La historia del mayor del Ejército que hizo pasar víctimas de las autodefensas como guerrilleros caídos en combate

Los hechos, por los que fue sentenciado el mayor César Aníbal Ortiz Hernández, a 18 años de cárcel, fueron el 9 de noviembre de 2004 en el corregimiento el Jordán del municipio de San Carlos, en Antioquia. Esta semana la JEP aceptó su sometimiento.

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/ Colprensa
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Tras conocerse el delito por parte del uniformado, el pasado dos de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia ratificó la pena de 18 años de prisión, por la ejecución extrajudicial del campesino Faibel de Jesús Quiceno Duque, quien vivía en la vereda Agua Bonita del municipio de San Carlos, y de alias ‘Salinas’, exintegrante de un grupo paramilitar, a quienes hizo pasar como si fueran integrantes de las Farc.

En su momento, la defensa de Ortiz buscaba una rebaja en su condena, pues afirmaba que lo procesaron por un delito errado, homicidio en persona protegida, cuando él lo que hizo fue “recoger” dos cadáveres entregados por paramilitares para presentarlos como caídos en combate.

“Se evidenció dentro del proceso que los homicidios fueron cometidos por un grupo de paramilitares, sin que exista prueba alguna que involucre en su realización al acusado mayor Ortiz Hernández, habiéndose sostenido la condena en su ampliación de indagatoria, en la que no reconoció acuerdo alguno con los ejecutores y sí aseveró que aceptaba su responsabilidad penal en los homicidios con el propósito de proteger a otras personas”, sostuvo la defensa de Ortiz en 2015.

No obstante, la Corte Suprema señaló que en el acta de aceptación de cargos suscrita por el procesado Ortiz Hernández, se dejó consignada su relación con el comandante del grupo paramilitar conocido por el alias de ‘El Tigre’, con quien concertó el homicidio cometido sobre los dos hombres, para después ser presentados por el oficial del Ejército Nacional como dados de baja en combate.

Luego de seis años de esta sentencia, el pasado 29 de abril, se conoció que la sala de definición de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- confirmó que haría el sometimiento del mayor Ortiz.

De acuerdo con el expediente, emitido por la JEP: “Han variado, finalmente, los militares encausados su versión de los hechos, dando a conocer, que los cuerpos de los occisos, fueron dejados por los grupos paramilitares, en dicha vereda y atendiendo orden del teniente Ortiz, se simuló un combate, para proceder, a presentarlos, como muertos en acción militar.”

Según lo informado por W Radio, el militar, quien comandaba el Batallón Especial Energético Número 4 de la Cuarta Brigada en Antioquia, se encuentra actualmente en libertad y asimismo, informó que su sometimiento ante el tribunal se había iniciado desde el 2017.

Tras dar aceptación a este caso, dentro de las obligaciones que le impuso la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- se encuentra que deberá suscribir el acta de compromiso con la verdad y en un plazo de 20 días en lo que que tendrá que desglosar su plan de contribución, y además en el que tendrá que entregar detalles del crimen y otros posibles, sobre los que tenga conocimiento, para así contribuir a la verdad y a la reparación de las posibles víctimas de su actuar delictivo.

En otras noticias relacionadas con este mecanismo de justicia transicional, se conoció que dejó en firme su rechazo la solicitud de sometimiento a Samuel e Iván Moreno Rojas, indicados del carrusel de contratos en Bogotá, pues el tribunal indicó que los procesos judiciales que existen en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y su hermano, exsenador, no son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según la Sección de Apelación del alto tribunal al resolver el recurso interpuesto por ellos después de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó, en junio de 2020, su solicitud de sometimiento a la JEP. Para el órgano, el conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados y por los que se encuentran privados de la libertad. Tampoco les dio capacidades para incurrir en las conductas ilegales, ya que estas estaban dadas por su trayectoria política, lo que les permitió acceder a cargos del Estado. Tampoco hay evidencia de que los dineros apropiados fueran para favorecer a alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado o para obtener una ventaja militar.

“Aunque es claro que los Moreno quieren comparecer ante la JEP y recibir beneficios, su argumento es ser víctimas de un complot de carácter político que, según ellos, se hace evidente en circunstancias que se relacionan con la confrontación armada que por más de 50 años ha vivido Colombia. En ese sentido, advierte la Sección de Apelación, los solicitantes no plantean hipótesis de relación de las conductas que se les atribuyen y el conflicto armado”, indicó la JEP en un comunicado.

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