En la tarde de este 9 de marzo, el Ejército Nacional confirmó la liberación de los nueve militares que desde el pasado 8 del mismo mes habían sido retenidos por un grupo de indígenas de la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó – Medellín. El acto se dio luego de negociaciones del comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz, junto a delegados de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y líderes sociales.
Sin embargo, causó revuelo un trino del expresidente Álvaro Uribe frente a lo que debería ocurrir en estos casos. El consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, escribió sobre este tema: “Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico. Delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad, y que se esconden en algunos resguardos transformados en santuarios del crimen. Urge reforma constitucional”.
A lo que el exsenador Uribe agregó: “Donde tengan secuestrado a un soldado, o a cualquier ciudadano, que entren las Fuerzas Armadas a rescatarlo, así sea en un resguardo indígena”.
Muchos tomaron este trino como violento, en casos donde la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han logrado mediar para resolver este tipo de conflictos en las regiones que se presentan entre el Ejército y los pueblos indígenas.
Los militares, que fueron entregados a la comisión de la Defensoría del Pueblo están en buenas condiciones físicas y de salud, sin embargo, serán trasladados a Quibdó donde serán sometidos a exámenes médicos y psicológicos para descartar cualquier situación.
Los retenidos, de acuerdo con el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, hacen parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y fueron abordados por los indígenas en la vía Quibdó - Medellín.
Entre acusaciones por secuestro
Zapateiro afirmó a los medios de comunicación que está buscando una salida negociada con la comunidad indígena, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. El comandante, sin embargo, fue enfático en que se trata de un secuestro:
“Es un secuestro cuando alguien detiene a los soldados en esas labores que son constitucionales. Somos respetuosos de sus situaciones especiales que manejan los indígenas y por eso le di órdenes al general Juvenal para que fuera personalmente a manejar esta situación con el gobernador indígena”.
Sin embargo, el gobernador del resguardo indígena El Consuelo en el Carmen de Atrato (Chocó), Alfonso Queragama, se pronunció ante los hechos y aseguró, a RCN Radio, que no se trata de un secuestro. Además, cuestionó la forma de actuar de los militares en esa región del país, tras las denuncias de las comunidades nativas sobre atropellos cometidos por parte de la fuerza pública.
“Esto no es secuestro. La verdad es que mientras que el coronel del Chocó habla del secuestro, ellos nunca se pronuncian de las heridas que han causado a la Guardia Indígena y eso sí no se dice”, indicó el líder indígena.
Asimismo, manifestó que el había sido uno de los heridos en medio del enfrentamiento que se presentó en las últimas horas, pero que “hasta el momento no tenemos personas graves”. El vocero de la comunidad aclaró que los militares retenidos estaban persiguiendo a la población desplazada.
“Para nosotros no es fuerza pública quienes persiguen a la población desplazada, ahí no se presentó enfrentamiento en el resguardo ni en la comunidad, solamente hubo un tiroteo entre el grupo desconocido con la Guardia, la verdad es que no se tuvo combates”, explicó al medio.
Respecto a las condiciones en que se encuentran los soldados, Queragama admitió que en un principio fueron amarrados, sin embargo, posteriormente les soltaron de las manos y les brindaron todas las atenciones.
“Ellos amanecieron en la casa sin estar amarrados. Con el apoyo de la Personería se les brindó comida y colchonetas a los soldados y nos dijeron que había amanecido bien”, confesó.
Se conoció que en las próximas horas serían liberados los nueve soldados que fueron retenidos mientras cumplían una misión operacional contra grupos armados organizados en esa región del país.
“Al lugar se dirige el comandante de la brigada y líderes de la comunidad indígena, para que los soldados continúen con su misión constitucional”, explicó el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus, a RCN Radio.
Asimismo, explicó la situación en la que se presentó la retención, dejando en claro que los soldados si se encontraban en una misión y no detrás de la población desplazada, como afirmó Queragama.
“Aquí se monta toda la operación militar con toda la inteligencia y cuando están cerca a la ubicación de estos bandidos, dos indígenas entran donde se encuentra la tropa observando. Salen de ahí gritando hacia el Cabildo y se escuchan unos disparos de arma corta como una especie de advertencia. El sargento procede a llamar al comandante del batallón a decirle que los habían detectado, le comunican que se retire hacia la carretera porque ya no tenía propósito la operación y evitar problemas con los indígenas”, contó.
Respecto a la situación jurídica, Mateus manifestó que el Ejército demandará a las comunidades indígenas que estuvieron involucradas en esta desagradable situación.
“Esto se constituye en un delito, no hay ninguna norma que le permita a las autoridades indígenas retener personas contra su voluntad y menos funcionarios públicos. Pensamos con nuestros jurídicos que acá se configura el delito de secuestro, asonada, violencia contra servidor público y estamos revisando tortura. Vamos a poner las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó.
La retención tendría relación con el desplazamiento de 17 familias de la comunidad Consuelo Bajo, este 8 de marzo, tras la incursión de estructuras armadas al margen de la ley.
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