Informe multipartidista sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz evidencia deterioro de la seguridad territorial

El martes 12 de julio, un grupo de congresistas de diferentes partidos políticos presentó el informe ‘No enreden la Paz’, un balance multipartidista de la implementación del Acuerdo Final de Paz entre la desmovilizada guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, en el que se evidencia un “deterioro general de las condiciones de seguridad territorial”, en especial de las regiones históricamente afectadas por la violencia.

El documento, que corresponde al décimo informe presentado por 18 parlamentarios de colectividades como la Alianza Verde, Polo Democrático, Centro Democrático, Cambio Radical, y los partidos Liberal, Conservador y de la U, señala que la “insuficiente destinación de recursos y de implementación legislativa ha repercutido de manera grave sobre el avance de los puntos” planteados en La Habana.

“El trabajo de control político de estos cuatro años nos ha llevado a concluir que este deterioro en las condiciones de seguridad se debe principalmente a dos factores: i) la ausencia de reformas profundas al sector seguridad que eran fundamentales para enfrentar el nuevo escenario operacional; y ii) la insuficiente voluntad política y capacidad para implementar en serio el Acuerdo de Paz”, indican los firmantes, que adelantaron 34 visitas a los municipios más afectados por la pobreza y el conflicto armado.

Asimismo, encontraron que el 36,6 % de los excombatientes que firmaron el Acuerdo Final de Paz aún no cuentan con proyectos productivos financiados por el Gobierno nacional para adelantar su proceso de reincorporación, al tiempo que evidenciaron que el número de proyectos individuales superó al número de proyectos colectivos, lo que dificulta la sostenibilidad de este proceso, sumado al asesinato de 315 firmantes.

Por otra parte, los congresistas encontraron que después de cinco años de implementación, el 44,6 % de las familias vinculadas al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no cuentan con proyecto productivo de ciclo corto y más del 97 % no tiene proyectos productivos de ciclo largo, y que de las más de 9 millones de víctimas registradas en el país tan solo el 16,5 % han sido indemnizadas.

“Una de las muestras más claras de la falta de voluntad política para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz fue la baja ejecución de recursos. De los 5,3 billones que el Gobierno tendría que destinar al año para la implementación de los PDET según el Plan Marco de Implementación, solo se ejecutaron al año 170,5 mil millones, es decir, el 3,2% de lo que se necesita para cumplir con lo acordado”, señala el informe.

A su vez, los parlamentarios encontraron que a cada mujer rural que fue beneficiaria con la adjudicación de tierras, se le entregó, en promedio, 1,73 hectáreas menos que a los hombres, al tiempo que encontraron que tan solo 33 % del total de las hectáreas normalizadas en el país beneficia a mujeres del campo.

“Entre 2017 y 2021 hubo un incremento del 5,5% en la tasa de homicidios a nivel nacional. Este crecimiento afectó especialmente a los municipios PDET en donde el aumento entre 2016 y 2021 fue del 38,9 %. Entre 2017 y 2020 hubo un incremento del 44,4 % en homicidios de líderes sociales y entre 2016 y 2021 del 278,9 % en el número de masacres. Entre 2017 y 2021 las víctimas de desplazamiento masivo aumentaron en un 478,7 %, las de minas antipersonal en un 157,6 %, y los homicidios de miembros de la Fuerza Pública en un 78,3 %”, concluyó el informe.

Dentro de los firmantes de este informe se encuentran Juanita Goebertus y Angélica Lozano de la Alianza Verde; Iván Cepeda del Polo Democrático; Gabriel Santos del Centro Democrático; Temístocles Ortega de Cambio Radical; Roosvelt Rodríguez del Partido de la y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal.

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