El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su gobierno está considerando seriamente poner fin al derecho a la nacionalidad de niños nacidos en el país cuyos padres no tienen la ciudadanía o emigraron ilegalmente.
"Lo estamos evaluando muy seriamente, el derecho a la ciudadanía por nacimiento, donde uno tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera, tiene un bebé. Felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense (…) Francamente es ridículo", dijo Trump a la prensa al exterior de la Casa Blanca.
Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en un pilar de su presidencia y de su campaña para la reelección, pero muchos de los cambios radicales y decretos elaborados por su gobierno han sido frenados en los tribunales.
El mandatario republicano dijo en octubre de 2018 a la web de noticias Axios que pondría fin al "derecho a la ciudadanía por nacimiento" a través de un decreto. Sin embargo, algunos expertos creen que esta medida iría en contra de la Constitución.
La decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar que los estadounidenses negros tuvieran sus derechos ciudadanos completos, garantizó la ciudadanía de "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos".
Desde entonces ha sido interpretada de manera rutinaria para garantizar la ciudadanía de la mayoría de las personas nacidas en Estados Unidos, sean o no sus padres ciudadanos o vivan o no legalmente en el país.
Hoy, además, el Gobierno de Trump anunció un plan destinado a permitir la detención de indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, incluso indefinidamente, con el fin de frenar la avalancha de inmigrantes sin papeles que llegan de Centroamérica.
El Departamento de Seguridad Nacional explicó en un comunicado que la decisión, que será publicada en el Registro Federal este viernes y entrará en vigor en 60 días desde entonces, está destinada a poner fin al llamado Acuerdo Flores, que desde 1997 establece medidas de protección para los niños migrantes no acompañados, desde prestaciones sociales a períodos de detención máximos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, ese acuerdo "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años", pero se ha ido prorrogando sin que las Administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.
Con información de Reuters y EFE
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