Radican demandan contra la Ley de Seguridad Ciudadana

El pasado 25 de enero el presidente Iván Duque sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana que calificó como “un triunfo de la legalidad”. “Es una norma novedosa, precisa y que cierra brechas a la criminalidad”, dijo el mandatario.

Pero esta ley ha despertado controversia desde el momento en que fue anunciada desde la Casa de Nariño. Una de las principales críticas es que abre la puerta al uso de armas siempre que sea en defensa propia “contra injusta agresión” y la estigmatización a la protesta social.

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Este 2 de febrero líderes del Partido Alianza Verde, encabezados por el congresista Antonio Sanguino, solicitaron a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la “Ley de Seguridad Ciudadana” por populismo punitivo.

“La legítima defensa tiene unos requisitos y una naturaleza que son desconocidos por la ley de “seguridad ciudadana”, el derecho penal no puede ser modificado por un capricho de este gobierno y sus mayorías en el Congreso”, es uno de los argumentos presentados en la acción que llegó a la Corte Constitucional.

“Desconocer la racionalidad en el uso de la fuerza, es atentar contra las bases mismas del Estado de derecho y esto abre una puerta peligrosa, en la que los ciudadanos busquen justicia por mano propia con el pretexto de defender sus derechos.” Recalcó el senador Antonio Sanguino.

Según los accionantes, este artículo desconoce a propósito lo ya establecido en la norma penal al dejar de manera amplia lo que se puede considerar como “legítima defensa” la cual ya no dependerá de la proporcionalidad de los medios usados, sino de si los bienes de la persona que fueron afectados por un tercero.

“De esta forma, la ley amplia la legítima defensa y legaliza la autodefensa. En pocas palabras, el proyecto facultad a la persona a “matar” Introducir el concepto de “legítima defensa privilegiada” abre la puerta a que se mate a alguien por simplemente “saltar una cerca y tomar unas frutas”. Argumentan.

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Los accionantes afirman que esta ley, recién aprobada y sancionada, pretende limitar el derecho a la protesta y el desarrollo de esta actividad, con una lógica de persecución a los manifestantes.

Según informa el partido político, hay vacíos normativos en la ley “al crearse el agravante por el uso de máscaras o elementos que oculten o dificulten la identidad, se está estigmatizando y prohibiendo el uso de elementos normales para expresarse y en ese sentido que quedó la norma, usar tapabocas, puede ser un agravante”, comentan en su demanda.

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“La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha dejado claro que la criminalización por la obstrucción de vías no puede ir en contra de la protesta social pacífica. De igual forma, al hacer mención al uso de las capuchas, ha sido clara en señalar que las capuchas, per se, podría no ser inconstitucionales en el sentido de que otros tipos penales tienen agravantes similares cuando se oculta la identidad.” se puede leer en el documento que fue radicado el día de hoy.

Por su parte, Gabriel Cifuentes, uno de los accionantes y candidato a la Cámara de Representes de Bogotá por la Alianza Verde señaló que, “la ley de seguridad ciudadana no resuelve nada y es más de lo mismo. Es una política criminal fracasada que plantea que aumentando las penas se resuelven los delitos”.

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