Contraloría embargará a Centros Poblados para recuperar los $70.000 millones que le entregó MinTIC

“La norma nos permite resguardar hasta $140.000 millones”, aseguró el contralor General de la Nación, Felipe Córdoba, sobre el proceso que iniciará contra la unión temporal

Carlos Felipe Córdoba.  (Colprensa - Álvaro Tavera)
Carlos Felipe Córdoba. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Contraloría General de la Nación ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Centros Poblados y de funcionarios del Ministerio de las TIC por el cuestionado contrato que entregó esa cartera, llegando a desembolsar 70 mil millones de pesos como anticipo, y que según la unión temporal ya fueron invertidos en equipos tecnológicos.

Felipe Córdoba, jefe de la entidad, informó este jueves que embargarán los bienes de los contratistas que recibieron el anticipo para resguardar ese dinero.

“No solo se trata de resguardar con embargos los $70.000 millones que se entregaron como anticipo. La norma nos permite resguardar hasta $140.000 millones”, dijo el contralor.

Córdoba agregó “que estamos verificando, y yo pido que entiendan la reserva del caso, es que tenemos que verificar las cuentas, los datos, mirar qué es lo que se tiene dentro del proceso”.

Valga señalar que, se presume que Centros Poblados no estaría diciendo la verdad sobre el paradero del multimillonario anticipo que le entregó el MinTIC. Según los contratistas, 58.000 de los 70.000 millones de pesos que recibieron ya se destinaron a la compra de equipos a una empresa en Estados Unidos, llamada Nuovo Security.

No obstante, y según información revelada por el diario El Tiempo, esa empresa, con sede en Delaware, tiene como socio mayoritario (70 %) a Juan Carlos Cáceres Bayona, quien a su vez es dueño de Funtics (antes Novatics), empresa que hace parte de la unión temporal que se ganó el contrato para proveer de Internet a los colegios públicos de 15 departamentos.

Dicha empresa es una organización que, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa, fue fundada en 2016, con seis empleados, sede física en la Florida y fiscal en Delaware, que es conocido como un paraíso fiscal.

Además se supo que sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020, cuando enviaron un cargamento de cámaras desde China, compradas por una empresa conocida como VIRTUAL TICS SAS.

Según Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los 197 mil dólares. “Muy poco. Casi nada. Ahora, de repente, les dieron 15 millones de dólares”, se cuestionó Espinosa, quien agregó que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2.500 dólares, que se traducen a unos nueve millones de pesos.

“Nuovo Security tiene lo que parece ser una página web. Pero no. Compraron una plantilla, le cambiaron unos textos y listo. No tiene seguidores en Facebook y en Instagram no funciona el enlace. No tiene teléfono de contacto, ni información sobre quiénes son. ¿Lo más grosero de todo? Los textos en la página están mal escritos. Hay errores de ortografía, como escribir mal la palabra ‘equipment’ en inglés. Hay problemas de concordancia, de redacción. Es una cosa grosera, vulgar, chambona”, señaló el periodista.

Entre tanto, los otros 12.000 millones de pesos fueron a parar a Inselsa SAS, una firma barranquillera que, como lo evidenció W Radio, tiene una porción de las acciones de ICM Ingenieros, la empresa que presuntamente compró Emilio Tapia en octubre de 2020 y que también hace parte de Centros Poblados.

Fue el 10 de diciembre de 2020, un día después de que MinTIC adjudicara el contrato a Centros Poblados, que se registró el cambio de representante legal de ICM Ingenieros, por lo que en el contrato quedó como representante Jeremías Olmedo Cabrera y no Herles Ariza, quien fue el designado presuntamente por Tapia para administrar su nueva compañía.

Cabe recordar que, Tapia, conocido como “El zar de la contratación”, fue uno de los contratistas que estuvo involucrado en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, responsable de lavar el dinero proveniente de la corrupción en los contratos y comprar bienes usando testaferros para ocultar esos dineros.

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