Registran nueva masacre en Yurilla (Putumayo) que deja tres hermanos muertos

En el municipio de Puerto Leguizamón, en el departamento del Putumayo, se registró la masacre número 18 del año en Colombia. Según Indepaz, los hechos se presentaron el pasado 5 de febrero cerca de las 11 de la noche. En este ataque de grupos armados ilegales murieron tres hermanos.

Las víctimas fueron identificadas como Aisten Jaguer García Pineda de 25 años, Reinel García Pineda de 22 años, y Orlando García Pineda de 18 años. Según señaló Indepaz, los tres hombres eran jóvenes campesinos de esa zona, conocida como El Basal.

Tres días después de esta nueva masacre, todavía no se tiene indicios sobre los responsables de estos actos de violencia.

Cabe destacar que el pasado 25 de enero, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 002/22, en la que ponía el ojo sobre esta región del país.

Según la alerta, están en riesgo 29.903 personas, ubicadas en las áreas urbana y rural del municipio de Puerto Leguizamón, localizado en la subregión del bajo Putumayo de la Amazonía noroccidental colombiana.

Las comunidades que habitan en este municipio del Putumayo se encuentran impactadas por la presencia de grupos armados ilegales y las disputas territoriales, que inciden sobre las posibilidades de permanencia en el territorio, en el desarrollo de sus actividades económicas de vida cotidiana y organizativas.

El mayor riesgo que corren niños, niñas, adolescentes y jóvenes se han convertido en el objetivo principal de los grupos delincuenciales, para engrosar sus filas y usarlos como los eslabones más débiles de la economía del narcotráfico en las áreas urbanas y rurales de Puerto Leguizamón.

Es preciso recordar que Efrén Ramos, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal de Yurilla (Putumayo), fue asesinado el pasado 2 de febrero en la misma zona donde murieron los tres hermanos. Según informó Indepaz, en el cuerpo de Ramos se encontraron signos de tortura. El asesinato de Ramo, sería el 19 de un líder social en Colombia durante 2022.

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“En el caso de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, se han identificado situaciones de riesgo, particularmente para quienes hacen parte de la Mesa de Víctimas; quienes impulsan los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito; participantes de organizaciones campesinas y dignatarios comunales”, se lee en la alerta 002/22 de la Defensoría del Pueblo.

En ese mismo sentido, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior coordinar una respuesta rápida para dar trámite a la alerta temprana y verificar y asegurar que se adopten medidas urgentes y preferentes en materia de prevención, disuasión, protección integral, atención humanitaria, mitigación de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades, a favor de cada uno de los grupos sociales vulnerables.

Entre los grupos que se identificaron como prioritarios de protección ante esta situación están indígenas; comunidades negras y afrocolombianas; mujeres; niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Para las niñas, adolescentes y mujeres se presentan factores de riesgo diferenciales por razones de género, por cuenta de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y por diversas expresiones de la violencia basada en género, ejercidas por los actores fuente de amenaza con presencia en este territorio.

Esta zona que atraviesa el río Caquetá se convirtió en punto estratégico para el tránsito de personas y armas. Por eso la región es objeto de enfrentamientos armados y hostigamientos a la población civil para el control territorial.

Con respecto a las dinámicas de frontera en las que se ubica este departamento, se identifican riesgos para la población refugiada y migrante en situación de vulnerabilidad, que también ha usado esta ruta para ingresar al país o dirigirse a Ecuador o Perú, sin conocimiento real del territorio

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