“La meta para 2021 son 800 mil venezolanos regularizados”: Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia

El líder de la autoridad migratoria habló de cómo será el manejo de los extranjeros que tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana y de qué manera cabe esta población en el Plan Nacional de Vacunación.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, habló con Infobae acerca de las metas de regularización de venezolanos y el lugar de esta población en el Plan Nacional de Vacunación. Foto: Colprensa
Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, habló con Infobae acerca de las metas de regularización de venezolanos y el lugar de esta población en el Plan Nacional de Vacunación. Foto: Colprensa

El pasado 8 de febrero, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, informó de la creación de un Estatuto de Protección Temporal para migrantes, que podría llegar a beneficiar a más de dos millones de venezolanos. Dicha medida tendrá una vigencia de 10 años y permitirá que los migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio puedan permanecer de manera regular en Colombia.

Se trata de un instrumento jurídico que proviene de las recomendaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y cuenta con dos antecedentes históricos: el proceso migratorio en Estados Unidos por la llegada de ciudadanos de naciones centroamericanas y la afluencia de refugiados en Turquía.

Fundamentalmente, lo que se hizo fue aterrizar estos parámetros a la realidad colombiana. En ese aterrizaje, el gran desafío de un Estatuto Temporal es facilitar la regularidad de los extranjeros venezolanos en el país que, en su mayoría, no cuentan con los recursos para llevar a cabo un proceso de visa para trabajar o estudiar.

Ante la decisión histórica del gobierno Duque, Infobae habló con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, para conocer en detalle cuáles son las excepciones a la regla, cuántos extranjeros se espera regularizar en el transcurso del año y cómo será su lugar en el Plan Nacional de Vacunación.

¿El proceso será presencial o virtual? De ser presencial, ¿en qué lugares se convocarán a los venezolanos?

Realizamos este proceso en dos fases. Una primera fase en la cual lo que hacemos es, por medio de terminales informáticos, tabletas, computadores y celulares, recoger una información básica del migrante -directamente desde el migrante- y se realiza una caracterización socioeconómica a partir de una encuesta. Este punto se hace porque realmente no podemos construir políticas públicas con destino a quien no conocemos. Es muy difícil acertar en generación de posibilidades cuando estás apuntando a algo incierto.

Lo que la caracterización socioeconómica hace es orientarnos en torno el nivel de educación del migrante, cuál es su composición familiar, cuál es su estado de salud y qué tipo de padecimientos tiene, etc. Todo esto se hace virtual. La idea es tener un factor multiplicador en donde se pueda hacer desde cualquier computador, celular o tableta. Estamos trabajando en la conformación de unas especies de brigadas que nos permitan la mayor cobertura posible.

En la segunda fase, nos concentramos en no solo la incorporación de la información en el registro único, sino cómo le damos una identidad al migrante venezolano que facilite su proceso de construcción de confianza con la sociedad. Agregamos identificación biométrica porque, como tenemos ausencia de identidad, necesitamos que todos los migrantes tengan sus huellas digitales registradas, sus registro fotográfico y su iris. Esto es para lograr una plena identificación en territorio nacional que permita una multiplicación de oportunidades en inclusión y seguridad social, generación de mayor confianza con sector financiero, inclusión en el sector educativo y, también, que faciliten los procesos de judicialización en los casos que se presenten actividades delictivas. Este proceso es presencial ante la autoridad migratoria.

¿Qué recintos tienen dispuestos para la implementación de la fase dos y dónde estarán ubicados?

Migración Colombia tiene unos lugares que se llaman centros facilitadores que están a lo largo y ancho del territorio nacional. Esos procedimientos se hacen en nuestros centros facilitadores, en los puestos de control migratorio y, adicionalmente, estamos trabajando en mecanismos móviles en los que se pueda apalancar ese proceso.

Después de los 15 días de la publicación para comentarios previa al Estatuto final, ¿cuándo iniciarán los esfuerzos de regularización?

Cada comentario tiene que ser contestado. Se empieza a contestar uno por uno y se van haciendo ajustes en el Decreto, si son pertinentes. Pasado eso, se va a sanción presidencial y el presidente lo firma. El Decreto establece un término de 90 días para la puesta en funcionamiento para la reglamentación que tiene que sacar todo el mundo. El Ministerio de Trabajo tiene que hacer sus ajustes, Salud también, en los cuales todos venimos trabajando pero se tiene que hacer realidad. Nosotros tenemos que tener habilitadas las plataformas tecnológicas en las que ocurrirá la fase uno. ¿Cuándo van a empezar los venezolanos a hacer la fase uno? En este primer semestre. ¿A quiénes les va a quedar mucho más fácil? A los migrantes regulares, de los que tenemos más información.

Se supo que se ha tenido que adquirir equipos de biometría para adelantar el proceso. ¿De cuánto fue la inversión para poder llevar a cabo esta iniciativa?

Esta fue una licitación que hicimos el año pasado y es también un proyecto de Migración. Invertimos 14 mil millones de pesos el año pasado y para este año se proyectan 21 mil millones de pesos adicionales. Ya los equipos se adquirieron, se nacionalizaron, se instalaron y esta semana estamos en ajustes de software de estos equipos.

El 31 de enero es la fecha límite de entrada para la regularización de aquellos migrantes que ingresaron por trocha. Colombia no tiene un registro exacto del número de personas que ingresan, con aproximadamente 300 diarios por Norte de Santander. ¿Cómo se determinará que los migrantes han entrado al país de manera irregular posterior a la fecha límite?

El grupo destinatario del proceso es triple. Primero, migrantes regulares que están con algún tipo de permiso en Colombia. Segundo, migrantes irregulares que entraron antes del 31 de enero de 2021. Tercero, migrantes que ingresen por punto de control migratorio en los primeros dos años de vigencia del Estatuto. El Decreto prevé que los que entraron antes del 31 de enero deben probar sumariamente que así estuvieron. Es un desafío enorme. Ahí aplicamos una flexibilidad probatoria que, a manera de ejemplo, puede darse así: padre acudiente de niño que estaba estudiando en Colombia el semestre pasado o este semestre. Está claro que estaba en Colombia. Otro ejemplo es aquellos quienes sufren un accidente y tienen un documento que lo soporte. Eso también nos sirve. Esa es la parte regulatoria en la que estamos trabajando para dar unas luces jurídicas seguras para que la población migrante pueda demostrar esta permanencia en Colombia. Los migrantes que entren después del 31 no son sujetos del Estatuto Temporal de Protección. El Estatuto no puede ser una herramienta que incentive la migración irregular, por eso creamos el tercer grupo y por dos años. Término más que suficiente para que ingresen de manera organizada al territorio nacional.

Se habla de más de 1.7 millones de venezolanos en el país y una posible apertura de la frontera en marzo. ¿El país sabe qué hacer ante un posible flujo mayor de migrantes incentivados por la medida del Gobierno, que da hasta dos años para que dicha población se acoja?

La reapertura de frontera es una decisión que se toma por parte del presidente, previo a verificación de diversas variables. Hoy en día, la variable que más peso tiene es la de salud por la situación de la pandemia. ¿Qué es lo que se mira muy concretamente? La oferta de salud, la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, ventiladores y centros hospitalarios. En la medida en que sigan altas las ocupaciones, no podemos abrir frontera porque no sería una medida responsable. Tenemos plena claridad que apenas se abra la frontera, habrá una llegada masiva de población venezolana al país. En este mes estamos evaluando y se toma la decisión si se abre, en qué condiciones se hace, o si se posterga un poco más la reapertura.

En efecto, cuando se abra la frontera, con o sin Estatuto Temporal, va a haber una entrada masiva de población migrante venezolana. Gran parte de los bienes y servicios que se consumen en Venezuela están en Colombia. Lo que estamos revisando y trabajando son alternativas de apertura gradual o mecanismos que permitan controlar flujos pensando en pandemia, evitando aglomeraciones y aplicando un tamizaje correcto en salud. Frente al Estatuto Temporal, por eso se ha establecido el término de dos años para hacer un proceso de dosificación. Ambas medidas van a ser armónicas.

Se sabe que por ley los migrantes venezolanos no podrán votar por su condición de extranjeros. Ahora, ¿a qué derechos sí tendrán acceso con su regularización?

Por la Ley 1070 de 2008, los extranjeros no pueden participar en elecciones presidenciales. La preocupación por el debilitamiento de la democracia es totalmente improcedente porque hay una prohibición legal. El Estatuto Temporal sí acaba con un mal incentivo que se estaba presentando. La población migrante, para poder quedarse, estaba recurriendo a documentos falsos o la obtención fraudulenta de documentos. Eso cesa porque ya quedan protegidos por el estatus temporal. Hay un fortalecimiento de la democracia.

Los migrantes tendrán derecho a trabajar, a adquirir activos, a desarrollar actividades comerciales, a la educación y al ingreso al sistema de seguridad social, muchos en el sistema subsidiado y otros al contributivo a medida que superen su situación de ingreso. Por supuesto, Colombia tiene restricciones particulares para cierto tipo de desarrollo de actividades que no pueden ser por extranjeros, pero son disposiciones muy específicas de rara aplicación u ocurrencia. En el mismo sentido, están sujetos a todo un régimen de obligaciones. El Estatuto no es de aplicación o de otorgamiento global. Esto es un trabajo uno a uno.

¿Qué pasa con los venezolanos irregulares que han cometido delitos o que tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana?

En donde uno encuentre migrantes que, por ejemplo, tengan problemas con la justicia colombiana siendo deportados o expulsados, se les puede negar el Estatuto y pueden ser objeto de expulsión, deportación o judicialización. La posición de Migración Colombia es que el delito no tienen nada que ver con nacionalidad. Persona que cometa un delito, debe ser objeto de judicialización. Si un migrante venezolano, peruano, ecuatoriano o inglés comete un delito en Colombia, no puede ser objeto de expulsión como medida máxima. Debe ser presentado ante un juez para la respectiva acusación y toma de decisión. Si se detecta un migrante con una orden de captura, lo menos grave es que se le niegue el Estatuto. Inmediatamente, se captura y se lleva a la autoridad para que responda. Puede ser un tema que no sea penal. Puede que una persona, por ejemplo, se presente para obtener su EPS o su estatus de protección y aparezca que había sido expulsado un año antes. Esa persona no puede ser objeto de otorgamiento del estatus porque ya tiene un comportamiento negativo registrado en Colombia.

¿Los migrantes acogidos harán parte del Plan Nacional de Vacunación? ¿En qué etapa se les hará lugar?

Sí y en el mismo orden de vacunación que tenemos los colombianos, para lo cual se requiere la caracterización socioeconómica. Como lo indicó Iván Duque, los migrantes regulares hacen parte del sistema de vacunación normal como sucede con un mexicano que está en Colombia. Sabemos y conocemos que el orden de vacunación no tiene nada que ver con nacionalidad, sino con el estado de salud y edad, principalmente. Con los irregulares, a medida que se vaya dando este proceso de regularización y que contemos con la información socioeconómica, van entrando en la fase que corresponda del ciclo de vacunación normal. Hacen parte del mismo sistema en el que estamos todos los demás.

¿Cuál es la meta de normalización para 2021? ¿A cuántos venezolanos se plantea acoger en un término de dos años?

Voy a empezar por una aclaración. El estatus temporal es una ventana de oportunidad de diez años. Dentro de esos diez años, los migrantes venezolanos tienen que pasar a un régimen ordinario o de visa. Agotados los diez años, quien no pasó queda en irregularidad. ¿Cuánto creemos nosotros que va a terminar siendo esto en los dos primeros años? Podemos llegar a los 2.5 millones. Pero hay que poner un gran asterisco. Siempre va a depender de la situación en Venezuela. Cada vez que en Venezuela se cometa algún tipo de atropello o se genere un deterioro masivo, resulta en una hiperpresión de migración hacia Colombia. Es una sensibilidad enorme. Ese número puede variar sustancialmente, sin embargo, el promedio que veníamos trayendo en 2019 de ingreso adicional de migrantes era 170 mil por año. Diríamos que son 340 mil en los dos primeros años, pero pensamos que puede ser superior hasta llegar a 2.5 millones de migrantes.

¿Cuál es la meta? Que en estos dos primeros años logremos cubrir los a 1.8 millones, este año muy concentrados en 800 mil migrantes regulares. ¿Por qué se nos corre la meta de los dos primeros años? Por la ventana que estamos dejando para la migración regular futura.

La meta es el inicio en primer semestre y lograr concentrar la mayor cantidad de los 1.7 millones este 2021. Por eso hablo de los 800 mil como meta para 2021 abarcando lo que más se pueda la población actual.

¿Qué pasa en diez años si no existe una prórroga del Estatuto? ¿Los que no busquen visa quedarán en irregularidad?

Así es. En el escenario de diez años va a haber diversas variables. Habrá algunos que quieran irse hacia un tercer país, otros que quieran permanecer en Colombia y otros que quieran volver a Venezuela. De todo corazón, esperamos que en estos diez años se restablezca la democracia en Venezuela y eso cambiaría todo este escenario.


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