Ley de Humedales: los puntos más destacados de los dos proyectos que buscan obtener dictamen

Alcanzar la Ley de Humedales no será un camino fácil. Legisladores del oficialismo y la oposición pidieron una nueva fecha para poder “escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”, por lo que finalmente hoy no se tratará en el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura. Aún así, los dos proyectos con más chances y posibilidades de obtener votos son los del diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) y de Ximena García (Juntos x el Cambio).

Hasta anoche, ninguno de los dos proyectos contaba con los 129 votos necesarios para tener dictamen de mayoría. Durante la semana la comisión de Agricultura, presidida por el ex ministro de Agricultura Ricardo Buryaile, desfilaron representantes del denominado sector productivo del país: la UIA, el INTA, representantes mineros y la Mesa del Enlace.

Con discursos muy similares pidieron más tiempo para debatir (un proyecto que hace una década pasea de comisión en comisión por el Congreso), que no se afecte la producción y que sea “racional”. Con esa misma convicción se resisten a apoyar el proyecto algunos gobernadores, especialmente los de provincias como Mendoza, Corrientes o Jujuy.

Pero, ¿qué dicen los proyectos de protección de ley de humedales? El periodista Inti Bonomo armó un hilo de twitter con, al menos dos conceptos equivocados que se difunden respecto de la letra de las iniciativas:

“La ley atenta contra la producción”: es falso. La norma no prohíbe nada. Como es una ley de presupuestos mínimos establece las definiciones de humedales y proponen, ambos proyectos, una evaluación de impacto ambiental, algo que se pide y que ya se exige por la ley general del Ambiente; así como el ordenamiento territorial una vez que se tenga conocimiento sobre tipos y cantidad de humedales.

“La ley va a disminuir la producción”: también es falso. Precisamente las mayores pérdidas son las que se producen por los incendios descontrolados y las inundaciones por los malos manejos del territorio. Por caso, si se analizan las cifras de Corrientes, que vive una de sus crisis hídricas y productivas más terribles de su historia, las pérdidas productivas son millonarias.

Desde el año 2020, el fuego afectó a más de 1 millón de hectáreas, el 12% de la superficie total de la provincia. Las pérdidas conjuntas de productores ganaderos, citrícolas, forestales, arroceros y yerbateros, alcanzarían los $82.000 millones.

En Entre Ríos, existen más de 300.000 hectáreas en el delta del Paraná que son tierras públicas y donde se registran gran parte de los focos de incendios. Se necesitan entre 300 y 400 años para recuperar una forma similar al ecosistema de los humedales previo a las quemas.

Los otros puntos destacados de las iniciativas en debate son:

-Definición: ambos proyectos toman la definición de humedales vigente desde 2017, rechazada por el campo y la minería, porque entienden que considera como tal a zonas anegadas y reduce la capacidad productiva de hasta la mitad de las tierras del país. Ecosistemas como los salares, los glaciares y zonas que podrían ser aptas para agricultura.

- Uso respetuoso: es necesario que las autoridades controlen las actividades antrópicas para proteger los humedales a través de evaluaciones de impacto ambiental. - Fondo para humedales: proponemos redireccionar los incentivos que entrega el Estado a actividades perjudiciales hacia la promoción de acciones de conservación, uso ambientalmente respetuoso y restauración.

- Participación ciudadana

- Inventario: el proyecto oficialista propone que quede a cargo de la Nación y del Conicet, el de JxC, deja el inventario a las provincias.

-Fondo para conservación: ambos proyectos lo incluyen. Es por eso que es necesario el dictamen de la comisión de Presupuesto.

A pesar de todas estas cuestiones por debatir y definir, el sector del agro directamente rechazó ayer mediante un comunicado: “No hace falta otra ley de política ambiental”. “Los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales (...) Atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las actividades que necesitan la provisión de agua sólo traerá a nuestro país un aumento de la pobreza y la indigencia”.

Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, sostuvo: “La ley de humedales es un imperativo porque la sociedad nos obligó a que la política se haga cargo de una demanda que tiene 10 años de tratamiento. No hay ningún diputado que sea sincero cuando pide más tiempo para debatirla, lo que quiere es más tiempo para hacer lobby”.

Grosso insistió con la intención de avanzar en el plenario de comisiones: “Tenemos un proyecto de un consenso histórico. Estamos convencidos que tenemos que aprobar este proyecto porque protege el mayor y más importante recurso natural que el mundo requiere: el agua. Y que además es la que permite que todas las actividades productivas se lleven a cabo. Es un proyecto que protege la producción, no la prohíbe, lo único que atenta contra la producción son los incendios y que nos salen bastante caros porque, además de destruir la biodiversidad de esas zonas, todos los recursos económicos para apagar el fuego, para subsidiar a los productores que perdieron todo sale de los impuestos de todos los argentinos”.

Por su parte entidades del campo y la agroindustria reiteraron ayer sus cuestionamientos al Proyecto de Ley de Humedales, que impulsan sectores del oficialismo y solicitaron que el tema sea abordado de manera integral y con argumentos técnicos. Fue ayer durante una reunión informativa que organizó la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, de la que participaron una importante cantidad de expertos, entre ellos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), productores agropecuarios y mineros, especialistas en Derecho Ambiental, y representantes de la Mesa de Enlace y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entre otros sectores.

Hoy, nuevamente desde las 9 las organizaciones sociales se manifestarán frente al Congreso para pedir por el dictamen que vienen reclamando hace meses. De aprobarse alguno de los dictámenes, no hay fecha cierta para su tratamiento en el pleno de Diputados.

SEGUIR LEYENDO: