.

En Veracruz se clasificaron como feminicidios 157 casos, 122 en el Estado de México y 68 en la capital del país.

Pese a que está contemplado en los códigos penales de 28 entidades federativas y en el Código Penal Federal, las autoridades argumentan que es muy complicado clasificar el homicidio de una mujer como feminicidio, aunque sólo tengan que comprobar una de las siete causales: violencia sexual, lesiones o mutilaciones, violencia previa, relación sentimental existente entre el sujeto y la víctima, amenazas previas y/o exposición del cuerpo en la vía pública.

Numerosas voces como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, así como legisladoras del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han opuesto a la propuesta de Gertz Manero.

La Comisión ha señalado que la muerte violenta de las féminas por razones de género, tipificada en el sistema penal mexicano como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a este rechazo. Aseguró que su gobierno no apoyará la iniciativa, pues dijo, no es tiempo de hacerlo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de este 5 de febrero, el mandatario explicó que, por el clima de violencia contra las mujeres y las actuales demandas feministas en la UNAM, no es un buen momento para realizar ese cambio.

“En el caso de quitar causales para feminicidios, dijimos no, no se mueve, porque si tenemos esta situación especial en la universidad y si se lleva a cabo una reforma, aunque sea buena, se puede malinterpretar”, dijo.

La intentona de implementar las prácticas del pasado

La reforma judicial que impulsa el fiscal Alejandro Gertz Manero, la cual incluye modificar 14 artículos de la Constitución, alarmó a legisladores de todos los partidos el pasado 15 de enero, al plantear temas en los que ya se habían avanzado y que costaron años implementar.

Los nueve anteproyectos que circularon entre asesores legislativos del Senado y que estuvieron sometidos a cabildeos entre integrantes de la fracción parlamentaria de Morena y de otros senadores, prendieron las alertas toda vez que contenían cambios que desmantelarían las garantías de un juicio justo y las protecciones a los derechos humanos que con tanto esfuerzo se consiguieron. El Senado la rechazó argumentando que no había sido consultada dentro del propio gobierno.

Algunos de estos documentos se filtraron a los medios de comunicación por lo que se pudo conocer que entre los planteamientos del fiscal se encuentran la modificación a la fracción IX del artículo 20 constitucional que desecha cualquier tipo de prueba que sea obtenida de manera ilegal o violando derechos consagrados en las leyes mexicanas.

La modificación permitiría, por ejemplo, el uso de intervenciones de comunicaciones ilegales con el fin de evitar la nulidad de la prueba y evitar así “la impunidad automática de quien posiblemente infringe la ley”.

“Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa”, dice uno de los nueve borradores obtenidos por Reuters.

Los borradores filtrados de las iniciativas incluyen medidas que expandirían de manera considerable el uso de la prisión preventiva oficiosa, eliminarían al juez de control para el juicio justo y abandonarían las normas que prohíben de manera automática el uso de pruebas obtenidas por medios ilegales, entre otros.

Y es que el fiscal ha argumentado que el actual sistema de justicia facilita que el acusado sea puesto en libertad y que regrese a una vida de delincuencia, la llamada “puerta giratoria”, por lo que esta nueva reforma judicial acabaría con el asunto.

Expertos en el tema judicial y penal han alertado que este planteamiento sería un retroceso y “un retorno a la barbarie”

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que “No se va retroceder en nada. Es libertad y democracia, real, auténtica”.

Este mes de febrero, la FGR deberá presentar de nueva cuenta su proyecto a reforma a los legisladores.

La pared en la que se ha convertido la FGR

Una de las dependencias de gobierno que está trabajando de manera más eficiente en la actual administración, es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La Unidad, encabezada por Santiago Nieto, está realizando investigaciones importantes y ha congelado las cuentas de altos funcionarios de sexenios anteriores e incluso de cárteles del narcotráfico, pero al llegar a la Fiscalía, las investigaciones se estancan.

Desde esta unidad, Nieto Castillo ha conducido las investigaciones financieras contra Rosario Robles (ex secretaria de Desarrollo Social actualmente presa por el desvío millonario de recursos en lo que se conoció como La Estafa Maestra), contra el ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, así como del abogado Juan Collado (actualmente preso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada).

Otro caso más es el congelamiento de cuentas de quien fuera el poderoso ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos en donde está a la espera de un juicio por tres cargos de conspiración para traficar cocaína y otro por un falso testimonio, además de que es señalado de haber recibido millones de dólares de parte del Cártel de Sinaloa, para proteger a esa organización criminal.

Pero también ha congelado casi mil millones de pesos a personas físicas y morales relacionadas con los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y La Unión Tepito.

Sin embargo, al pasar los expedientes a la Fiscalía General de la República, la cual es la instancia para actuar judicialmente, simplemente ya no avanzan, así lo señaló en entrevista con Infobae México, el especialista en temas de seguridad e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.

“ (El gobierno de López Obrador) tiene una unidad de inteligencia financiera que está desbaratando a más de 800 cuentas bancarias de siete carteles. Algo que nunca había sucedido. Tienen 135 denuncias de redes criminales de políticos y empresarios y sicarios que están siendo hoy bloqueadas por la Fiscalía General de la República”, dijo.

Buscaglia agregó: “El titular de la unidad de inteligencia financiera continúa congelando cientos de millones de dólares, de pesos, de políticos, de redes criminales, carteles, pero vemos que la Fiscalía General de la República no está judicializando esos congelamientos por razones que no tienen fundamento legal. Por lo tanto, tenemos a un Estado que todavía sigue reaccionando de manera desorganizada aun cuando existe una excelente voluntad por parte del presidente y de algunos de sus miembros”, señaló.

Las disputas entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero se hicieron públicas el pasado 9 de enero, cuando, durante su participación en la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2020, Gertz Manero se quejó de que mientras su Ministerio Público sí respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, “hay unidades del Gobierno que no”.

En ese sentido, Gertz Manero acusó que algunas de las afirmaciones y revelaciones de las “unidades del Gobierno”, en referencia a Nieto Castillo, generan una “grave crisis en el aspecto procesal. “Porque luego nos acusan de faltas al debido proceso pero hay quien sí lo hace y todo mundo sabemos”.

El desencuentro entre ambos fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió el actuar del titular de la UIF al asegurar que “Santiago Nieto no hace nada sin antes consultar con el presidente” y aseguró que se revisarán los límites de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la FGR y el debido proceso.

Incluso, dijo, “ya estamos buscando entendimiento, que haya (una) sana relación”, dijo el mandatario mexicano.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico en 1976, a través de la Operación Cóndor. También se desempeñó como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, procurador federal de defensa del trabajo y como secretario de seguridad pública del gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México), durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Robles.

Fue designado por el entonces presidente Vicente Fox como titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. En enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador lo postuló como fiscal.

El periodista Roberto Rock en su columna de El Universal, aseguró que en ese momento, Gertz Manero aseguró a sus cercanos que siempre soñó con ser titular de la extinta Procuraduría General de la República (hoy FGR, la cual encabeza Gertz).

Quienes lo escucharon, aseguró Rock, supieron desde entonces que intentaría restaurar el diseño de una institución inquisitorial, poderosa y arbitraria (ahora desde la FGR), aunque tuviera que navegar a contracorriente del nuevo sistema penal que le costó al país 20 años de deliberaciones y cuya implementación se halla todavía a medias.

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