Luego de más de dos meses desde que el Congreso aprobara el proyecto de ley con el que se buscaba establecer que los delitos sexuales cometidos hacia los menores de edad no prescribieran, el pasado miércoles, el presidente Iván Duque sancionó la norma con la que se deberá modificar el artículo 83 de la ley 599 del 2000 del Código Penal, para que los delitos de agresión sexual contra los menores no tengan ningún límite de tiempo en el que puedan ser investigados y sancionados.
En la anterior legislación, dichos delitos prescribían a los 20 años, es decir, a partir del momento en el que la víctima cumplía la mayoría de edad. A partir de ayer, no existirá un fecha límite para indagar en estos casos y efectuar la respectiva pena.
Ante esto, Medicina Legal, instituto de análisis forense colombiano, reveló los datos de abuso sexual a menores en 2020 y explicó que las cifras no muestran del todo el panorama de abuso sexual en Colombia, ya que la mayoría de estas incidencias no se reportan a las autoridades.
Según la autoridad, tal como reporta CM&, en 2020 se reportaron 15.359 casos de violencia sexual perpetrados a menores de edad. Eso quiere decir que, diariamente, se presentaron 42 casos de este delito en el país. Estos casos son más incidentes en niñas, las cuales registran 13.011 casos y cerca del 84% del total. Por otro lado, 2.304 varones fueron víctimas de este crimen.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los casos se concentran en menores entre los 10 y 14 años de edad, con 7.257 reportes. Le siguen entre 5 y 9 años, con 4.063 casos; de 15 a 17 años, con 2.316; y finalmente de 0 a 4 años, con 1.723 registros.
De acuerdo con El Tiempo, la mayoría de victimarios son personas dentro del núcleo familiar. Entre los más incidentes, están los padrastros y padres de los menores, mostrando alta inseguridad al interior de los hogares colombianos.
Sin embargo, esta cifra se disminuyó con respecto a 2019. En el año anterior al último reporte, se presentaron 22.603 casos de este delito, para el cual 19.278 niñas fueron víctimas. En un porcentaje minoritario, 3.325 niños registraron casos de abuso a la autoridad.
Según el testimonio de Francisco Bernate al medio televisivo, quien es el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, en este delito concurren circunstancias de agravación que podrían extender las penas entre 8 y 30 años de prisión.
¿En qué va la cadena perpetua para violadores?
El presidente Iván Duque, por medio del ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, se encuentra impulsando un proyecto de ley con el que busca reglamentar la cadena perpetua revisable para quienes atenten contra los niños, niñas y adolescentes.
“Una vez se inicie el periodo legislativo, presentaré ante el Congreso la República el proyecto que reglamenta la prisión perpetua revisable que fue aprobada mediante acto legislativo y junio del año pasado”, expresó Ruiz el pasado 18 de enero.
“Es indignante que solo han transcurrido dos semanas de 2021 y ya se presentaron seis casos de abusos y asesinatos de menores de edad. Estos actos execrables contra los niños y adolescentes no se pueden tolerar, no podemos permitir que se atente contra nuestros niños, son atentados directos al futuro de Colombia y la salud mental de la sociedad”, enfatizó el ministro.
Sin embargo, algunos expertos y legisladores consideran este proyecto “populismo punitivo” y que no traerá un buen resultado para el sistema judicial y carcelario del país.
Semana conoció que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en cabeza de Bernate, envió un concepto de 14 páginas a la Corte Constitucional en el que piden declarar inexequible la ley que permite la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y jóvenes. Entre los principales argumentos está que la ley tiene vicios de forma y fondo y que viola el derecho primordial a la vida digna, además de considerarla populista.
Para el Colegio, la cadena perpetua cosifica, instrumentaliza y despersonaliza al ser humano, lo cual no se puede permitir ni siquiera por un beneficio común, ya que va en contra de la Constitución y del derecho a la vida que, aunque no se trate de quitarsela a alguien, se vulnera el concepto de una existencia digna, afirmó el colectivo a Semana.
También agregó que el Estado no puede olvidar que la Carta Magna habla de resocializar a los infractores, por lo que imponer una cadena perpetua violaría a toda vez este punto y “haría de Colombia un Estado cobarde que confiesa que es incapaz de asumir los compromisos adquiridos en su propia fundación”.
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