Pares revela quiénes son los 127 precandidatos al Congreso con serios cuestionamientos

Según el informe de la Fundación Paz & Reconciliación, de los cuestionados solo uno estaría pendiente por definir su partido: Hugo Aguilar Villa, miembro del Clan Aguilar en Santander

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Vista general del Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Vista general del Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) reveló un nuevo informe de cara a las elecciones legislativas de 2022. En el documento exponen que hay 127 precandidatos y precandidatas de diferentes partidos y movimientos políticos que buscan ganar una curul en el Congreso pero que tienen fuertes cuestionamientos.

Según el informe, en algunos casos se trata de la reelección de aquellas personas que han sido señaladas en elecciones anteriores y que permanecen en su curul a pesar de las investigaciones que tienen en órganos judiciales y de control; pero en otros casos, se trata de personas herederas de clanes políticos y de estructuras asociadas con graves escándalos de corrupción; e incluso, se cuentan también diversos precandidatos y precandidatas que tienen investigaciones propias en su contra.

De los 127 precandidatos cuestionados solo uno estaría pendiente por definir su partido: se trata de Hugo Aguilar Villa, miembro del Clan Aguilar en Santander (hijo del condenado por parapolítica Hugo Aguilar y hermano de Mauricio y Richard Aguilar, capturado recientemente).

En el top 5 de partidos con la mayor cantidad de precandidatas y precandidatos relacionados y que tienen cuestionamientos se encuentran: el Partido Conservador (26 precandidaturas cuestionadas), Partido de La U (24), Partido Liberal (24), Cambio Radical (24), y Centro Democrático (17), según lo evidencia Pares.

“Pares advierte que, si bien estos precandidatos no cuentan con el aval de estos partidos, ha sido una constante que se repite en cada elección; y, además, que este escenario hace evidente que los partidos políticos deben empezar a revisar los procesos de selección de sus candidatos para no seguir poniendo en riesgo la democracia”, se lee en el informe.

La fundación registró que, de las 127 precandidaturas cuestionadas, en su mayoría (54) cuentan con investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales. Otras cuentan investigaciones o denuncias por presuntos hechos de corrupción (21); son herederos o herederas de clanes políticos o casas políticas con cuestionamientos (22); son herederas o herederos de parapolítica (22); tienen presuntos nexos con grupos armados organizados (8); o han heredado caudales políticos derivados de Odebrecht (2).

Es el caso de René Leonardo Puentes, precandidato al Senado por el Partido Alianza Verde y quien llegó a la Alcaldía de Yopal tras la celebración de elecciones atípicas, luego de que el alcalde electo, John Jairo Torres o John Calzones, renunciara a raíz de las investigaciones en su contra. Actualmente, es investigado por presunta celebración indebida de contratos, prevaricato por acción y tráfico de influencias al hacer nombramientos presuntamente irregulares en la Empresa Industrial y Comercial del Estado CEIBA.

También aparece León Fredy Muñoz, que en junio de 2018 fue detenido en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, con 160 gramos de cocaína, aunque después fue dejado en libertad por orden de una jueza. Frente a esto, Muñoz ha respondido que es víctima de un montaje.

En la lista también aparece Arturo Char, actual senador de Cambio Radical que repetiría curul. Está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción electoral debido su presunta relación con el caso denominado ´casa blanca´: una empresa criminal de compra de votos utilizada en las elecciones de 2018 por la condenada excongresista Aída Merlano.

Por el Centro Democrático aparece Santiago Valencia, hijo de Fabio Valencia Cossio, investigado por parapolítica, y sobrino de Guillermo Valencia Cossio, exfiscal condenado por favorecer a narcotraficantes en procesos judiciales en su contra. Según Pares, en el sistema de consultas de la rama judicial aparece un proceso penal privado a su nombre, en el despacho de la Corte Suprema de Justicia.

Vea el informe completo aquí:

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