Los levantaron, los mataron y simularon un enfrentamiento: escabrosas revelaciones de la presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas

Sobre el asesinato de ocho personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 5 de septiembre, del que se presumió que los muertos eran sicarios pertenecientes a La tropa del infierno, brazo armado del Cártel del Noreste, todavía no hay nada claro.

Después de que la Fiscalía estatal mostrara a los cuerpos como resultado de un enfrentamiento entre el crimen organizado y elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (Caiet), surgieron versiones acerca de que los fallecimientos en realidad fueron el saldo de la ejecución extra judicial.

Ante las denuncias, las autoridades del estado y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo abrieron una carpeta de investigación al respecto. Esto es lo que habría sucedido la mañana del 5 de septiembre, según testimonios de personas que dijeron estar presentes durante la detención y asesinatos, consultadas por El Universal:

Todo habría comenzado alrededor de las 5:00 horas, cuando un grupo de agentes del Caiet presuntamente ingresó a un departamento ubicado en Héroes de Nacataz 6836.

El inmueble está conformado por tres recámaras. En la primera, según las declaraciones, vivirían seis personas, tres mujeres y tres hombres, que después serían asesinados. En el segundo Sara y Alejandra (testigos con nombres ficticios), que tenían dos semanas de mudarse. En el tercero se encontrarían Roberta con sus dos hijas.

Habrían despertado cuando los elementos policiacos ingresarían sin orden de cateo y obligarían a las personas a ponerse contra el piso. “¿Dónde están las armas?“ habrían gritado. Pero no recibirían la respuesta que esperaban. “Oiga, es que yo no sé de qué está hablando. Yo trabajo en un lavado y yo mantengo a mi pareja y el cuarto de aquí me lo acaban de rentar”, diría Sara, una de las personas que después declaró a las autoridades. “No te hagas pendeja, si no hablas te vamos a matar”, respondería la policía.

Luego procederían a romper todo y a escoger personas. Golpearían a las seis que estaban en la primer habitación. Les colocarían bolsas en la cabeza y pegarían con bates de béisbol en el estómago. Mientras tanto, amenazarían al resto con que si los miraban los iban a matar. También les amarrarían las manos con cintos de plástico. Nunca prenderían la luz del inmueble.

Después, los elementos se llevarían a las seis personas que habrían torturado. Sara y Alejandra lograrían desatarse para salir corriendo, y se percatarían de que había camiones militares cerca de su vivienda. Habrían detenido a un taxi y le pedirían usar su celular. Se darían cuenta de que ya eran las 6:30 horas.

Según la cronología proporcionada por los testigos, los elementos del Caiet se llevarían a las personas capturadas a una casa en Valle de Anáhuac a 8 kilómetros del primer inmueble. En el camino subirían al vehículo a un civil más, pero no se saben detalles de su origen. El inmueble al que los habrían llevado era habitado por Kasandra, su hija de dos años y su padre, quien habría trabajado en una empresa de refrescos. De nuevo la policía ingresaría al sitio sin permiso y amedrentaría a los habitantes.

A Kasandra la habrían obligado a salir de la casa porque tenía a su hija en los brazos, pero a su papá lo golpearían, torturarían, obligarían a vestirse con ropa tipo militar, y asesinarían, declaró la mujer al Comité de Derechos Humanos. Después vería cómo bajaron a otras siete personas y para colocarlas adentro y alrededor del domicilio, mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional hacía perímetro al operativo.

Luego se escucharían detonaciones. Los policías habrían disparado en el pecho y la nuca de las personas a los detenidos. También balearían las paredes del inmueble para que pareciera que las muertes habían ocurrido durante un enfrentamiento.

Mientras tanto, los elementos llamarían por teléfono a Eladio, comandante de grúas y vialidad de la ciudad, para que enviaran a una unidad a la calle Francisco I. Madero, esquina con Carlos Ozuna. Al sitio habría llegado el chófer, identificado como Ramón, a quien le solicitaron que llevara una camioneta pick up negra blindada a Valle de Anáhuac. Cuando él se habría dado cuenta de que algo extraño sucedía, los agentes le tomarían fotos a sus documentos y amenazarían con que lo matarían a él y a su familia si decía algo. También declaró ante Derechos Humanos.

Después le pedirían que colocara la camioneta frente a la vivienda simulando un escape. Posteriormente, la policía pondría a un hombre muerto como su conductor.

Ese mismo día por la tarde las autoridades anunciaron los resultados del operativo. Dijeron que realizaban una ronda cotidiana por la zona cuando recibieron disparos de un grupo armado. Ellos repelieron el fuego y comenzaron una persecución, puesto que los presuntos delincuentes huyeron a la vivienda en donde después mostrarían los cuerpos, declararon las autoridades.

A pesar de la presunta balacera, no hubieron más disparos en casas aledañas y ninguno de los agentes resultó herido.

Los muertos fueron identificados como miembros de La tropa del infierno. Portaban uniformes estilo militar con iniciales del Cartel Noreste impresas en ellos, además de armas de alto calibre. Cinco fueron encontrados al interior del inmueble, dos afuera y uno a bordo del vehículo.

Pero después surgieron las quejas de las personas que dijeron haber presenciado la captura y asesinato. Indicaron que algunas de las personas asesinadas fueron Juana Yetzel, sexoservidora de 20 años que tenía dos hijas, proveniente de Coahuila. Además de Fernando Hernández de 19 años y Jenifer, estudiante del Estado de México que llegó a Nuevo Laredo con su novio.

Medios de comunicación nacionales dieron a conocer las denuncias, por lo que las autoridades cesaron de sus cargos a las personas involucradas. Ellos dijeron que sólo obedecieron órdenes de José Rafael González Villalpando, su superior.

Mientras que la Sedena aceptó que participó durante el operativo, pero que al sólo resguardar el perímetro, no escucharon ni supieron qué sucedía en la vivienda.

Los testigos que han declarado han recibido constantes amenazas de muerte.

Pero también han surgido otras acusaciones que dicen que las personas que declararon en realidad son familiares de sicarios del Cartel de Noreste. Y que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, Jesús Raymundo Ramos Vázquez, tiene vínculos con el narcoráfico.

En el pasado se le denunció con haber criminalizado a las fuerzas armadas para sacarlas del estado y proteger al cartel que opera en la zona. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas.

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