Un juez de Soacha confirmó, en la tarde del 19 de febrero, la medida de aseguramiento domiciliaria para Aleida del Pilar González, Jorge Eliécer Suárez Orduz y Gabriel Ruiz Moreno, los tres policías involucrados en la muerte de ocho personas tras el incendio de un CAI en el barrio San Mateo, de dicho municipio.
Según determinó el togado, “el despacho señala que considera necesaria la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad”, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los que se les acusa y por los que también les investiga la Procuraduría General de la Nación.
De hecho, la decisión del juez va en línea con lo solicitado por el Ministerio Público, dejando de lado la petición de la Fiscalía General de la Nación, que pidió que fueran enviados a prisión y que, por ende, terminó apelando la decisión, por lo que ahora será revisada por otro juez.
Este último, informó el diario El Tiempo, tendrá que lidiar además con el recurso de reposición interpuesto por el abogado de uno de los procesados.
Vale recordar que, la Fiscalía les imputa a los uniformados cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio. Durante la audiencia, la representante del ente acusador señaló que, ”ellos pudieron evitar ese resultado (la muerte de los detenidos), tenían la posibilidad de actuar, pero no lo hicieron”.
Dichos cargos fueron imputados por la entidad en audiencia el pasado 18 de febrero. Sin embargo, los tres policías se declararon inocentes. Eso, a pesar de que la fiscal presentó los videos en los que se observa la desesperación de los internos que piden ayuda para que salir de la celda, por lo que pidió al juez primero de Soacha que asegure a los uniformados con medida privativa de la libertad.
Es que, según un informe de Noticias Caracol, los abogados del grupo de uniformados quieren llevar la investigación a la Justicia Penal Militar porque, según ellos, los implicados no tenían ninguna capacitación para cuidar a personas privadas de la libertad e insisten que no debe ser la justicia ordinaria la que juzgue a estos policías.
A pesar de ello, la Fiscalía insiste en que, según varios testigos, los sindicados tuvieron que ver con el inicio de la conflagración: “Los policías dijeron ‘pues quémense’, y con unas llaves empezaron a moverlas en frente y dijeron ‘quémense’, yo estaba doblando las cobijas de atrás”, contó en la audiencia Narda González, procuradora delegada para este caso, y quien obtuvo este testimonio de uno de los jóvenes sobrevivientes.
Según primeras investigaciones, en la escena de los hechos, que ahora se convertiría en la escena de un crimen, se encontraron rastros de gasolina, lo que habría desatado la propagación masiva del fuego. Así mismo, quedó reportado que, según testigos del caso, no hubo mucho esfuerzo humano, por parte de las autoridades, de salvar a los jóvenes dentro del CAI.
Como agravante, los funcionarios del Ministerio Público argumentan que tanto el teniente César Martínez como la subteniente Aleida González, quienes se desempeñaban como comandante y subcomandante de la estación de Policía, no habrían impartido las órdenes necesarias para evitar las lesiones de tres de los detenidos y la muerte de las ocho personas restantes que compartían la celda.
El concejal de Bogotá Diego Cancino, uno de los primeros en denunciar los hechos, le dijo al informativo colombiano que “rechazamos tajantemente la petición de esos abogados al pedir que se pase la investigación de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción penal militar, están pidiendo que el caso quede en la impunidad”.
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